El artículo 353 del Código Penal Federal mexicano ordena penas de tres meses a cinco años de prisión (de uno a seis años a los autores intelectuales), para quien ocupe un inmueble ajeno sin autorización, pero en Baja California en particular, y en México en general, promover invasiones y regularizarlas ha sido un lucrativo botín para pseudo representantes sociales, convertidos en políticos o representantes del pueblo.
El último registro del INDIVI estimó 250 asentamientos irregulares; la institución trabaja en la actualización del padrón. La CESPT tiene alrededor de 272 tomas comunales en invasiones que abastecen de agua potable a 17 mil 600 familias en Tijuana y Rosarito
Ayuntamiento se dice imposibilitado de actuar sin una denuncia; Gobierno del Estado advierte “cero tolerancia”; regresa incertidumbre que dejó una crisis de asentamientos en zonas de riesgo, aún sin resolver
