A pesar de haber obtenido el sobreseimiento de su causa penal en Tijuana por la prescripción del delito de portación de arma de fuego, Héctor Manuel Gil García, alias el Kado, continuará privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social de Mérida, en Yucatán.
La permanencia en prisión del procesado obedece a que enfrenta en esa entidad un proceso penal por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cartuchos también de uso reservado del Ejército.
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Recientemente, el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimocuarto Circuito, en Mérida, confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra dentro del toca penal acusatorio 93/2026.
La resolución judicial, emitida con la ponencia de la magistrada Guadalupe Belem Lobato Rodríguez, ratificó el fallo emitido por una jueza de control federal al estimar la existencia de datos de prueba suficientes presentados por el Ministerio Público de la Federación.
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El expediente penal extinguido en Tijuana se remonta a agosto de 2016, cuando elementos policiales interceptaron a Gil García en el fraccionamiento Chapultepec, asegurándole una pistola escuadra, un cargador y dos cartuchos útiles.
En aquella fecha, el Ministerio Público decretó su libertad provisional al no requerir prisión preventiva oficiosa y acreditar el imputado su arraigo en la ciudad.
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Al no comparecer posteriormente a los citatorios para la formulación de imputación, la autoridad judicial lo declaró sustraído de la justicia y libró una orden de aprehensión en su contra.
El mandato judicial fue ejecutado en reclusión en el penal de Mérida en agosto de 2026 por agentes de la Policía Federal Ministerial.
No obstante, la defensa promovió el recurso de apelación y el Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en fallo emitido el primero de octubre de dos mil veintiséis dentro del toca 477/2026, decretó el sobreseimiento por la prescripción de la acción penal.
Pese a que la juzgadora de origen giró el oficio de libertad exclusiva por la causa de Tijuana al director del reclusorio de Mérida, la orden no derivó en la excarcelación del procesado debido al proceso penal que mantiene abierto en Yucatán.
Este expediente deriva de la detención de Gil García realizada el 22 de julio del año en curso por autoridades federales en la Carretera Federal 180.
De acuerdo con las constancias de la causa penal, la intervención ocurrió momentos antes de las 20:20 horas en el estacionamiento de una tienda de conveniencia contigua a una estación de servicio.
Los agentes captores intervinieron al imputado cuando se encontraba acompañado de su esposa a bordo de una camioneta tipo SUV marca GMC, línea Yukon, color negro, con placas de Quintana Roo.
Durante la inspección corporal, los elementos aprehensores localizaron a la altura de la cintura del detenido un arma de fuego tipo pistola calibre .380, marca Springfield Armory, con su cargador y un cartucho útil.
En la revisión practicada al vehículo, las autoridades aseguraron en la cajuela dos cartuchos útiles adicionales, una bolsa con clorhidrato de metanfetamina, un paquete con Cannabis sativa L., una báscula gramera digital y bolsas sintéticas de empaque.
Con base en estos hallazgos, el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló la imputación correspondiente y obtuvo la vinculación a proceso el 30 de julio siguiente, con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
En la apelación tramitada en Mérida, los defensores particulares arguyeron inconsistencias en el Informe Policial Homologado, errores en las coordenadas geográficas y violaciones en la cadena de custodia de las evidencias.
Al resolver el toca 93/2026, los magistrados del tribunal de alzada desestimaron los agravios al concluir que los datos de prueba corroboran la narrativa fáctica de los agentes captores y acreditan la existencia material de las armas y los narcóticos.
Gil García, señalado por las autoridades como presunto generador de violencia y líder de células operativas del Cártel Arellano Félix en Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito, continuará internado en el reclusorio de Mérida.
Hasta ahora no se ha ejercitado acción penal en su contra por conductas delictivas referidas por las autoridades como trasiego transfronterizo de drogas y extorsión, entre otras.
En todo momento del proceso judicial en su contra opera el principio constitucional de presunción de inocencia, conforme al cual el procesado debe ser considerado y tratado como inocente mientras no exista una sentencia ejecutoriada dictada por la autoridad jurisdiccional competente.
