Dos acciones de inconstitucionalidad de Presidencia y de la CNDH demuestran, nuevamente, que el Poder Legislativo no comprende muy bien la reforma judicial. Siguen sin entender proyectos de Morena BC
Los políticos morenistas de Baja California son un dolor de cabeza para la Presidencia de la República emanada del mismo partido y, nuevamente, el Gobierno de México se debe movilizar para buscar corregir la plana a legisladores que pretenden hacer lo que les viene en gana en torno a la reforma judicial, pues buscan resquicios para burlar lo establecido desde el Congreso de la Unión, con el único objetivo beneficiarse.
Publicidad
Los pasados 30 de septiembre y 1 de octubre, tanto la Consejería Jurídica de la Presidencia, dirigida por Luisa María Alcalde, como la Comisión Nacional los Derechos Humanos (CNDH) presentaron acciones de inconstitucionalidad contra reformas realizadas por el Congreso de Baja California. La primera va dirigida hacia artículos de la flamante Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, misma que viene a homologar criterios con la reforma judicial; mientras que la otra corresponde a una modificación a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, de una iniciativa promovida por la diputada panista, Alejandrina Corral, en la que pretenden sancionar a quienes no enteren las cuotas de seguridad social a la entidad correspondiente. Esto en lo que respecta a alcaldes o funcionarios que no paguen a Issstecali a pesar de que hagan las retenciones correspondientes.
Sin embargo, la acción de inconstitucionalidad más interesante es la que presentó la Presidencia de la República en contra del Poder Legislativo sobre la Ley Orgánica, a la que impugnó los artículos 24, fracción V y VI, el 42, fracciones III, IV, VI, X, XIII, XVI, XVIII, XXV, XXVI, y XXVII; el 43, el 45 y 46 fracción VI, el 79, fracción V; y 216; pero también los artículos 20; 24, fracción VI; y 285.
Publicidad
Entre los puntos de impugnación más importantes se encuentra el artículo 24, donde cuestiona que el Pleno del TSJE tenga la facultad de adscribir y readscribir libremente a los magistrados. El Artículo 20, también impugnado, otorga al TSJE la definición de licencias por dos meses; mientras que todo proceso que supere este tiempo tendrá que ser definido por el Congreso del Estado. Esto causa ruido debido a que a nivel federal sólo se otorga un mes de plazo. Por extensión, también se impugnó ante a los jueces, dado que se encuentran en el mismo supuesto, pero en otro artículo.
Respecto al artículo 216, la Presidencia considera incorrecta la conformación del Consejo de Administración, establecida en la Ley Orgánica, pero que se origina en la propia Constitución de Baja California, y se presume —debido a que todavía no se publican los agravios— que está relacionada con la duplicidad de la Presidencia del TSJE y el órgano de administración, pues como ya se dijo en varias páginas de este Semanario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que otorgar la doble Presidencia representa un conflicto de interés.
Publicidad
En caso de justificar este tema, el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López podría perder la Presidencia de uno de los dos órganos y tendría que ceder el espacio a otro magistrado.
En la misma cadena impugnativa, la Presidencia de la República impugnó algunos puntos de la creación de la Secretaría Técnica y Gestión Institucional para el TSJE, dado que, al parecer, podría impactar en atribuciones del Consejo de Administración y del Tribunal de Disciplina Judicial, en torno al manejo administrativo y de evaluación.
No es la primera vez que la Presidencia o la CNDH se ven obligados a presentar recursos legales en contra de la administración de los congresos morenistas de Baja California, e incluso, también se han visto obligados a modificar leyes debido a que aprovecharon huecos legales para su beneficio, como, por ejemplo, las candidaturas comunes, una estrategia que tuvo como objetivo beneficiar —electoralmente hablando— a los candidatos electos en 2025, que habían sido impulsados por dos o tres poderes.
La impugnación es de importante trascendencia para Baja California y podría exhibir, una vez más, que en el Congreso del Estado —de mayoría morenista— no se está en sintonía con el proyecto de la Presidencia.
