En la Fiscalía General del Estado existe una denuncia penal por despojo de un predio en el Parque Industrial La Joya, de la delegación Playas de Tijuana, luego de que un grupo de personas identificados como integrantes de Antorcha Campesina, invadió 893.1 metros cuadrados desde el 15 de marzo de 2026.
Un mes después de la ocupación del terreno, un hombre y una mujer llegaron al sitio a repartir palas, a bordo de una camioneta tipo pick up blanca, con calcomanía de Oficialía Mayor, número 21-128, presuntamente propiedad del Ayuntamiento de Tijuana.
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En una imagen captada se observa a la mujer, que porta un chaleco con el escudo municipal, y a un hombre que viste negro de pies a cabeza, con un gafete mientras están rodeados de personas en el asentamiento irregular.
La invasión fue expuesta públicamente por habitantes de un área aledaña; quienes junto con un desarrollador presentaron un reclamo ciudadano al alcalde Ismael Burgueño Ruiz, denunciando la deforestación del predio. Asimismo, pidieron que la autoridad revise los permisos de construcción y detenga la edificación de las viviendas precarias, ya que la carencia de permisos obliga al gobierno municipal a multar y en su caso, a demolerlas. “¿Cuál es la razón de que no se les esté solicitando los permisos a ellos?”, cuestionaron.
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Se quejaron de que en el asentamiento irregular “toda la noche están taladrando y quemando madera. Huele constantemente a marihuana”. Situación que propicia inseguridad convirtiéndose en un “foco de criminalidad” para el entorno, aunado a que los propios antorchistas corren peligro por asentarse en un cañón, donde podría haber inundaciones o deslaves.
Los funcionarios “no están haciendo su trabajo”, porque ya vienen las campañas electorales y Antorcha Campesina representa bastantes votos, pero no se le puede permitir a esta organización “que vaya robando predios por todo Tijuana” y luego acuda al INDIVI a pedir que les den títulos de propiedad, “sin haber tenido un derecho sobre algo” y sin tener “realmente necesidad”, porque las personas tienen automóviles de reciente modelo, indicaron los denunciantes.
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Esta organización social se acerca a predios grandes, “donde sabe que la gente ya no los va a poder sacar de manera física”, y donde incluso ponen en primera línea a menores de edad ante un posible desalojo, añadieron en espera de que se concrete una reunión con el director de Administración Urbana (DAU), Fernando Sánchez Muñoz.
En diciembre de 2025, Ismael Burgueño acudió a un evento de Antorcha Campesina denominado Entrega de pliego petitorio, comprometiéndose a dotar de luz a comunidades que no tengan electricidad. “Vamos a seguir trabajando con esas mesas, que se van a seguir desarrollando, y vamos a seguir atendiendo las necesidades” trabajando en equipo.
Desde el bulevar La Joya (también conocido como segundo acceso a Playas) se aprecian los banderines rojos que cercan el predio escarpado, donde ya se encuentran las primeras casas hechas de madera, lámina y lonas; algunas incluso de dos niveles. Enfrente del Residencial Esmeralda fueron colocados mensajes con números de contacto y la página de Facebook de la agrupación que dirige Dióscoro Gómez Vázquez en Baja California, en los que se lee: “¿Necesitas una vivienda? Inscríbete al grupo de solicitantes. Acude a las reuniones informativas. Vivienda para el que no la tenga”.
Dióscoro Gómez aseguró a ZETA que el predio de La Joya está dentro de las gestiones hechas con el gobierno municipal, y “hasta ahorita” ninguna autoridad se ha acercado. Hay alrededor de 100 familias en toda la zona de La Joya. Una parte ya contrató hace muchos años, algunos están en espera de que les regularicen, “que les empiecen a cobrar, porque todos los asentamientos que se han fundado por el movimiento han sido pagados”.
En temporadas electorales buscan a la población que vive en esos asentamientos, aunque sean colonias irregulares, y “ya para dotarlas de servicios ponen muchos pretextos”, dijo y negó que Antorcha Campesina promueva las invasiones. “Nosotros no promovemos la invasión, aunque se nos tache de eso”, aseveró.
El programa de vivienda para el Bienestar (impulsado por la presidenta Sheinbaum) “no están pensado” para apoyar a gente de bajos recursos, pues si bien son viviendas con servicios, tienen mensualidades de 3,800 pesos. “Es algo que una madre soltera, así como está la inflación, la crisis económica, no puede pagar”.
El titular de DAU, Fernando Sánchez, declaró que actualmente hay “cuatro movimientos” relacionados con asentamientos irregulares, en lo que calificó una “fiebre” que no sólo afecta a Tijuana.
Sin precisar cuántos predios municipales están invadidos, el funcionario mencionó que se ha hablado con la gente para que se retiren, pues los inmuebles municipales nunca prescribirán. Mientras que en una invasión en propiedad privada “nosotros no podemos actuar”.
Hasta noviembre del año pasado, la Consejería Jurídica del Ayuntamiento tenía registrados ocho predios municipales invadidos entre 2020 y 2025. Pero sólo fueron presentadas cuatro denuncias ante la FGE: una por el año 2021, 2023, 2024 y 2025. Ninguna de ellas había sido judicializada, según información obtenida por ZETA.
Actualmente, el gobierno del estado sostiene 433 juicios relacionados con predios de propiedad estatal, en los cuales se litiga su titularidad y posesión. De 2025 a la fecha, se judicializaron cuatro procedimientos por ocupación irregular y se logró recuperar diversos predios con una superficie total de 14,204.388 metros, según datos de Oficialía Mayor.
16 AÑOS EN PRECARIEDAD; LATENTE NUEVO INCENDIO
Entre la Vía Rápida Alamar y el Cañón del Padre, rumbo al puente Alamar-Terán Terán, un incendio consumió 45 viviendas precarias en una invasión que data de 2010 y ha ido extendiéndose sin que la frene ninguna autoridad, como ocurre en otras áreas de Tijuana.
El incendio del 15 de mayo, al parecer comenzó por un chispazo, “por el cablerío”, aunque otra versión es que alguien estaba quemando basura, dijo Norma Rodríguez, integrante del comité de vecinos.
El fuego (que según algunas versiones se extendió porque las primeras pipas de Bomberos no llevaban agua) averió la toma comunitaria dejando sin agua potable a 500 familias que viven en la zona siniestrada. A tres días del incendio, el lugar ya contaba con electricidad, pese al riesgo de otro incendio. “Sí hay mucho riesgo, porque hay mucho, mucho, cable revuelto, tanto de telefonía como de luz y muchas conexiones de diablitos”, admitió Norma.
Sobre la banqueta y en la terracería, mujeres escogían prendas en pilas de ropa limpia que les fue donadas, mientras un camión escolar maniobraba para acercarse al área donde resaltaba el piso tiznado, con montones de aparatos y enseres domésticos quemados. Del camión fueron descargadas tarimas de madera, para que la gente que perdió sus pertenencias levantara nuevamente sus cuartos.
Mónica Vázquez, coordinadora de vinculación ciudadana de la CESPT, comentó que personal de la dependencia estaba haciendo un presupuesto para reparar la toma comunitaria dañada. Aseguró que la paraestatal estaba en disposición de enviar pipas gratuitas hasta reparar la toma, aunque la mayoría de los pobladores carecía de tambos grandes donde almacenar el líquido.
También ya había acudido la secretaria de Bienestar municipal, Wendy Ontiveros, para llevar despensas, y se habría comprometido a enviar maquinaria de construcción, para retirar la basura pesada y rellenar los terrenos, con el fin de evitar inundaciones.
A decir de Norma Rodríguez, este asentamiento irregular no pertenece a Antorcha Campesina, con todo y que en el área se ubica la escuela primaria Nueva Esperanza de esa agrupación y hay pintas conmemorativas al 22 aniversario de la misma.
Una residente, Concepción, relató que llegó a vivir hace siete años, luego de comprarle el terreno de 70 metros cuadrados por 55 mil pesos, a una señora que como los primeros pobladores lo invadió. El dinero lo reunió trabajando turnos en dos maquiladoras. Con el tiempo hizo dos cuartos aledaños a los de ella y su hijo, que rentaba en mil 500 pesos “para irse ayudando”.
Desde el predio en el que sus cuartos quedaron reducidos a cenizas, admitió que no paga luz y estaba colgada. “Que digan esto o lo otro, pero sinceramente imagínate, ver que un esfuerzo de dos o tres años se está quemando, no inventes”, dijo la jefa de familia y madre de un joven de 16 años.
Más hacia el este, en inmediaciones del bulevar 2000, sobre la calle Paseo del Roble en el fraccionamiento Villa Residencial del Bosque, residentes denunciaron a ZETA que un par de familias invadieron hace dos años parte del cerro, colindante con varias viviendas. “Habían invadido casas de por aquí, los sacaron y se fueron atrás a invadir y metieron a más personas”.
Debido a que la casa hechiza no cuenta con drenaje, el agua de lo que al parecer es el baño se trasmina hacia las viviendas del fraccionamiento, causándoles humedad en las paredes; un muro ya presenta cuarteaduras, señaló una de las afectadas.
Las personas que invadieron también estarían cuidando la maquinaria de un predio contiguo, donde presuntamente representantes del Ejido Francisco Villa pretenden lotificar hasta 300 terrenos y venderlos, pese a que el lugar es susceptible a inundarse y no hay otra vía de acceso, señalaron.
Aunque los residentes ya acudieron a la autoridad, persiste la incertidumbre de qué pasará si el Ayuntamiento avala la venta de los lotes. “Nosotros no queremos que estas personas vengan a comprar lotes y que estén pasando por aquí”.
Hasta el 27 de mayo, el gobierno municipal no había regresado al lugar donde la maquinaria fue clausurada ni había dado respuesta a los residentes, aun cuando el 25 de mayo recuperó otro predio, que también había sido invadido y se pretendía lotificar, sobre la calle Paseo del Bosque, en el mismo fraccionamiento.
17 MIL 600 FAMILIAS EN PREDIOS IRREGULARES EN TIJUANA Y ROSARITO
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), tiene registradas alrededor de 272 tomas comunales en asentamientos irregulares, que abastecen de agua potable a 17 mil 600 familias en Tijuana y Rosarito. Las 272 tomas comunales representan 90% de las 302 registradas en ambas ciudades, según datos de la paraestatal.
La directora del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda en Baja California (INDIVI), Guadalupe Cuéllar, indicó que hace tres años se estimaba aproximadamente 250 asentamientos irregulares en Tijuana.
“Hay una realidad, en el hecho de que todos los días prácticamente nace uno”, por lo que el Instituto está trabajando en actualizar el padrón con ayuda de los Ayuntamientos, las autoridades federales y organismos operadores de agua para cruzar la información.
La intención es que sea un “proceso de actualización y de reordenamiento”, más allá del número de colonias y de personas que viven, poder tenerlas georreferenciadas, para saber dónde están y solucionar el problema partiendo del origen de la tierra. El costo de adquirir una vivienda es uno de los factores por los que surgen los asentamientos irregulares, consideró.
Antorcha Campesina es la única organización con la que el INDIVI tiene coordinación. “La instrucción es ayudarlos, la instrucción que nos ha dado la gobernadora es buscar cómo regularizarles, para que quienes en su momento se asentaron en algún terreno que corra algún riesgo, reubicarlos a terrenos y brindarles la certeza jurídica”, aseveró la funcionaria.
En el caso de los predios privados que fueron invadidos, se busca al propietario para hacer un convenio de regularización y tras pagar el predio e impuestos, las familias de los asentamientos puedan tener un título que en promedio cuesta entre 13 y 20 mil pesos.
En otros casos, como en el asentamiento del Alamar no hay un convenio de regularización, toda vez que el predio pertenece al gobierno federal.
El subsecretario de Gobierno en la Zona Metropolitana de Tijuana-Rosarito-Tecate, Luis Moreno, comentó que se han hecho mesas de trabajo con el gobierno federal para la regularización de asentamientos irregulares en el Ejido Francisco Villa, donde está la colonia Maclovio Rojas, en que se regularizarán en una primera etapa 1,250 lotes.
También está el proceso de regularización del Ejido Rojo Gómez, donde una sentencia en 2011 dejó a 15 mil familias sin certeza patrimonial, y ya está a punto de arrancar un proceso de regularización. En la colonia Morelos, en Rosarito, donde hay alrededor de 500 familias que compraron a un particular que intentó prescribir tierras federales se está a la espera de una sentencia en un juicio de nulidad promovido por la federación, para iniciar un proceso de regularización, añadió.
