Como posesionarios, 39 familias buscan que el Gobierno del Estado les otorgue una casa como indemnización por haber perdido su hogar en el año 2018, cuando se registró el derrumbe de la colonia Lomas del Rubí, en el que hubo más de 140 familias afectadas
La opacidad y versiones encontradas de funcionarios de la administración que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda en Baja California, respecto a lo que acontece al interior del albergue de DIF Estatal en Tijuana, muestra la crisis de Derechos Humanos que se ha generado en los últimos diez años con los menores “rescatados” por el organismo gubernamental.
Arturo Osuna, quien labora en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) desde hace más de 30 años, aun cuando ya debería haberse jubilado, tal y como dicta la ley, denunció a ZETA que la paraestatal lo ha retenido durante tres años.
El cobro de piso se ha vuelto más frecuente en Tijuana, en especial en la Zona Este, en colonias como Maclovio Rojas, Valle de San Pedro, Ampliación Guaycura y Anexa Sánchez Taboada, donde -según información proporcionada a ZETA- las extorsiones se extienden hasta los repartidores que surten las “tienditas de la esquina”, así como a los residentes.
Usuarios de la línea de transporte Azul y Blanco en Tijuana, reportaron el incremento de la tarifa en distintas rutas, entre ellas Nido, 10 de Mayo y Villa Fontana, las cuales pasaron de costar 14 pesos a 16 de un día para otro.
La infancia institucionalizada es invisible para el Estado. Videos que muestran el interior de albergue del DIF BC develan insuficiencia presupuestal, operativa y de protocolos, y un sistema rebasado
