El Consejo de Administración, a cargo del magistrado Alejandro Fragozo López, pretende amordazar y restringir la intervención pública de los funcionarios jurisdiccionales de Baja California
La cohesión dentro del Tribunal Superior de Justicia de Baja California (TSJE) estaba sostenida con alfileres. Los egos y el interés por mantener el control político dentro del máximo tribunal de la entidad, está acentuando conflictos originados desde la “transformación” del Poder Judicial, como consecuencia de la reforma emprendida por Morena, como agenda de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
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Convertido el Poder Judicial en un botín, los frentes políticos dentro del órgano dirigido por 17 magistrados se agrupan y tratan de mantener su coto de poder, mediante negociaciones internas y con otros poderes, con el objetivo de perpetuarse o de ampliar terreno de influencia.
En días pasados, durante el último “pre Pleno”, los integrantes del TSJE rompieron la civilidad política y se enfrascaron en una discusión intensa y abierta que dibujó claramente la división de los grupos políticos internos, donde se ubican los afines al presidente Alejandro Isaac Fragozo López y los disidentes que provienen de la elección judicial.
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Aunque la paz era una simulación o un intento por mantener la civilidad, en días pasados esto se rompió por una mala medición del magistrado Fragozo López y de dos de sus más afines compañeros: Columba Imelda Amador Guillén y Nelson Kim Salas, quienes también forman parte del Consejo de Administración.
Y es que, durante la primera sesión del Consejo de Administración, en el mes de septiembre, se emitió una circular con el número 01/2026 (lo que hace cuestionar su trabajo dado que fue la primera circular en todo el año), donde se presentó una restricción para que ningún funcionario jurisdiccional pueda acudir a ninguna charla, conferencia o impartición de algún curso o cualquier presentación pública para hablar de sus funciones, a menos que el Consejo de Administración lo autorice.
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Por primera vez en la historia del tribunal, magistrados, jueces y secretarios se verían impedidos en impartir cualquier plática de manera libre, a no ser que se diera previo aviso al Consejo, el cual valoraría la presentación.
La medida avalada por todo el Consejo de Administración, donde también reluce el nombre del ex diputado suplente de Juan Manuel Molina, Francisco Javier Tenorio Andujar, como integrante del Consejo, pretende abiertamente ejercer una censura hacia los integrantes del Poder Judicial, quienes, al menos al referirse a jueces y magistrados, son titulares de sus juzgados y salas, por lo que no tienen una subordinación directa al Magistrado presidente ni al propio Consejo.
“Por este medio se les instruye que todas las personas servidoras públicas de este Poder Judicial que sean invitadas por colegios de abogados, instituciones académicas, asociaciones profesionales u otros organismos públicos y privados a impartir cursos, conferencias, charlas, capacitaciones o ponencias, deberán solicitar autorización previa y por escrito al Pleno del Consejo de Administración”, refiere el texto, el cual agrega que:
“La solicitud formal deberá presentarse antes de acudir o confirmar la asistencia al evento correspondiente. Asimismo, se les solicita abstenerse de asumir compromisos de participación institucional sin contar con el aval y la autorización expresa del Pleno”.
La medida generó gran conflicto dentro del TSJE, pero también de los colegios de abogados e instituciones educativas, sobre todo porque gran parte de sus actividades recaen en el acercamiento profesional con los impartidores de justicia. Esto sin mencionar que la decisión del Consejo dirigido por el magistrado Fragozo López, “rompe” por completo con el espíritu de la reforma judicial, cuya base narrativa es que magistrados y jueces salgan de sus oficinas para acercarlos a la comunidad, y no sólo la jurídica.
El intento de control del magistrado Fragozo se originó en el argumento de que muchos jueces y magistrados descuidaban sus funciones por acudir a atender invitaciones académicas y sociales. Sin embargo, no existen denuncias de este tipo ni evidencia de incumplimiento de metas por este motivo.
La “movida” del magistrado causó tal conflicto que, por primera vez, Fragozo López perdió el control de su tribunal, y aunque siga siendo el hombre de poder, cada evento de este tipo es un desgaste para su Presidencia.
