Nuevo penal serviría para albergar a reclusos de Mazatlán, Culiacán y otras entidades. El anuncio dado a conocer tras las 12 muertes en prisión El Castillo aún no revela detalles del proyecto
La necesidad de extremar medidas de seguridad en contra de generadores de violencia de alto riesgo social e institucional es la justificación para edificar una segunda cárcel federal en el estado de Sinaloa.
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El Gobierno de México anunció el pasado sábado la construcción de un nuevo centro penitenciario en la entidad con recursos de la Federación, tras los enfrentamientos registrados en el Centro Penitenciario El Castillo en Mazatlán.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el 10 de octubre de 2026 que la obra responde a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el propósito de fortalecer el control penitenciario y la seguridad en la entidad.
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El gobierno dispuso la aportación de predios estatales para la obra, proyectándose su ubicación en el municipio de Culiacán mientras se definen el presupuesto final y los plazos de ejecución.
La determinación gubernamental ocurre en respuesta directa a la secuencia de eventos ocurridos entre el ocho y el nueve de octubre en la sede penitenciaria de Mazatlán, donde 12 personas perdieron la vida en dos jornadas consecutivas.
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El primer evento se reportó el jueves 8 de octubre en los módulos del penal El Castillo, donde la utilización de armas de fuego dejó un saldo inicial de diez personas muertas y 16 lesionadas.
Entre las víctimas mortales figuraron nueve personas privadas de la libertad y un menor de dos años que se encontraba en el área de visita familiar.
Las autoridades identificaron que el objetivo del ataque fue Eduardo Jonathan Martínez Larios, alias El Owen, presunto integrante de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y miembro de la estructura de Los Hermanos Martínez.
Tras el reporte de las detonaciones con armas de fuego, el Grupo Interinstitucional ingresó a las instalaciones para retomar el control de los pasillos y patios.
Las 16 personas heridas recibieron atención médica prehospitalaria y fueron trasladadas a centros hospitalarios; nueve de ellas recibieron el alta médica al día siguiente tras presentar mejoría.
Menos de 24 horas después del primer incidente, el viernes 9 de octubre se registró una segunda contienda entre internos en un módulo del mismo penal de El Castillo, resultando en la muerte de dos personas privadas de la libertad adicionales y elevando la cifra total a 12 fallecidos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa inició dos investigaciones de oficio para determinar omisiones e inspeccionar posibles violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el personal penitenciario.
Asimismo, un diagnóstico elaborado en mil 2025 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos asignó a la cárcel de El Castillo una calificación de 5.25 sobre 10, señalando deficiencias estructurales, insuficiencia de personal de custodia, presencia de actividades ilícitas e ineficacia en los esquemas de prevención de eventos con armas de fuego.
Como medida contingente durante la fase previa al desarrollo del nuevo reclusorio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana envió elementos de la Guardia Nacional y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social para asumir la vigilancia y custodia del penal El Castillo.
El sábado 10 de octubre se reanudaron los accesos para familiares de las personas recluidas bajo un protocolo restringido que estableció bloques de cincuenta personas, horario límite a las catorce horas, uso de cubrebocas y prohibición de ingreso a menores de edad.
El contexto de la infraestructura carcelaria en Sinaloa evidencia heterogeneidad entre los distintos centros de reclusión. Los registros del cuaderno estadístico penitenciario con corte a agosto de 2026 detallan que el sistema estatal dispone de 5 mil 726 espacios y alberga a 5 mil 150 personas privadas de la libertad, lo que representa una disponibilidad general del 10.66 por ciento equivalente a 576 lugares vacantes.
La composición demográfica de la población penitenciaria en Sinaloa indica que 4 mil 965 corresponden a hombres, equivalente al 96.4 por ciento, y 185 a mujeres, que conforman el 3.6 por ciento restante.
En cuanto a la condición jurídica, 2 mil 975 internos cuentan con sentencia, representando el 58 por ciento, mientras que 2 mil 175 se encuentran en fase de procesamiento, constituyendo el 42 por ciento.
Por tipo de delito imputado, 3 mil 589 personas están recluidas por delitos del fuero común, equivalente al 70 por ciento, y 1 mil 561 por delitos del fuero federal, que abarca el 30 por ciento de la población total.
En la distribución por centro penitenciario, el recinto de El Castillo en Mazatlán no registra sobrepoblación en términos de capacidad instalada, ya que cuenta con capacidad para 1 mil 862 personas y mantiene una población de 1 mil 406 internos, disponiendo de 456 lugares libres.
De igual forma, el Centro Penitenciario Goros II en Los Mochis alberga a 1 mil 351 internos sobre una capacidad de 1 mil 859 espacios, dejando 508 lugares disponibles, mientras que el penal de la Región Évora en Angostura cuenta con 121 personas para 150 espacios.
Por su parte, el Centro Federal de Readaptación Social Número 8 ubicado en Guasave mantiene a 2 mil 165 reclusos en una capacidad diseñada para 2 mil 520.
La concentración del excedente de población penitenciaria se focaliza en el Centro Penitenciario Aguaruto en Culiacán, el cual posee capacidad para 1 mil 855 personas y alberga a 2 mil 272 internos, lo que genera una sobrepoblación de 417 personas equivalente al 22.5 por ciento.
El informe oficial establece que la exigencia de un nuevo centro penitenciario federal en Sinaloa no deriva primordialmente de una saturación del cupo físico a nivel estatal, sino del perfil de los internos de alta peligrosidad pertenecientes a facciones rivales de la delincuencia organizada.
La presencia de internos procesados y sentenciados por delitos del fuero federal al interior de reclusorios estatales sin infraestructura de máxima seguridad dificulta la contención de enfrentamientos y la neutralización de redes operativas internas.
La edificación de la nueva sede penitenciaria busca reestructurar la custodia de los generadores de violencia e impedir la reiteración de agresiones armadas como las ocurridas en El Castillo de Mazatlán.
