Periodistas de Baja California protestaron en Tecate para exigir que se brinden medidas de protección permanentes al comunicador, luego de que un grupo armado ingresó a su hogar para amenazarlo y robarle su teléfono, un dron y equipo de cómputo.
Exigir seguridad permanente y una investigación rigurosa sobre el asalto y las amenazas contra el comunicador Jorge Ismael Caro Romo, en la ciudad de Tecate, fue el objetivo de un grupo de periodistas que marchó y sobrevoló drones en la colonia Santa Anita, donde el reportero de Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) fue asaltado, amenazado y agredido por un grupo armado que se sintió amenazado por el sobrevuelo de un dron durante la noche del sábado 10 de octubre.
La mañana del miércoles 14 de octubre, más de 30 periodistas se concentraron en el acceso al fraccionamiento Santa Anita, en Tecate, para caminar más de un kilómetro y, cerca del domicilio de Caro Romo, elevar cinco drones en señal de protesta, en referencia directa a lo que provocó el enojo del grupo criminal que atentó contra la integridad del periodista, quien solo intentaba elevar su aeronave para capturar fotografías de la llegada de la tormenta tropical Rachel.
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“El compañero se tuvo que rascar con sus propias uñas. Eso por un lado. Segunda, pues le dijeron que fuera a presentar una denuncia. Se le conminó, lo hemos exhortado tanto periodistas como el propio medio de Agencia Fronteriza de Noticias a que presentara su denuncia”, explicó Sonia de Anda, coordinadora de la asociación Yo sí soy periodista.
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La asociación civil Yo sí soy periodista exige medidas más estrictas para proteger a un reportero amedrentado en su casa por un grupo armado. Mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE), mediante el mecanismo de protección, le proporcionó un botón de pánico y contactos para comunicarse ante cualquier emergencia, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, no le recibió la denuncia, debido a que la víctima acudió a las oficinas de la delegada de la FGR, Teófila González Lozada, durante el horario de comida.
“La obstaculización del trabajo periodístico es un delito federal… dijo que iban a ver si se apegaba a una cuestión periodística. Fue a la Fiscalía General de la República; le dijeron que a las 5 de la tarde tenía que regresar porque estaban comiendo. Entonces no sabíamos, hasta ahorita nos estamos enterando que en la Fiscalía General de la República hay que respetarles entre las 2 y las 5 de la tarde”, cuestionó la periodista De Anda.
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Con el apoyo de su familia y amigos, Caro Romo tuvo que buscar otro hogar para vivir. Es un periodista desplazado por el crimen organizado en Tecate, y su caso carece de la solidaridad y el compromiso de las fiscalías para atender un atentado contra la libertad de expresión.
“El compañero tuvo que irse de su casa; es un compañero desplazado a otro municipio del Estado y sigue en Baja California. La autoridad del mecanismo estatal de protección a periodistas, defensores de derechos humanos de la cual yo formo parte como consejera, no le brindaron la custodia policíaca. Bajo el argumento de que esta revisión de sus medidas de seguridad no lo ameritaba”, explicó Sonia.
Sonia de Anda recordó que Baja California es un estado peligroso para ejercer la libertad de expresión. Como referencia, mencionó las amenazas contra periodistas y los homicidios del fotógrafo del Semanario ZETA, Margarito Martínez Esquivel, ocurrido el 17 de enero de 2022, y de Lourdes Maldonado, el 23 de enero del mismo año, quien tenía activado el protocolo de protección a periodistas mediante el mecanismo del botón de pánico.
Las amenazas contra el periodista Jorge Ismael Caro Romo, derivadas del sobrevuelo de un dron en una zona peligrosa de Tecate, recuerdan la desaparición del ingeniero Alonso Guerrero Chávez y de su ayudante, Rubén Ramírez Rojas, el 27 de marzo de 2024, en las inmediaciones de El Jibarito, cerca del relleno sanitario.
El doble caso sigue impune y ambas víctimas de desaparición forzada continúan sin ser localizadas, aunque tres de sus captores fueron arrestados y procesados en Tijuana.
