El 22 de octubre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó elevar a rango constitucional la prohibición de privatizar la operación de los servicios de agua potable, con el fin de garantizar que permanezcan en manos públicas. Lo hizo durante su conferencia matutina, en la Ciudad de México, al ser cuestionada respecto a las concesiones de esos servicios a empresas privadas, incluidas compañías extranjeras, y a la posibilidad de que el Gobierno Federal revise esos contratos.
La mandataria nacional distinguió entre la concesión del agua, que corresponde a los municipios y a los estados, y la operación del servicio. “Tendríamos que elevar a rango constitucional que no se permitiera esta privatización. Lo que hicimos fue cambiar la Ley Nacional del Agua o de Aguas para evitar el acaparamiento del agua y en eso pues vamos muy, muy avanzados. Y evitar la mercantilización de los derechos de agua, que también ha dado muchísimos resultados”, explicó.
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Sheinbaum Pardo señaló que las concesiones de operación vigentes son escasas y que se otorgaron durante el periodo al que llamó neoliberal. “No son tantas, son muy pocas las que existen en el País y fue en el periodo neoliberal con la idea esta de que lo privado iba a resolver problemas de los organismos operadores del agua. Ha ido avanzando más bien la idea de que lo público es mejor, incluso se ha desprivatizado en algunos lugares. Y pienso yo que en ese caso hay que garantizar lo público”, afirmó la titular del Poder Ejecutivo Federal.
El planteamiento se produjo después de la controversia por el proyecto del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, impulsado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, mediante un esquema de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) con participación privada.
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El 12 de octubre del mismo año, la presidenta de la República cuestionó ese modelo por considerar que podría implicar la privatización de la operación del servicio y propuso revisar con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) las alternativas técnicas y financieras para atender los problemas de contaminación del suministro en Guadalajara, Jalisco. “Nosotros lo que no estamos de acuerdo es apoyar la privatización -de ningún- del servicio del agua y que, en todo caso, técnicamente resolvamos conjuntamente, con recursos comunes, el problema de la contaminación del agua en Jalisco, que es un problema y hay que atenderlo”, declaró entonces.
Un día antes del planteamiento constitucional, Sheinbaum Pardo y Lemus Navarro anunciaron un acuerdo para financiar con recursos federales y estatales las obras destinadas a atender la crisis de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, sin recurrir al endeudamiento ni a la privatización del servicio. La Federación aportará entre 12 mil y 13 mil millones de pesos para el acueducto sustituto de Chapala y obras complementarias de la presa El Zapotillo, mientras que el Gobierno estatal prevé invertir entre 10 mil y 12 mil millones de pesos en infraestructura de saneamiento y potabilización.
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Lemus Navarro confirmó el acuerdo y aseguró que las obras se realizarán sin privatizar los servicios ni contratar deuda, luego de que su propuesta inicial de financiamiento mediante el esquema CMRO generó diferencias con el Gobierno Federal.
La iniciativa original de financiamiento privado permanece en el Congreso de Jalisco, mientras ambos gobiernos avanzan en la definición técnica y presupuestal de los proyectos con la CONAGUA.
