Los imputados por lesiones y agresiones a la autoridad enfrentarán su proceso penal en libertad. La resolución se dicta mientras Asuntos Internos y la CNDH investigan abusos y agresiones policiales
El Juez Sexto Penal con sede en el complejo penitenciario de Puente Grande, Francisco Castellanos, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Teodoro, Juan Darío, Alexis y Samuel, por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones y agresiones cometidas contra representantes de la autoridad.
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Los cuatro jóvenes resultaron aprehendidos tras los enfrentamientos registrados entre civiles y policías estatales durante la manifestación efectuada el domingo 11 de octubre de 2026 frente a las instalaciones de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro, donde diversos contingentes de ciudadanos se movilizaron para exigir el derecho al acceso a agua limpia y de calidad en las viviendas de la zona metropolitana de Guadalajara.
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De acuerdo con la resolución judicial emitida tras una audiencia que se prolongó por más de cuatro horas de debate, los cuatro imputados enfrentarán el procedimiento penal en libertad, sujetos a la medida cautelar de acudir a firmar de manera periódica ante el juzgado durante un periodo de seis meses, fijándose además un plazo de cuatro meses para el cierre y desarrollo de la investigación complementaria.
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Durante el desahogo de la sesión, la representación jurídica de los procesados denunció presuntas violaciones a las garantías fundamentales de los jóvenes, señalando inconsistencias en las actas de arresto, falta de evidencias físicas o documentales que demuestren su participación directa en los hechos e indicios de presuntos actos de tortura cometidos por agentes captores durante y después de las aprehensiones.
Paralelamente a la resolución dictada contra los cuatro manifestantes, la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco mantiene bajo investigación a 17 elementos de la policía estatal, quienes se encuentran separados de sus funciones e identificados por el área de Asuntos Internos por presuntamente actuar fuera de los protocolos institucionales y hacer un uso desproporcionado de la fuerza durante la dispersión de la marcha.
Esta indagatoria interna deriva de la revisión de más de doscientos videos grabados durante la jornada e incluyó la presentación inicial de dos oficiales captados en grabaciones de video sometiendo a ciudadanos.
La Fiscalía Estatal abrió catorce carpetas de investigación por presuntos abusos cometidos por servidores públicos.
En tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidida por Rosario Piedra Ibarra, ejercitó su facultad de atracción para indagar de manera independiente los hechos, verificar la legalidad de las detenciones y determinar responsabilidades por posibles actos de represión cometidos durante la protesta.
