La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió, el 22 de octubre de 2026, la acusación federal de traición a la patria contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, y dejó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) la decisión de proceder o no contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, señalada en una denuncia por presuntamente conocer operaciones de agencias estadounidenses en esa entidad.
Durante la conferencia matutina celebrada en la Ciudad de México, la mandataria nacional rechazó que la acción penal contra el exfuncionario responda al desmantelamiento de un narcolaboratorio, como han sostenido quienes lo defienden. “Obviamente no, ni lo desmanteló él para empezar”, respondió al cuestionamiento respecto a si la acusación obedecía al combate al narcotráfico.
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Sheinbaum Pardo sostuvo que el señalamiento se centra en la participación de agentes extranjeros en operaciones realizadas en territorio mexicano sin aviso a las autoridades federales. “No, el problema es la entrada de agentes extranjeros, hacer operaciones sin avisar, ni siquiera a la Secretaría de Relaciones Exteriores y cumplir con la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó.
La acusación federal contra Jáuregui deriva de un operativo realizado en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en el que participaron agentes estadounidenses. La titular del Poder Ejecutivo Federal había calificado de irresponsable la actuación del exfiscal por permitir la intervención de personal extranjero en actividades de seguridad en esa entidad.
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La presidenta de la República también rechazó que el procedimiento contra el exfiscal responda a una supuesta protección de su Administración a grupos delictivos. “Nosotros no establecemos bajo ningún motivo relaciones perversas con ningún grupo criminal o con delincuentes de cuello blanco”, expresó.
Respecto a Campos, la mandataria nacional fue cuestionada por una denuncia presentada el 27 de mayo del mismo año por Robert Halliday, padre del militar estadounidense Richard Halliday, en la que se atribuye a la gobernadora conocimiento previo de las actividades de agencias de Estados Unidos en Chihuahua, antes de la muerte de agentes estadounidenses vinculados con el caso.
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“Ya quien está encargado de hacer esas investigaciones y solicitar al juez órdenes, pues la FGR y pues ya la Fiscalía evaluará esta última denuncia que se hizo”, respondió Sheinbaum Pardo.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) negó, el 21 de octubre de 2026, que Richard Halliday haya participado en el operativo de El Pinal o que tenga relación con ese caso. Según un comunicado de la FGE, Robert Benjamin Halliday compareció ante el Ministerio Público en Ciudad Juárez el 2 de octubre de 2020 para reportar la ausencia de su hijo, quien pertenecía al Ejército de Estados Unidos y estaba adscrito a la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas, y cuya desaparición ubicó a partir del 23 de julio de ese mismo año.
La dependencia estatal cerró la investigación el 11 de abril de 2023, con base en un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD, por sus siglas en inglés) según el cual Richard Halliday cruzó la frontera hacia Ciudad Juárez el 28 de marzo de 2020, a bordo de un vehículo Toyota Camry, y regresó a El Paso, Texas, pocos minutos después. El mismo informe señala que después de esa fecha no existe registro de nuevos ingresos suyos a Ciudad Juárez.
La FGE señaló que, según información pública, el Ejército de Estados Unidos informó a la familia Halliday, el 24 de abril de 2024, el cambio de estatus del soldado de desaparecido a fallecido, y determinó que su muerte ocurrió el 23 de julio de 2020, el día en que fue visto por última vez en Fort Bliss. El comunicado del Ejército estadounidense no precisó el modo ni la causa de la muerte ni indicó que se hubieran recuperado sus restos.
La FGE agregó que nada en su expediente ubica a Richard Halliday en Chihuahua en 2025 ni lo relaciona con el operativo de El Pinal, y que tampoco consta que tuviera la calidad de agente de alguna corporación o agencia. La dependencia precisó que se limita a los hechos que constan en sus registros y que cualquier denuncia presentada ante la FGR corresponde a esa instancia.
