El 20 de abril de 1988, el codirector de ZETA, Héctor Félix Miranda, fue asesinado. Liberados dos asesinos materiales, impunidad marca su caso con el autor intelectual libre, sin investigar
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Han pasado 36 años desde que el cofundador de Semanario ZETA, Héctor Félix Miranda, fue abatido a manos de parte del equipo de seguridad del casinero Jorge Hank Rhon, y como cada abril, ni el fuego se apaga, ni se dispersan las cenizas.
En el folio 34 de esta edición aparece, como cada semana, la página negra en la que desde la redacción se exige justicia en el asesinato del periodista, ocurrido el 20 de abril de 1988; al nombre de Xicoténcatl Leyva Mortera, entonces gobernador del Estado, se han sumado los de quienes le han sucedido, hasta llegar a Marina del Pilar Ávila Olmeda, con la solicitud de justicia y procesar al autor intelectual.
Aun cuando Jorge Hank, señalado entonces y ahora como sospechoso en la autoría intelectual, posee un partido político que es beneficiado por el partido en el poder, Morena, particularmente por la gobernadora, quien ha promovido la participación de los hijos del casinero en candidaturas en partidos de la alianza oficialista como el Verde Ecologista, la mandataria incluso ha convidado al ex reo de El Hongo a sus actos más relevantes, su toma de posesión, sus informes, y se ha fotografiado con él en momentos de celebración.
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Los acuerdos políticos son evidentes y no escapan a la consideración de otro sexenio de impunidad para quien fue jefe inmediato de los asesinos de Héctor Félix Miranda, y a quienes a su salida de prisión, después de concluir sus sentencias de 27 y 25 años de cárcel, volvió a emplear hasta la muerte.
El día de mañana se cumplen tres décadas y media de que El Gato, quien presumía de una libertad de expresión ilimitada, fue asesinado en un cobarde ataque cuando tripulaba su vehículo Ford modelo 1980.
Muy cerca de las oficinas de ZETA, cuando se trasladaba hacia esas instalaciones desde su casa, fue emboscado por lo menos por dos vehículos en los que se trasladaban los asesinos que le dispararon a quemarropa con una escopeta recortada que prácticamente le desprendió un brazo al cuerpo del periodista.
Después de matar al codirector fundador del Semanario, sus verdugos se ocultaron en el Hipódromo de Agua Caliente, donde también escondieron las armas utilizadas y los vehículos en que se trasladaron, mientras las autoridades recababan la evidencia en la escena e iniciaban una investigación que arrojó “un poco de algo”, pero que no concluyó con el procesamiento de quien se sospecha es el autor intelectual.
En un periodo de dos años, el escolta Victoriano Medina, ex agente de la Policía Judicial y José Antonio Javier Vera Palestina -jefe de seguridad de Hank Rhon- fueron señalados como los autores del crimen y procesados; mientras que un tercero, Emigdio Nevarez, mencionado pero no procesado, fue asesinado al poco tiempo.
Después de diez gobernadores y muchos más procuradores y ahora tres fiscales generales, aquellas aprehensiones fueron el único resultado que se dio por el crimen. Los matones, los autores materiales, los peones, a quienes se les dio la orden, pagaron el precio por las decisiones de otros. A cambio tuvieron la oportunidad de una vida de comodidad dentro del penal, primero en la Penitenciaría de La Mesa en Tijuana y posteriormente en el de Puente Grande, Jalisco, donde Vera Palestina pasó gran parte de su condena hasta 2015, cuando fue liberado por cumplimiento de sentencia y regresó a trabajar en la misma posición de jefe de seguridad para Jorge Hank Rhon.
En 36 años, tres partidos políticos han gobernado Baja California, nuevas generaciones de reporteros, fotógrafos, se han integrado a la redacción de ZETA, una sociedad joven ha visto el desarrollo y a veces el estancamiento del Estado, pero más allá del contexto político, social, la exigencia de justicia sigue latente, en aquella, en la intermedia y en esta generación.
Garantizar la libertad de expresión es parte fundamental, integral de la democracia en la que se vive en el país, aun cuando la falta de compromiso, la omisión e irresponsabilidad de los gobiernos no garantice la seguridad de ciudadanos y periodistas, ni establezca las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, mucho menos combata la impunidad, llevando a los asesinos de comunicadores, materiales e intelectuales, a prisión.
A 36 años de impunidad, la exigencia sigue, allende los acuerdos políticos, de hacer justicia en el crimen de Héctor Félix Miranda, El Gato.
