Frente a “Rachel”, autoridades en Baja California incumplieron con el objetivo de “anticiparse a los riesgos meteorológicos para proteger vidas, reducir afectaciones y fortalecer capacidades de respuesta”
Entre el marte 6 y el jueves 8 de octubre, cuando los consejos de Protección Civil del estado y municipios bajacalifornianos, declararon el estado de prealerta ante el pronóstico meteorológico asociado al fenómeno de “El Niño” y la entrada de la tormenta “Rachel” al territorio, anunciaron que mantendrían “una estrategia de comunicación preventiva a la ciudadanía”; así lo plantearon desde Tijuana.
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“…se mantendrán abiertos los canales de comunicación para proporcionar información clara y oportuna que contribuya a preservar la seguridad y la tranquilidad de la población”, fue lo que enfatizaron en Ensenada.
Pero la publicitada apertura nunca llegó. Por ejemplo, “…el ciclón dio un giro de 90 grados rumbo hacia el noroeste de la entidad”, explicó a la reportera de ZETA, Ana Ortiz, el Maestro Ismael Velázquez Mendoza, técnico del Laboratorio de Pronóstico Meteorológico del CICESE, lo que provocó mayores afectaciones en Ensenada, pero la población no recibió ni datos ni advertencia oportuna.
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Fueron los ciudadanos afectados los únicos que reportaron a través de redes sociales, de los cortes eléctricos en Ensenada, la inundación en la colonia Aeropuerto, en el Hospital General en Loma Dorada, y otras vialidades, los desbordamientos y las afectaciones de los cauces de los arroyos Oaxaca y El Pípila, y la desgracia en Maneadero. Lo mismo sucedió en Tijuana con los socavones de la colonia 3 de Octubre y el puente Francisco Villa, y los desbordamientos de los canales en el fraccionamiento Riberas del Bosque, el Mariano Matamoros y El Florido, o la inundación en la colonia Valle de las Flores; la información llegó a la ciudadanía través de las víctimas.
Las autoridades se atrevieron a declarar que estuvieron monitoreando en territorio en tiempo real; pero de ser verdad, ¿por qué llegaron tarde tras las solicitudes de auxilio en la zona de Maneadero, que resultaron con nueve personas muertas?
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El sábado 10 de octubre, fecha en que ingresó el fenómeno a la entidad, los gobiernos que pidieron a la población informarse por canales oficiales, nunca avisaron cuáles eran las colonias y las calles inundadas o anegadas, tampoco de los arroyos o canales desbordados o los puentes inhabilitados.
Se limitaron a emitir comunicados con pronósticos tempranos, solicitando a la gente que no saliera de sus casas. De la tormenta avisaron que sacaron a 100 personas que residen ilegalmente desde hace años en la canalización del Río Tijuana; en La Rumorosa del cierre de un carril en la autopista; y de la suspensión de clases para el lunes 12 de octubre.
En la canalización del Río Tijuana, las autoridades llevan meses hablando de reubicar, por seguridad a “mil 300 personas que habitan en la canalización del Río Tijuana y 60 familias que se asentaron”, pero llegaron las lluvias y ahí siguen.
Fue hasta el domingo 11 de octubre, más de seis horas después de haber concluido la tormenta, cuando —sin dar la cara— a través de boletines o en vivos de Facebook, publicitaron lo que habían hecho: el Ayuntamiento de Tijuana promocionó la limpieza de canales; en Ensenada, finalmente ofrecieron información completa de los puntos de afectación de manera detallada; y el estado reportó que se registraron cuatro mil reportes al C5, 425 atenciones, ejecutaron 200 rescates, reubicaron a más de 100 personas, y realizaron 425 atenciones, 72 por ciento fueron por inundaciones. Con 12 mil efectivos atendiendo incidencias.
Al final, a pesar de conocer la gravedad de la situación, durante la entrada de “Rachel”, —que fue su primera prueba— las acciones preventivas y reactivas de los gobiernos bajacalifornianos fueron deficientes. A pesar de que conocen la problemática de los municipios, los saben hace tiempo y no se han ocupado en resolverlos.
Recordemos que, en febrero del 2024, la entonces alcaldesa morenista de Tijuana, Montserrat Caballero, declaró que, ante el crecimiento urbano, los 34 tanques desarenadores de la ciudad eran insuficientes para captar el agua en las “temporadas regulares de lluvia”, y hablaron de la necesidad de “construir por lo menos cinco desarenadores más en la Zona Este y Sureste”. Dos años ocho meses después no han hecho lo propio.
Desde el pasado mes de abril, los investigadores del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) informaron a las autoridades que el “Súper Niño” traería un verano de calor extremo — Baja California ocupó el primer lugar nacional en muertes por golpe de calor— y un otoño-invierno con frentes fríos, heladas, nevadas, vientos fuertes, y lluvias torrenciales atípicas, de las que provocan inundaciones y hundimientos, dañarían la pesquería y la calidad de los cultivos, el más intenso en 50 o 70 años. Sugirieron la creación de un Comité Meteorológico de Baja California para hacer pronósticos específicos para el estado las 24 horas al día, que sería más preciso y oportuno que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Otros especialistas urgieron la limpieza de laderas. Pero nada.
El 27 de julio pasado, con vistas a “El Niño”, las autoridades en el estado instalaron del Puesto de Comando de Protección Civil; el 4 de septiembre hicieron lo mismo con el consejo; el 4 y el 28 de septiembre anunciaron la activación de la mesa permanente. Hablaron de reforzar acciones preventivas en coordinación con la Federación; después sólo anunciaron la limpieza de algunos canales.
El pasado fin de semana, frente a la prueba de fuego, no cumplieron con el objetivo de “anticiparse a los riesgos meteorológicos para proteger vidas, reducir afectaciones y fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia”, lo que resulta terrible porque, de acuerdo a los pronósticos, lo peor de este fenómeno meteorológico llegará de noviembre del 2026 a febrero del 2027, año en que se vivirá el verano más cálido de la historia. Y los gobiernos bajacalifornianos y sus consejos de Protección Civil siguen sin hacer lo necesario para proteger a la ciudadanía.
