Narcocracia en BC permite que cárteles reemplacen acciones de gobierno, como administrar justicia, “corrigiendo conductas” con asesinatos y cobrando impuestos a través de la extorsión
Aspirantes de Morena y aliados a candidatura por gubernatura de BC el próximo año, adelantan proceso por desesperada necesidad de posicionarse; mayoría abandonó cargos a los que fueron votados
Fiscalías incompetentes y corruptas han mantenido en libertad durante 22 años, a los sicarios que asesinaron a Francisco Ortiz, editor general de ZETA, y a quienes ordenaron matarlo
A pesar que la Ley obliga al servicio público a presentar declaración patrimonial y una versión pública para consulta de la población, gobiernos bajacalifornianos están muy lejos de cumplir
El 19 de mayo del 2026, a través de redes sociales, miles de usuarios pudieron ver el video de un dron, protagonizado por policías municipales de Tijuana, quienes, en un lugar escondido atrás de una plaza comercial, mientras parecían conversar con un delincuente, pasaban paquetes de droga de un auto particular a una patrulla, al tiempo que hablaban por teléfono. Antes se había reportado la detención Jesús Horacio “N”, con 17 paquetes de droga.
Marina del Pilar Ávila Olmeda se convirtió en la tercera mandataria en intentar resolver la crisis te ISSSTECALI sin éxito, y aunque logró estabilizar sus finanzas, el boquete financiero sobrepasa las posibilidades. La “quiebra” se da porque no se resolvió de fondo
De acuerdo a estadísticas oficiales, durante los cinco años y seis meses del sexenio de Marina del Pilar Ávila Olmeda se han denunciado 6 mil 272 delitos de despojo; en el mismo período se han iniciado únicamente 28 juicios.
En la red Facebook, el 10 de mayo de 2025, la gobernadora Marina Ávila Olmeda anunció la revocación de su visa de turista para ingresar a Estados Unidos; tal información marcó el inicio de su declive político
Uno de los temas en los que la administración burgueñista no ha impulsado “un modelo de Gobierno de Puertas Abiertas, que promueve el acceso claro y oportuno a la información gubernamental”, para “fortalecer los mecanismos de vigilancia ciudadana”, es precisamente la asignación, adjudicación, concurso del contrato para la compra de cámaras corporales de los policías de Tijuana.
El furor por cumplir con la determinación presidencial de ejecutar una reforma judicial se diseminó con la selección de jueces y magistrados. En Baja California se les olvidó reglamentar el nuevo orden judicial
