La última ocasión que tuvimos oportunidad en ZETA de platicar con el general Laureano Carrillo, secretario de Seguridad de Baja California, en abril de 2026, una de las preguntas fue sobre su proveedor principal, Marco Antonio Moreno Gómez Santelices. Como puede suponer usted, lector (y si no, le informo), los contratos, convenios o concesiones en materia de seguridad, el gobierno suele mantenerlos en la opacidad; pero frente a frente esperábamos una respuesta del general Carrillo. No la proporcionó.
El militar a cargo de la seguridad civil en el Estado justificó que él no estaba al tanto de quién o quiénes eran los proveedores de la Secretaría de Seguridad; que había un comité de compras y el Gobierno del Estado se encargaba directamente de eso; que él y su equipo lo único que hacían era plantear sus necesidades, armas, equipo táctico, equipo tecnológico, unidades y demás, para que estas fueran satisfechas por ese comité de compras. Prácticamente que él no tenía relación con el proveedor y no sabía quién era.
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La pregunta venía al caso porque unos meses antes, en septiembre de 2025, la Oficina para Activos en el Extranjero, la OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, había señalado —y sancionado— a un empresario, Jesús González Lomelí, al incluirlo en una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. González Lomelí estaba relacionado, además, por empresas y asociaciones, con otros personajes de interés, como los gemelos Vera Ayala, quienes sirven —uno prófugo, por cierto— a Jorge Hank Rhon, a Marco Moreno Gómez Santelices, y estos a su vez a Fernando Salgado Chávez, el líder del Grupo La Familia.
Aun conociendo las sospechas sobre su proveedor, el general Carrillo recurrió al desconocimiento para deslindarse de quien es señalado ahora por la OFAC, como parte de una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. En información emitida el 29 de septiembre por el Departamento de Estado, detallaron los norteamericanos:
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“El 18 de septiembre de 2025, la OFAC designó a Jesús González Lomelí (González), un lavador de dinero de alto rango del Cártel de Sinaloa y colaborador de ‘La Rana’. Marco Antonio Moreno Gómez Santelices (Moreno) y Carlos Villela Gómez Santelices (Villela) son colaboradores de González radicados en Tijuana; ambos poseen una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que también lavan dinero para el Cártel de Sinaloa y para ‘La Rana’. Otros colaboradores de González designados hoy incluyen a Jerónimo Javier Vera Ayala (Jerónimo Vera) y Jorge Mario Vera Ayala (Jorge Vera). Jerónimo Vera es socio comercial de González y participa en el tráfico de drogas y el lavado de dinero a través de sus negocios conjuntos. Jorge Vera colabora con múltiples cárteles en el tráfico de narcóticos; es una figura central y un enlace para todas las actividades de los cárteles en Tijuana. Asimismo, se sabe que Jorge Vera ha lavado dinero para el Cártel de Sinaloa”.
Por supuesto que, en abril de 2026, el general Carrillo tenía esa información, dada su cercanía y coordinación, en calidad de secretario de Seguridad, con las agencias de los Estados Unidos que hoy acusan a la red de empresarios bajacalifornianos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa.
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Aunque de manera tardía, el general no fue el único que se deslindó del grupo de empresarios, a pesar que hicieron negocios con ellos. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y sus secretarios, particularmente los que han encabezado la de Turismo, han contratados en sobradas ocasiones a las empresas de Marco Moreno Gómez Santelices para la organización de actos y eventos; el actual titular en la materia, de hecho, tiene doble liga con los señalados lavadólares: Miguel Ángel Badiola, aparte de ser colaborador de la mandataria estatal, lo fue muy cercano a Carlos Torres Torres cuando éste aún era parte del gobierno estatal y estaba casado con la gobernadora; y antes de ser nombrado en Turismo, fue —y es— el publirrelacionista de Jorge Hank Rhon, padrino de los gemelos Vera Ayala.
Además del Gobierno del Estado, Moreno Santelices también es proveedor de la Fiscalía General del Estado de Baja California, donde despacha quien fuera directora de seguridad de Marina del Pilar cuando ésta encabezó el Ayuntamiento de Mexicali, Elena Andrade, quien continuó los negocios con los señalados en la red del Cártel de Sinaloa, como proveedores de la FGE y hasta en materia administrativa de la institución.
La misma gobernadora sabía, seguramente desde antes de septiembre de 2025, que sobre el grupo de empresarios señalado por la OFAC pesaban tales sospechas, pero eso no le impidió, ni a su gobierno, ni al secretario de Seguridad, ni al de Turismo, ni a la fiscal, continuar haciendo negocios con ellos. Fue unos meses antes de aquel septiembre cuando se supo que la casa que le adjudicaban a Ávila Olmeda en San Diego (por cierto, información también confirmada con autoridades de los Estados Unidos) estaba a nombre del líder del Grupo La Familia, Fernando Salgado, en cuya corporación aparecía también la esposa de quien fuera el primer fiscal de la gobernadora, Ricardo Carpio.
Por eso el deslinde que hizo el 30 de septiembre de 2026 llegó algo tardío. En un boletín del Gobierno del Estado informaron que “la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda instruyó a la Oficialía Mayor del Estado a verificar si las empresas recientemente señaladas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantuvieron relación contractual con el Gobierno de Baja California, y remitir de manera inmediata los expedientes correspondientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que actúe conforme a la ley”.
Además, “como una disposición preventiva e inmediata del Poder Ejecutivo, la gobernadora determinó que, de aquí en adelante, cualquier persona física o moral señalada por autoridades nacionales o extranjeras por sospecha de actividades criminales no podrá participar como proveedora del Gobierno del Estado, en tanto no aclare y resuelva formalmente su situación jurídica ante las instancias correspondientes”.
Esta última determinación incluye, pues, a todos los señalados por la OFAC, el Departamento del Tesoro y otras agencias norteamericanas, y pues también incluye al exesposo de la gobernadora y a su excuñado, Carlos y Luis Torres Torres, quienes también fueron incluidos en una red de narcocorrupción por la OFAC, desde donde refirieron textualmente: “En el centro de esta trama de narcocorrupción se encuentran el exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Alberto Torres Torres (Carlos Torres), y su hermano, Luis Alfonso Torres Torres (Luis Torres). Carlos Torres es un operador político vinculado a los cárteles que mantiene una alianza con ‘El Ruso’. Torres utiliza su influencia política para facilitar las actividades delictivas y proteger al Cártel de Sinaloa frente a la intervención de las autoridades gubernamentales y policiales en Baja California. El Departamento de Estado de los EE. UU. revocó la visa estadounidense de Carlos Torres en mayo de 2025 debido a sus vínculos con el crimen organizado y a sus actividades en favor del Cártel de Sinaloa”.
El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, aún no se ha deslindado del grupo de empresarios hoy señalados de lavar dólares para el Cártel de Sinaloa, ni de Fernando Salgado, el líder de La Familia, y a quienes también ha otorgado toda suerte de concesiones, como la organización de la Feria de Tijuana, entre otras. De quien sí se deslindó fue de Carlos Torres Torres, a quien reconoció en el pasado y le dio trabajo en el Ayuntamiento de Tijuana.
Ahora sí que los deslindes empiezan, y es de suponerse que aún no terminan. Como reza el refrán mexicano: Dime con quién andas, y te diré quién eres, o la OFAC emitirá más sanciones.
