El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, confirmó que 17 elementos de la Policía Estatal se encuentran bajo investigación administrativa tras ser identificados por incurrir en uso desproporcionado de la fuerza y actuar fuera de los protocolos institucionales durante la manifestación efectuada el 11 de octubre de 2026 frente a Casa Jalisco.
La indagatoria interna inició por instrucción directa del gobernador Pablo Lemus Navarro y quedó a cargo del área de Asuntos Internos, instancia que integró un expediente técnico respaldado por la revisión de más de 200 videos grabados desde diversos ángulos durante el operativo.
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Las autoridades determinaron que los agentes señalados fueron citados a comparecer formalmente para rendir su declaración sobre las agresiones cometidas contra ciudadanos que ejercían su derecho a la libre protesta en las calles tapatías.
El titular de la corporación reconoció que la actuación de estos elementos generó afectaciones directas a la población y contravino las indicaciones operativas de contención emitidas por los mandos.
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Como parte de las primeras medidas cautelares adoptadas por la institución, dos policías estatales fueron separados de sus cargos y presentados ante el órgano de control interno tras difundirse grabaciones donde se observa a uno de ellos sometiendo físicamente y retirando a un manifestante de entre la multitud.
El operativo policial se desplegó el domingo 11 de octubre durante una movilización ciudadana motivada por denuncias sobre la mala calidad y la turbiedad del agua potable suministrada en la zona metropolitana de Guadalajara.
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Tras los enfrentamientos registrados frente a la sede del Ejecutivo estatal, el gobernador Pablo Lemus atribuyó inicialmente los actos de violencia a la presencia de un grupo de choque de cuatrocientas personas.
El informe oficial reportó un saldo final de 39 ciudadanos detenidos y 28 elementos de seguridad lesionados durante los disturbios.
Posteriormente, el Consejo de la Judicatura de Jalisco informó que seis manifestantes capturados enfrentarán su procedimiento en libertad, mientras un juez de control declaró ilegal la detención de otro ciudadano y decretó su liberación inmediata tras constatarse irregularidades procesales en el arresto.
El propio mandatario estatal reconoció la existencia de detenciones injustas y excesos policiales, comprometiendo la revisión puntual de grabaciones y la colaboración con organismos defensores de derechos humanos.
Ante la gravedad de los hechos, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, ejercitó la facultad de atracción del organismo para investigar de forma independiente las probables violaciones a las garantías individuales cometidas durante la protesta.
La ombudsperson solicitó esclarecer las agresiones físicas, verificar la legalidad de las aprehensiones y recomendar sanciones contra los servidores públicos responsables.
Paralelamente, la Secretaría de Seguridad anunció una convocatoria dirigida a legisladores, colectivos de la sociedad civil y especialistas para adecuar los protocolos locales de manejo de manifestaciones.
Mientras las investigaciones administrativas continúan abiertas, diversas organizaciones ciudadanas convocaron a una segunda marcha por el agua programada para el 18 de octubre en Guadalajara.
