El Congreso de Baja California pretende retirar restricciones para la promoción personalizada o partidista de candidatos, establecidas por diputados de Morena en 2021; algunos de ellos aún son legisladores
La incongruencia y contradicción ideológica dentro de los militantes que actualmente ostentan el poder en Morena Baja California, es palpable y sólo necesita que los años pasen para demostrarse. Hechos que anteriormente consideraban cuestionables, ahora los justifican; iniciativas que respaldaron hace años, hoy las modifican; y, sobre todo, líderes políticos alabados ahora son condenados en función del interés.
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El ejemplo más reciente ocurrió hace unos días en el Congreso de Baja California, luego que el pasado 13 de agosto el diputado Juan Manuel Molina presentara una iniciativa para valoración de sus compañeros parlamentarios, en la que básicamente pretendía quitar las restricciones de la Ley Electoral de Baja California, y sus agregados, para la promoción política de los partidos, bajo el argumento de que la difusión de mensajes en plataformas electorales es parte de la democracia.
En otras palabras, el legislador morenista, que fue respaldado por toda su bancada, y algunos más de otros partidos, tenía como objetivo abrir la posibilidad de que todos los organismos políticos tuvieran la posibilidad de promoverse en bardas, publivallas, espectaculares, pantallas electrónicas y demás elementos de uso común, entre ellas, por ejemplo, el transporte público.
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El segundo párrafo del artículo 152 prohibía, según la exposición de motivos, “de manera absoluta a los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados colocar, colgar, fijar, proyectar, adherir y pintar propaganda electoral en bardas, publivallas, espectaculares, pantallas electrónicas, postes o similares —sean éstos de uso común o privado—, así como en unidades de servicio público de transporte de pasajeros o de carga”, en torno a procesos locales.
Hecho curioso es que dicha prohibición data del año 2021, cuando los mismos diputados morenistas, muchos de ellos que repiten desde entonces, respaldaron las pretensiones del entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez, para acabar con esa práctica, bajo el argumento de que representaba contaminación visual, además de un derroche de recursos públicos.
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La exposición de motivos de la iniciativa refiere que el pasado proceso electoral del 2024 evidenció que la restricción no fue disuasiva, sino que los partidos políticos fueron sancionados por ejercer estas prácticas que, de facto, saben que están prohibidas.
“Estos casos ilustran que la prohibición vigente no impide en los hechos la colocación de propaganda en esos espacios, sino que traslada su costo a la vía sancionadora, genera litigiosidad postelectoral y coloca a los actores políticos en un estado de incertidumbre jurídica, sin que se haya acreditado un beneficio ambiental o de imagen urbana proporcional a esa consecuencia”, refiere dicho documento en el Poder Legislativo.
En otras palabras, los diputados de Morena restringieron la propaganda visual en áreas comunes, en 2021. Luego que ellos mismos (y los otros partidos) fueron incapaces de respetar sus propias reglas, optan ahora por remover la restricción que ellos impulsaron hace apenas cinco años. Ahora, lo que quieren es permitirse violar su ley sin consecuencias.
La evidencia es clara: los diputados de Morena, en 2021 y ahora, toman decisiones a partir de ocurrencias, creencias simplonas y sin análisis o diagnósticos. Prohibieron la propaganda visual hace pocos años bajo el argumento de que sería un ahorro y una reducción de contaminación visual, pero ahora dicen que eso no ocurrió, sino que representa un costo porque aumentó el trabajo en los tribunales a causa de su propia incapacidad para respetar sus reglas.
No hubo un diagnóstico en 2021 para impulsar la iniciativa, sólo fue una ocurrencia; y ahora pretenden quitarla sin establecer un sustento tangible, sólido, al menos cuantificar el ahorro que representa para los órganos jurisdiccionales en materia electoral, por tener que resolver juicios que ellos mismos han provocado.
Aunque sigue habiendo algunas restricciones inherentes a los topes de campaña, ahora los candidatos locales podrán usar todos estos mecanismos para promover perfiles de cara al proceso electoral, algo que de todos modos hacían, sobre todo los candidatos de Morena, quienes son los más denunciados por esta práctica.
Antes, la frase coloquial para criticar a Morena era “siempre hay un tweet” para hacer referencia a sus incongruencias, pero ahora mudaremos a “siempre hay una iniciativa” que ellos impulsaron y que ahora les incomoda.
Por lo anterior, el próximo proceso electoral estará —sin duda— mucho más cargado de contaminación visual, donde el único requisito es que exista un permiso expreso del propietario del sitio donde se lleva a cabo el anuncio y de los mismos topes de campaña. Si de por sí no eran conservadores en promoverse, incluso antes del periodo electoral, ahora, sin la prohibición y sin sanción, será mucho peor.
