El gabinete de seguridad federal confirmó su respaldo institucional para intervenir de manera directa en el sistema penitenciario de Sinaloa, luego de la violenta jornada registrada en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, que dejó un saldo trágico de 10 personas fallecidas —incluyendo a un menor de edad— y 16 lesionados.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó la importancia de la intervención federal y declaró: “Se está trabajando con ella [la gobernadora] para reforzar el sistema penitenciario de Sinaloa”.
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Asimismo, la mandataria apuntó sobre las acciones institucionales que “el gabinete de seguridad está apoyando” para esclarecer los hechos y restablecer el orden en los centros de reclusión.
En su intervención, la titular del Ejecutivo federal también profundizó en la atención institucional hacia las personas privadas de la libertad y sus seres queridos, afirmando de manera textual que “siempre se hace, siempre se hace, el sistema penitenciario estatal y federal tiene esa obligación” respecto a la comunicación con las familias de los internos.
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Al ser cuestionada sobre las indagatorias del caso, Sheinbaum ratificó que “ya lo informará el gabinete de seguridad”, reiterando que se investigará a fondo el motivo del motín y las circunstancias que permitieron la vulneración de los controles de seguridad.
Este sangriento episodio no surge en el vacío institucional: apenas semanas atrás, el centro de reclusión había sido reprobado contundentemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025, obteniendo una calificación de 5.25 sobre 10, ubicada dentro del rango rojo de evaluación.
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El informe de la CNDH dejó al descubierto una serie de deficiencias estructurales críticas en El Castillo. Mientras que el promedio general del estado de Sinaloa se ubicó en un deficiente 5.02 puntos —con su contraparte, el penal de Goros II, registrando un desalentador 4.79—, el penal mazatleco evidenció graves fallas en materia de gobernabilidad, control institucional y protocolos de seguridad.
La escala del organismo protector de derechos humanos sitúa las calificaciones menores a 5.9 en la categoría de riesgo máximo, un presagio documentado de las condiciones de vulnerabilidad que imperaban tras los muros.
DÉFICIT DE CUSTODIOS, ACTIVIDADES ILÍCITAS Y NULA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
Entre las anomalías más graves detectadas por el organismo autónomo durante sus supervisiones destaca la alarmante insuficiencia de personal de seguridad y custodia, un factor determinante que socava la capacidad de respuesta y el control del penal frente a pugnas entre grupos internos.
A este vacío operativo se sumó la comprobación de actividades ilícitas al interior del complejo, así como la ausencia de mecanismos eficaces para la prevención de incidentes violentos y la protección de los derechos humanos de la población carcelaria.
El documento también evidenció severas deficiencias en las vías institucionales para que las personas privadas de la libertad presentaran quejas, además de irregularidades en la aplicación de sanciones disciplinarias, falta de capacitación continua para los operadores penitenciarios y normatividad interna desactualizada.
Aunque el penal contaba con una población que no rebasaba formalmente su capacidad máxima instalada —registrando 1,247 hombres y 42 mujeres frente a un límite autorizado superior—, las condiciones de gobernabilidad se encontraban gravemente comprometidas por la falta de supervisión estricta y de filtros de seguridad efectivos.
DEFICIENCIAS EN SALUD, ALIMENTACIÓN Y AISLAMIENTO DE RIESGOS
Más allá de la seguridad operativa, el DNSP 2025 documentó condiciones materiales e higiénicas precarias en los dormitorios, agravadas por deficiencias crónicas en los servicios de salud y en las áreas destinadas a la cocina y los comedores.
La CNDH enumeró fallas críticas en la infraestructura destinada a la estancia digna, instalaciones deterioradas para la comunicación con el exterior y una marcada insuficiencia de espacios médicos adecuados para atender contingencias sanitarias dentro de la población penitenciaria.
Otro de los flancos más vulnerables señalados en el diagnóstico fue la inadecuada clasificación de los internos, advirtiendo una deficiente separación entre personas procesadas y sentenciadas. Esta mezcla administrativa vulnera los principios básicos de reinserción social y presunción de inocencia, propiciando un ambiente propicio para el autogobierno y las disputas de poder.
Aunque el informe reconoció de manera favorable la existencia de algunas actividades laborales y programas de desintoxicación, estas acciones resultaron insuficientes frente al deterioro generalizado de la estructura institucional.
INVESTIGACIÓN INTEGRAL Y COMUNICACIÓN CON FAMILIARES DE INTERNOS
Durante la conferencia oficial, se enfatizó que el gabinete de seguridad nacional mantiene una estrecha colaboración con la administración estatal para esclarecer los hechos. Respecto a las indagatorias sobre el origen de la revuelta, las autoridades aseguraron que el motivo del motín será investigado a fondo y sus resultados se informarán puntualmente a la ciudadanía.
Asimismo, se garantizó que los protocolos de comunicación y atención a las familias de los internos se mantendrán activos, cumpliendo con la obligación legal que tienen tanto el sistema penitenciario estatal como el federal de salvaguardar los derechos de los afectados. Mientras tanto, las fiscalías continúan con las diligencias para determinar responsabilidades en el ingreso de armas y la vulneración de los controles de seguridad.
