El artículo 353 del Código Penal Federal mexicano ordena penas de tres meses a cinco años de prisión (de uno a seis años a los autores intelectuales), para quien ocupe un inmueble ajeno sin autorización, pero en Baja California en particular, y en México en general, promover invasiones y regularizarlas ha sido un lucrativo botín para pseudo representantes sociales, convertidos en políticos o representantes del pueblo.
Hoy, este oportunismo político se convierte en irresponsabilidad homicida, frente al “Súper Niño”, un fenómeno climático que se pronostica de intensidad históricamente destructiva, por el calor extremo y los abundantes ciclones o tormentas.
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Las primeras alertas públicas del fenómeno, las recibieron las autoridades desde el pasado mes de abril, y el que no hayan hecho absolutamente todo lo necesario y obligado por la Ley para proteger la vida de los cientos de familias que viven en zonas de alto riesgo, principalmente en asentamientos irregulares, o regularizados sin reunir los requisitos de Ley… Eso los convierte directamente en responsables.
Pero la escasez de vivienda de bajo costo en la entidad, y la urgente necesidad de reubicación de los residentes en terrenos vulnerables, son problemáticas que los morenistas habían decidido ignorar.
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Ciertamente, las invasiones no son un problema nuevo, pero quienes llegaron a los gobiernos de Baja California en 2019, y están cobrando un sueldo del erario, no pueden seguir evadiendo sus obligaciones, culpando a la corrupción de sus antecesores, porque en ocho años no han hecho nada, porque no les ha interesado.
Por un lado, hay gente como Catalino Zavala Márquez, actual vocero de Morena en Baja California, registrado como aspirante a la alcaldía de Tijuana (Coordinación Municipal de Morena en Tijuana) para el proceso electoral de 2027, quien entre los años ochenta y noventa se dedicó a encabezar grupos de personas que invadían grandes extensiones de terrenos (con un Movimiento por el Derecho al Suelo y la Vivienda) y fundó colonias irregulares en áreas de alto riesgo en Tijuana, como el Tecolote, 3 de Octubre, Sánchez Taboada, Terrazas del Valle; todas zonas de tragedias, derrumbes y deslizamientos. Pero terminó convertido en regidor, muchas veces diputados de múltiples partidos, y en secretario. De 1989 al 2021, enquistado en los gobiernos, cobrando del erario.
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También están los funcionarios que no cumplen su trabajo, como los empleados y directores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), responsable de administrar las áreas en cauces de arroyos, vasos de presas, e inmediaciones de playas, que toleran todo y no administran nada: las direcciones de Protección Civil Estatal y Municipal, creadas para prevenir y responder ante emergencias en las mencionadas zonas y en las faldas de cerros, que no previenen; los gobiernos municipales, encargados del control del ordenamiento territorial, no controlan no ordenan; y las fiscalías, facultadas para investigar y promover las sanciones contra invasores, que tampoco lo hacen.
En ese mismo lado oscuro de la Ley, viven los políticos, en los gobiernos federales, estatales y municipales, de todos los partidos sin excepción, que, a sabiendas de que juegan con la vida y el futuro de los invasores, los regularizan. Argumentando limitaciones jurídicas, o razones humanitarias y de justicia social, para justificar su clientelismo electoral. Regularizan los predios para ganar votos y no afectar su imagen con manifestaciones.
En esta categoría también están las entidades oficiales, que permiten la construcción de casas en terrenos legítimamente adquiridos, pero en zonas de alto riesgo que no deben estar habitadas, como El Salitral, una de las áreas más vulnerables en Ensenada, donde 27 casas fueron inundadas por marea alta el 25 de octubre, como ha sucedido numerosas veces cada año por más de una década, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto.
Se inundó como el poblado de Maneadero, en el que 10 personas murieron tras el paso de la tormenta “Rachel” el 10 de octubre. Los predios en esta delegación, tiene propietarios legítimos, pero un alto porcentaje del terreno está ocupado por asentamientos irregulares que han proliferado los últimos 20 años.
La noche del 10 de octubre, todo lo que estaba en los cauces de los arroyos Oaxaca y El Pípila de la delegación, fue arrasado. Pero cínicos y en total impunidad, el 26 de octubre, oportunistas ya habían instalado una lona con la leyenda: “Venta de terrenos en abonos, enganche desde 3,000 pesos”, y un número telefónico cerca de una casa de madera en obra negra. Mientras, las autoridades que aseguraban seguían patrullando la zona no actuaron hasta que el hecho se publicó en la prensa.
Historia similar y también extensa, la impunidad en la invasión del cauce del Río Tecate, ocupado por más de 200 viviendas irregulares y 500 personas, a lo largo de 12 kilómetros, en fechas recientes, durante más de 15 años, una zona que concentra un alto porcentaje de la actividad delictiva del municipio, afectando a más de10 colonias regulares o regularizadas.
Todo indica que no tiene planeado hacer nada hasta que tengan la tragedia encima, como sucedió en el múltiples veces invadido —desde 1955 a la fecha— cauce del Río Tijuana. Y conste que no se trata de que la Presidenta Claudia Sheinbaum ordene la apertura de la presa cuando esté a tope de agua, y ahogue a los invasores, como lo hizo el expresidente José López Portillo en 1978, para urbanizar la zona del río.
Pero tampoco se vale ser tan evidentemente corrupto, como cuando solaparon la llegada de 60 familias invasoras que en 2020 se instalaron en la canalización del Río Tijuana, con Morena encabezando los tres órdenes de gobierno, para, finalmente, el 16 de octubre del 2026, ante el peligro de la tormenta “Rachel”, fueran desalojados por la fuerza y sus viviendas demolidas el 20 de octubre por instrucciones de Conagua, siendo éste el único espacio de riesgo recuperado los por gobiernos locales, y los únicos ciudadanos puestos a salvo, aunque sin ofrecerles un alternativa, porque la estrategia para proveer a sus votantes de vivienda económica sigue sin ser contemplada responsablemente en sus planes.
Pero un desalojo es muy poco cuando el mapeo de Tijuana contempla 54 zonas de deslizamientos (15 muy activas) y más de tres mil viviendas etiquetadas de alto y mediano riesgo, por toda la ciudad.
Los tres órdenes de gobierno tienen responsabilidad moral, ética y jurídica, la obligación de prevenir e impedir tragedias, de perseguir y sancionar liderazgos invasores en lugar de premiarlos. Con los pronósticos actuales, el prometido reordenamiento urbano y la reubicación de familias en invasiones —regularizadas o no— es urgente; les toca presentar su estrategia de solución, para no convertirse en responsables de decenas o cientos de muertes.
