Era el 9 de abril de 2025 cuando un equipo especial de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California realizaba un operativo. Encabezados por la jefa de Enlace Internacional, la agente Abigail Esparza Reyes, se dirigieron al fraccionamiento Barcelona en una zona de la periferia de Tijuana. No iban solos.
Los agentes mexicanos iban acompañados de policías de corporaciones de los Estados Unidos pues estaban justo en esa región de la ciudad para detener a César Moisés Hernández, un prófugo norteamericano que había escapado de la justicia en su país y sobre el cual había una ficha de búsqueda en la que participaban las agencias HSI, Agencia de Seguridad Doméstica, el FBI, Buró de Investigación y los US Marshals.
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Hernández había escapado no muy lejos de la frontera mexicana, cuando era trasladado para una audiencia, y en su huida logró llegar hasta Tijuana, donde se escondió por unos días. Con información de Inteligencia de las corporaciones norteamericanas, lo ubicaron en la ciudad más transitada del mundo, y, cosa casual, dada la cercanía de las policías de ambos lados de la frontera, sin mediar diplomacia o política central, los bajacalifornianos realizaron el operativo de captura junto a los californianos. En videos que en su momento circularon en redes sociales se observa la presencia en el operativo de agentes estadounidenses. Pero algo salió mal. César Moisés Hernández repelió la acción oficial para su captura, y armado con un rifle, disparó para escapar una vez más; sus balas atinaron la humanidad de la agente Abigail Esparza Reyes. Le atinó al cuello en lo que sería un disparo fatal. La comandante murió ese mismo día más tarde en el hospital.
Y a pesar de las decenas de agentes mexicanos, los acompañantes norteamericanos, el uso de herramientas de alta tecnología, el asesino, ahora de la agente bajacaliforniana, logró escapar. Fue capturado días después, pero el daño ya estaba hecho. Ni al Gobierno de Baja California ni a ninguno de sus representantes se les ha investigado o procesado, especialmente a aquellos que tuvieron en su decisión la presencia de la comandante Esparza ese día para, en una colaboración extraoficial con agentes de los Estados Unidos, detener a un prófugo de aquel país, lo que al final le costaría la vida.
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Aun sucedido hace poco más de tres años, bajo la nueva óptica del gobierno central y la política morenista, el caso implicaría el delito de traición a la patria.
Hace unos días, bajo ese cargo, fue aprehendido por la FGR el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, y puesto en custodia federal. Su detención, dijo la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, se debe a los hechos atribuidos a quien habría ordenado y coordinado un operativo en abril de 2026 en el Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.
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Ese día, un 19 de abril –y se conocerían los hechos solo porque hubo fallecidos–, los agentes de investigación estatal, acompañados por elementos de la CIA, habían descubierto un mega laboratorio del narco en una zona serrana del estado; después del reconocimiento del sitio del delito, se desplazaron de nueva cuenta a la ciudad, cuando en uno de los vehículos participantes del operativo, quien conducía, perdió el control y la unidad terminó desbarrancada e incendiada. Una imagen da cuenta de que sólo cenizas quedaron de la camioneta. La ocupaban cuatro personas, dos agentes mexicanos, y dos de los cuatro de la CIA.
Ahora se sabe, los fallecidos norteamericanos eran Richard Leiter Johnson III y John Duddley Black, agentes formados en las fuerzas armadas de los Estados Unidos, el Ejército y la Marina, quienes, de acuerdo a la investigación federal, no sería la primera ocasión que se encontraban realizando o cooperando con las autoridades de Chihuahua, de la Agencia Estatal de Investigación, en temas relacionados con el combate al narcotráfico.
El caso se volvió sumamente mediático cuando intervino la política en una historia de crimen: la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, es emanada del Partido Acción Nacional; la Presidencia de la República, desde donde se dicta la política pública en materia de seguridad, es, junto al resto de los poderes, de dominancia morenista. Prácticamente, de forma inmediata, la acusación pública sobre los hechos de El Pinal le fueron acreditados a la gobernadora Campos, acusándola precisamente de traición a la patria. El tema llegó al Poder Legislativo, a las dirigencias de los partidos y fue auspiciado por la presidencia nacional. Pero justo cuando más álgida estaba la campaña de señalamientos contra la panista, otra gobernadora fue puesta en duda sobre su participación con agencias de los Estados Unidos, con la salvedad de que ella era de extracción morenista: precisamente la de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
En unos audios dados a conocer en primera instancia por el periodista Héctor de Mauleón, se fue armando una trama orquestada en el centro del Gobierno de Baja California para que Marina del Pilar recuperara su visa de turista para entrar a los Estados Unidos, la misma que se le revocó en mayo de 2025, por –ahora se sabe también– las sospechas que los Estados Unidos investigaban a su entonces esposo, Carlos Torres Torres, por colaborar con el Cártel de Sinaloa, señalamientos con los cuales en septiembre de 2026, la OFAC del Departamento del Tesoro Norteamericano, incluyó al ahora exmarido de la gobernadora, a su hermano Luis, y a varios empresarios, en una lista de sanciones precisamente por colaborar con el Cártel de Sinaloa.
En los audios hechos públicos, la gobernadora morenista ofrecía a un interlocutor acompañado de un agente de una corporación norteamericana, colaborar con ellos, entregando información de lo que quisieran, pero que ella únicamente conocía –y así lo aclaró– por su participación en las Mesas de Seguridad. Momentáneamente, la discusión dio pie a la comparación: ¿Quién cometía traición a la patria? ¿La gobernadora panista en cuyo estado se realizó un operativo para combatir a los cárteles con acompañamiento de los norteamericanos? ¿O la gobernadora morenista que estaba ofreciendo proporcionar información a agencias norteamericanas a cambio de una absolución para el regreso de su visa? El debate, como todos los que abordan la politización del tema de seguridad, resultó en vano, sin embargo, bajó el nivel de crítica hacia la mandataria de Chihuahua, y la de Baja California se mantuvo en el cargo como hasta la fecha.
Hoy día, César Jáuregui, a los ojos de la justicia mexicana, habría permitido a extranjeros intervenir, sin autorización –es decir, sin aval del gobierno central–, en territorio nacional y en acciones que sólo son facultad de las fuerzas federales (dígase el aseguramiento de un laboratorio clandestino), y por ello es acusado de traición a la patria. Sin embargo, quien ordenó, aceptó y sin autorización federal dio luz verde al operativo para la captura de un prófugo de los Estados Unidos, donde fue asesinada una agente mexicana y participaron norteamericanos en suelo tijuanense, sigue en la impunidad. Sólo porque en Chihuahua gobierna el PAN, y en Baja California, Morena. Y porque hay de traiciones a traiciones.
