*En el operativo fue detenido un hombre que fungía como escolta del lugar, debido a que portaba un arma de fuego sin acreditar el permiso correspondiente
Luego de un operativo en el que participaron elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la tarde de este viernes 4 de septiembre, la Clínica de Rehabilitación Jireh, ubicada en el Ejido Mariano Matamoros, fue suspendida por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), luego de que el pasado 21 de agosto un hombre fuera asesinado en las instalaciones del centro.
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Alrededor de las 20:00 horas, en las instalaciones del centro fue colocada una lona y sellos de suspensión, medida temporal de seguridad sanitaria que detiene parcialmente las actividades del establecimiento, debido a que la autoridad detectó un riesgo para la salud pública o una falta administrativa.
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Una fuente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comentó a ZETA que el establecimiento tiene cinco días para regularizarse y sacar a los internos que estén sin su consentimiento o el de algún familiar.
Durante el operativo fue detenido uno de los escoltas de Jesús Ignacio Osuna Torres, “El Chiquilín”, quien portaba un arma con un permiso irregular.
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El pasado 21 de agosto, un hombre identificado como Richard Damián fue privado de la vida por asfixia por estrangulamiento; además, le fueron propinados 38 golpes en su humanidad.
Antes del operativo y mediante una transmisión en vivo, Jesús Ignacio Osuna Torres, “El Chiquilín”, quien se identificó como representante de la Patrulla Espiritual, informó sobre una posible clausura, en la que señaló que se esperaba la intervención de autoridades de seguridad estatales y federales.
Según indicó Osuna Torres, la orden de clausura del centro de rehabilitación Jireh habría sido emitida por instrucciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, pese a que aseguró que la clínica cuenta con la documentación necesaria para operar.
Asimismo, solicitó a la mandataria estatal no trasladar a los internos, a quienes identificó como “Tazos Dorados”, pues consideró que los responsables de los hechos ocurridos en la clínica ya fueron detenidos.
“Estoy consciente que pasaron cosas, pero hay culpables y esos culpables van a cumplir su proceso en la cárcel. No saque a los Tazos Dorados de la clínica de rehabilitación. Deme la oportunidad o dele la oportunidad a los dueños de la clínica, que son el padrino Alexis y la madrina Sandra, de que tengan todo en línea”, comentó en el video.
La suspensión de la clínica ocurre en el marco de la resolución judicial realizada este 3 de septiembre, que derivó en la vinculación a proceso y prisión preventiva de dos hombres señalados como presuntos responsables del asesinato de Richard Damián, ocurrido el pasado 21 de agosto dentro de las instalaciones de la Clínica de Rehabilitación Jireh.
Posteriormente, el Gobierno del Estado emitió el siguiente comunicado:
SUSPENDEN CENTRO DE REHABILITACIÓN JIREH POR INCUMPLIMIENTOS SANITARIOS
TIJUANA.– A raíz de un homicidio registrado al interior del Centro de Rehabilitación Jireh, ubicado en la colonia Mariano Matamoros, autoridades estatales realizaron una revisión del establecimiento. Como resultado de la verificación sanitaria, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) documentó incumplimientos a la normatividad aplicable y determinó la suspensión temporal de sus actividades.
La intervención se realizó mediante un operativo interinstitucional apegado al respeto a los derechos humanos, en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud, IPEBC y la COEPRIS.
Durante la diligencia también fue detenida una persona que fungía como escolta en el lugar, debido a que portaba un arma de fuego sin acreditar que contaba con el permiso correspondiente. La persona fue puesta a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.
Al momento de la intervención se encontraban personas internadas en el establecimiento, por lo que las acciones se desarrollaron priorizando su integridad, estado de salud y derecho a recibir atención en condiciones seguras y dignas.
El Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC) ofreció el servicio de traslado a las personas internas a otros centros de atención. Ninguna persona fue desalojada.
Durante la verificación se identificaron deficiencias en las condiciones de atención, incumplimientos sanitarios e irregularidades en los mecanismos para acreditar el consentimiento de las personas internas. Estos hallazgos dieron lugar a la suspensión del establecimiento, conforme a las atribuciones de la autoridad sanitaria.
