El artículo 353 del Código Penal Federal mexicano ordena penas de tres meses a cinco años de prisión (de uno a seis años a los autores intelectuales), para quien ocupe un inmueble ajeno sin autorización, pero en Baja California en particular, y en México en general, promover invasiones y regularizarlas ha sido un lucrativo botín para pseudo representantes sociales, convertidos en políticos o representantes del pueblo.
