Dos episodios han marcado la marginal actividad de la Fiscalía General de la República (FGR) en Baja California, cuyos elementos, lejos de participar en el combate a la inseguridad, la agravan
Cuando una persona intenta conocer el nombre, sueldo y cargo de un elemento que forme parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de cualquier área y rubro a lo largo del país, su información aparece como “reservada”. Desde intendentes hasta policías investigadores, administrativos o ministerios públicos, los nombres y datos están protegidos bajo el argumento de que se necesita resguardar la información por motivos de seguridad y sigilo de sus funciones.
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Así, un numeroso grupo de funcionarios de una de las áreas más opacas y denunciadas por en el país, se protege con la tesis de que al conocerse sus datos los pondría en riesgo.
Pero este manto protector originado por sus funciones, ha sido aprovechado a lo largo de los años por policías y ministerios públicos, guardianes de almacén y demás trabajadores de la FGR para ocultar la posesión de bienes y propiedades, para corromperse y hasta cometer activamente delitos.
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Sólo en las últimas dos semanas, este Semanario ha documentado dos incidentes protagonizados directamente por agentes de la FGR, en los que ciudadanos, sin órdenes de aprehensión vigentes, los acusan de secuestro exprés, robo agravado, extorsión y actividades diversas.
El primero de ellos es el agente y excomandante de la FGR de Tijuana, José Emmanuel Ibarra Reyes, el cual fue detenido por las mismas autoridades federales a través del área de asuntos internos, quienes lo acusan de –presuntamente– privar de la libertad a unas personas, robarles una fuerte suma de dinero, golpearlos, y finalmente abandonarlos a su suerte en la vía pública.
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Este episodio ocurrió, según el boletín de prensa emitido por la FGR días después de que ZETA lo publicara, en el año 2022 y donde otro agente federal fue aprehendido por su complicidad en el crimen.
Tras una audiencia que se extendió por más de 10 horas, el 17 de octubre de 2026, Ibarra quedó vinculado a proceso.
Adicionalmente, el 4 de octubre, Joel, un comerciante de Mexicali que atiende un bazar con su familia, fue intervenido por agentes federales quienes le exigían una fuerte suma de dinero a cambio de permitirle trabajar. Ni siquiera realizaron alguna inspección en busca de alguna irregularidad. Cuando él mostró la documentación que lo facultaba para operar, los federales sólo se negaron a aceptar que era válida; a pesar de contar con todos los permisos aduanales, los elementos de la FGR le exigieron 10 mil dólares y mensualidades futuras por permitirle continuar con su negocio, dedicado a la venta de productos comprados en Estados Unidos.
En ese contexto, llanteras y lugares de venta de ropa se unieron en este mes de octubre a las denuncias públicas en contra de varios agentes, entre ellos Sergio Carreras, apodado el Cuadros, por –presuntamente– intimidar a los negocios a cambio de dinero.
La respuesta de la FGR a nivel federal fue importante, dado que el caso fue tomado inmediatamente por las oficinas en Ciudad de México, con el objetivo de revisar el grado de participación de los policías federales en un caso de extorsión.
A lo largo de estos años, el sigilo de los agentes de la FGR ha sido exclusivamente para tapar el rostro de criminales con charola que se dedican –como ya ha sido documentado– a robar droga, a cobrar piso a comerciantes y a otro tipo de actividades que poco tienen que ver con sus funciones.
La fiscalía es uno de los últimos rincones donde la transparencia no ha llegado y donde una mujer dedicada a la política convertida en fiscal general, como lo es Ernestina Godoy, ha priorizado la agenda presidencial por encima de la procuración de justicia.
Entendiendo que los principales objetivos y generadores de violencia de Baja California no cuentan con mandamientos judiciales para ser procesados en México, y que las actividades ilícitas que forman parte de las responsabilidades de la Fiscal Federal, continúan operando impunemente, salvo cuando se trata de una agenda política en torno al combate del huachicol, no es descabellado cuestionarnos cuál es la función o utilidad que tiene la FGR en la entidad.
Al final, la mafia de la FGR es la menos cuestionada e investigada, a pesar de ser la más importante en la cadena de investigaciones para aprehender a quienes generan los crímenes de alto impacto, lavan su dinero y fortalecen las estructuras de los cárteles. En cambio, la institución sólo está brillando por delinquir.
