El panismo procedió de nueva cuenta contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ante la Fiscalía General de la República. Esta vez, por conducto de los diputados federales Eva María Vázquez, César Damián Retes, Federico Döring Casar y el vocero Jorge Triana Tena, quienes presentaron la denuncia el 5 de octubre.
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Los denunciantes sostuvieron que los hechos atribuidos a la mandataria estatal “de manera conjunta revelan su intervención por acción y por omisión en una estructura de protección política, financiera e institucional”. Aseguraron que con ese esquema Ávila favoreció actividades supuestamente ejecutadas por el Cártel de Sinaloa y la facción identificada como Los Rusos.
Señalaron a la mexicalense de utilizar el cargo, así como información obtenida en virtud de sus funciones en un afán de “procurar beneficios personales o para terceros”.
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A decir de los recurrentes, la denuncia no se presentó como consecuencia del vínculo matrimonial que Ávila tuvo con Carlos Torres Torres, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de conspirar para proveer protección a la facción delictiva denominada Los Mayos; tampoco respondió al objetivo de responsabilizarla por actos u omisiones cometidos por terceros.
El 20 de julio un grupo de panistas y ciudadanos encabezado por el abogado Juan Marcos Gutiérrez denunciaron a Ávila Olmeda ante la FGR en razón de que supuestamente comprometió información de las Mesas de Seguridad a cambio de obtener beneficios en el plano penal. Mientras que entonces se le acusó de uso ilícito de atribuciones, conspiración y delitos contra la Ley de Seguridad, en esta ocasión se le atribuyeron 14 actos delictivos.
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Delincuencia organizada; conspiración; traición a la patria; asociación delictuosa; delitos contra la salud; ejercicio ilícito del servicio público; coalición de servidores públicos; tráfico de influencia; cohecho; peculado; enriquecimiento ilícito; encubrimiento; operaciones con recursos de procedencia ilícita; tráfico e introducción clandestina de armas de fuego. Tales son los actos que se le atribuyeron.
Consultado por ZOOM POLÍTICO César Damián Retes sostuvo que la denuncia se presentó con elementos probatorios suficientes para que la fiscal, Ernestina Godoy Ramos, abriera una investigación.
“Después de que le quitan la visa, después de que se descubren los audios donde ella ofrecía información confidencial al gobierno de Estados Unidos, ahora con los señalamientos de la OFAC y particularmente esta empresa Vida Orgánica en Tijuana, en donde ella era socia cuando se imputan estos hechos, no se puede nada más divorciar con su marido y acabar con el problema”, manifestó.
Vida Orgánica S. de R.L. de C.V. figura como empresa designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, de acuerdo con una alerta emitida el 29 de septiembre, en la que tal instancia designó a 21 personas y 25 entidades en calidad de “líderes o facilitadores” del Cártel de Sinaloa.
Damián Retes también se refirió a Marco Moreno Gómez Santelices, sancionado por la Oficina de Control: “Está señalado en la lista de la OFAC. Hay fotografías que han aparecido en redes sociales con todos los alcaldes, con la propia gobernadora y la gobernadora ya reconoció que va a cancelar los contratos que se tenían”.
Se pronunció porque la FGR procediera con la indagación. “Ante esta fiscalía deficiente y negligente tenemos que ayudarle y por eso presentamos esta denuncia, por eso le llevamos elementos probatorios y por eso estaremos encima para que la fiscalía sí abra la carpeta de investigación; sí llame a cuentas a la gobernadora y sí se llegue al fondo de estos hechos”, concluyó.S:
