Pero muy desesperados están los comerciantes aledaños al crucero conocido como 5 y 10, que abarca los transitados bulevares Díaz Ordaz, Libramiento Rosas Magallón y Lázaro Cárdenas, en Tijuana. Uno de los comerciantes denunció lo que, dice, las autoridades “ya conocen y no hacen nada”: la venta de droga.
Con una mayoría de 329 votos de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados ya aprobó en lo general las modificaciones a la Ley Federal de Derechos para el ejercicio 2027.
Quien al parecer sacó ventaja a su paso como secretario general del Sindicato de Burócratas de Baja California fue Guillermo Aldrete Casarín, de quien se dice que amasó una fortuna con los ahorros de los trabajadores. Fuentes de la organización refirieron a DICHOZ Y HECHOZ que el ex líder sindical “se llevó aproximadamente 40 millones de pesos”, consistentes en “el ahorro anual de los trabajadores”, y que lo que tomó fueron los intereses.
Pero de que los dirigentes de PRI y PAN se han sentado a ver si sus líderes nacionales acceden a la alianza en Baja California, eso sí ha sucedido. Por lo menos en tres ocasiones, Lizbeth Mata, mandamás de Acción Nacional, y Álvaro Aldrete, el del Revolucionario Institucional, se han sentado con ciudadanos en un intento por definir una candidatura común.
David Martínez Ortiz, comandante de la Fiscalía General de la República (FGR) en Mexicali, provocó un tremendo caos al interior de la institución en Baja California luego de que sus agentes fueran exhibidos cobrando piso a diversos comercios de la capital bajacaliforniana.
Los últimos tres años de administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, el Gobierno de Baja California ha “regalado” alrededor de 150 millones de pesos al Centro Teletón de Televisa
Frente a “Rachel”, autoridades en Baja California incumplieron con el objetivo de “anticiparse a los riesgos meteorológicos para proteger vidas, reducir afectaciones y fortalecer capacidades de respuesta”
La realidad siempre ha estado ahí también: las estructuras del narcotráfico, el crimen organizado o bandas dedicadas al asesinato, al robo, a la extorsión, al cobro de piso, entre otros delitos, gozan de impunidad porque nadie los persigue, o porque corrompen las estructuras de las corporaciones policíacas, de prevención o investigación