La Consejería Jurídica de la Presidencia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentaron dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, aprobada por el Poder Legislativo el pasado mes de agosto, debido a que consideró irregularidades en varios puntos de la norma.
Los pasados 31 de septiembre y primero de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió las dos impugnaciones con números 126/2026 y 127/2026, en contra de varios puntos de la Ley, los cuales considera que no coinciden con lo estipulado por el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión durante la reforma judicial, donde destacan puntos como el modo en que se definió la aceptación de licencias para jueces y magistrados, la conformación del Consejo de Administración y algunas facultades de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dirigido actualmente por el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López.
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El pasado martes 6 de octubre, el Gobierno del Estado confirmó durante la mañanera que tenían conocimiento de dichas acciones de inconstitucionalidad, pero desconocían detalles de la impugnación.
ZETA logró confirmar que las impugnaciones específicas son en contra de los artículos 24 y 42, así como el 43 y 216, en lo que respecta a las atribuciones de la Presidencia y la conformación del Consejo; mientras que en el otorgamiento de licencias se impugnaron los artículos 20 y 24, además del 285,
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Uno de los puntos que también cuestiona e la creación de la Secretaría Técnica y de Gestión Institucional, así como sus funciones como órgano administrativo del Tribunal Superior.
De una manera concreta, las licencias otorgadas para jueces y magistrados pueden ser otorgadas durante dos meses por el mismo tribunal, mientras que la Ley Federal dice que solamente uno, lo que podría ser la motivación de la queja.
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Respecto a la conformación del Consejo de Administración aún no se conoce el trasfondo, pero una de las grandes criticas al PJE es que exista una duplicidad de funciones por parte del Presidente del TSJE, pues en Baja California se le otorgó la posibilidad de dirigir también el Consejo de Administración, algo que la SCJN ha considerado ilegal en otras ocasiones, pero que no le importó a los diputados dirigidos por Juan Manuel Molina, cuando se llevaron a cabo los trabajos de la Ley Orgánica.
