La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló el 3 de junio de 2026 que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ambos de Morena, deben aclarar ante la opinión pública la revocación de sus visas estadounidenses, luego de que el diario Los Angeles Times reveló que el Gobierno de Estados Unidos los investiga por presuntos vínculos con el crimen organizado y que ambos ingresan a ese país bajo un esquema migratorio especial reservado para personas que cooperan con las autoridades.
“Ellos tienen que aclarar”, afirmó la mandataria nacional durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, al ser cuestionada sobre el reporte del diario californiano, el cual fue elaborado en colaboración con la agencia Puente News Collaborative y señaló que las investigaciones y las revocaciones de visas amenazaban con debilitar a Morena y tensar aún más la relación bilateral. Sheinbaum Pardo cuestionó además la intención política detrás de las acciones de Washington. “¿Cuál es el interés? Tenemos todo el derecho, al menos, de la duda”, declaró, y exhortó a los mandatarios señalados a mantener la calma. “Hay que estar tranquilos. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones y con la certeza de lo que está haciendo, y la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo de México y de la nación, pueden venir estas cosas”, sostuvo.
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Según el diario californiano, a Durazo Montaño le fue retirada la visa estadounidense el año anterior en el marco de investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado, y que el gobernador viaja de manera regular a ese país para recibir tratamiento especializado por una afección médica, aunque su ingreso se realiza mediante un programa de libertad condicional por beneficio público significativo —conocido en inglés como “Significant Public Benefit Parole”—, mecanismo reservado para personas no ciudadanas que cooperan con las autoridades en investigaciones o procesos judiciales y que puede implicar testificar ante un gran jurado. Respecto al gobernador de Tamaulipas, el diario señaló que Villarreal Anaya es investigado por el presunto contrabando de hidrocarburo ilegal —conocido como huachicol— y que también cuenta con ese mismo permiso especial, por lo que funcionarios estadounidenses lo escoltarían cuando cruza la frontera.
Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron de forma categórica los señalamientos. Durazo Montaño negó que las autoridades estadounidenses le hubieran revocado la visa, mientras que el gobierno de Tamaulipas también desmintió las informaciones publicadas por el medio estadounidense. En 2025, tras reportes anteriores sobre Durazo Montaño, la titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora había calificado de “completamente falsa” una nota previa del periodista Luis Chaparro que lo vinculaba con etiquetas de sospechoso de terrorismo ante la agencia Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
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La revelación se produce en el contexto de una escalada de presión del Gobierno de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos. Según el reporte, tanto Durazo Montaño como Villarreal Anaya habrían seguido viajando a ese país como parte de un programa de cooperación con las autoridades estadounidenses. La ofensiva que Washington mantiene contra la clase política mexicana se intensificó desde 2025, cuando la Administración del presidente Donald Trump comenzó a revocar las visas de al menos 50 políticos y funcionarios, la mayoría militantes o ligados a Morena, según reportó la agencia Reuters el 14 de octubre de ese año.
Las investigaciones sobre los dos gobernadores en funciones se suman al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, contra quien el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos formales por narcotráfico en mayo de 2026 ante el Distrito Sur de Nueva York, así como a los precedentes de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuya visa fue cancelada en mayo de 2025. El procurador general interino de EE.UU., Todd Blanche, advirtió el 6 de mayo de 2026 que la cooperación de líderes del narcotráfico extraditados podría derivar en nuevas acusaciones contra políticos mexicanos, y que el caso Rocha Moya no sería el último.
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Sheinbaum Pardo ha insistido en reiteradas ocasiones en que cualquier proceso anticorrupción estadounidense contra funcionarios mexicanos debe estar respaldado por evidencias verificables. “Lo que tiene que haber es pruebas, cargas y evidencias claras”, declaró en su conferencia del 27 de abril de 2026, cuando respondió a reportes del mismo diario californiano que anticipaban la ofensiva. La presidenta de la República ha subrayado también que la lucha contra la corrupción en México corresponde al Gobierno mexicano, a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales, y ha advertido que la cooperación bilateral con Washington solo puede avanzar bajo el principio de coordinación sin subordinación.
