El 7 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum reclamó: “He escuchado que dicen que los Programas de Bienestar sustituyeron la inversión pública, y eso no es cierto”, y tras una explicación rebuscada, aseguró: “Estamos impulsando la obra pública y al mismo tiempo los Programas de Bienestar”.
La Presidenta de México insiste en repetir esta versión, a pesar de que agrupaciones como el Centro de Investigación Económica Presupuestaria y el Instituto Mexicano para la Competitividad han evidenciado, ante la prensa nacional, basados en las cifras oficiales de Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el INEGI: que el gasto social creció 9.7% real anual, mientras la inversión pública cayó 7.9%; que los Programas del Bienestar suman el 3% del PIB y la inversión apenas el 2.5%.
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Que el aumento histórico de la deuda externa -a 157 mil 448.6 millones de dólares- que representa el 55% del PIB, y los pagos de pensiones, dejan muy poco del presupuesto “para mantenimiento e infraestructura”.
Uno de los peores reflejos de estos números se padece en el sector salud, que, en Baja California, de nuevo está haciendo crisis.
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Previo a las administraciones de Morena, cada año, a finales del ciclo, usualmente en el mes de octubre, los gobiernos mal administrados se quedaban sin dinero y se agudizaba la escasez de medicamentos, de personal y de equipo.
Esa crisis es más evidente en la actualidad, ante las deficiencias provocadas por la falta de inversión de los gobiernos en mantenimiento, y el aumento de personas derechohabientes incluidas con la implementación del sistema IMSS Bienestar.
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Las denuncias públicas hechas por los trabajadores de la medicina -a pesar de temer por sus trabajos-, acompañando los reclamos de los derechohabientes, por la falta de medicinas, de doctores, enfermeras y el no mantenimiento de los equipos médicos, de energía eléctrica, o elevadores, que permanecen descompuestos durante meses o años, han sido constantes; prácticamente permanentes.
Esto sin que nadie de respuesta de fondo, ni el Gobierno Federal representado por un delegado del IMSS bienestar ausente del que sólo se conoce su nombre, Miguel Romero; ni los secretarios de Salud del Estado, Adrián Amarillas, quien dejo el cargo en agosto del 2026, y su suplente, el doctor Dagoberto Valdés.
A los reclamos de escasez cotidianos, el pasado mes de agosto, en el Hospital General de Tijuana, los cirujanos sumaron una denuncia por el mal funcionamiento de los elevadores, que pone en riesgo a los pacientes delicados que requieren estudios, y muchos deben ser trasladados a los laboratorios por las escaleras.
Los usuarios también reportaron que no había “reactivos para química sanguínea (glucosa, urea, creatinina). No hay electrolitos sodio, potasio, cloro y magnesio. No hay fosfatasa alcalina, LDH y GGT. No hay LIPASA, No hay T4 Total, Troponina I. No hay CA 19-9”.
Este mes de septiembre, los empleados del Hospital General de Ensenada exhibieron la falta de insumos para urgencias: “Escasez de jeringas, agujas, batas estériles, cubrebocas y medicamentos de primera línea, así como la inoperancia de autoclaves y calderas para la esterilización”, y estudios médicos: “Se cancelan toma de muestras de pacientes de consulta externa hasta nuevo aviso por falta de insumos”, declararon a ZETA, y recordaron que estas condiciones de escasez persisten desde el año 2024.
Condiciones similares se viven u se han denunciado en Mexicali, Tecate y Rosarito, y en los hospitales del IMSS de la región, donde además de la falta de medicamentos, y elevadores o equipo médico descompuesto, las citas médicas o para una cirugía tardan meses y meses en programarse; a algunos enfermos de plano los citan hasta el año siguiente.
Eso es en el Gobierno Federal, pero localmente la situación es similar en los hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, administrado por el gabinete de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Apenas la semana pasada, ZETA recibió la denuncia de un médico especialista del hospital Fray Junípero Serra en Tijuana, quien informó que el equipo que comparte energía eléctrica a los quirófanos lleva un año dañado; más de 600 días en los que esta falta de mantenimiento ha generado rezago de cirugías, riesgos de contaminación y servicio deficiente, porque “sólo funcionan dos quirófanos y la sala de hemodinamia”.
Esta semana, el Hospital General de México denunció algo desafortunadamente común en Baja California: el desabasto de medicina contra el cáncer. Así, con un sistema de salud tan deficiente, la vida de los derechohabientes se pone en riesgo.
Si la carencia es de medicinas o materiales, el personal médico, los pacientes y sus familias son obligados a pagar por la compra de los insumos que la autoridad responsable no está cubriendo. Pero si las insuficiencias son de equipo médico o especialistas, entonces el gasto para el enfermo se multiplica, porque es orillado a atenderse en privado, y a veces no alcanza.
Como un alto porcentaje de los derechohabientes de estas instituciones, son los mismos que reciben apoyos de los Programas del Bienestar, entonces resulta que: por un lado, les entregan becas de dos mil 400 a 6 mil 300 pesos bimestrales; pero si se enferman, son obligados a pagar varios miles de pesos por medicinas, estudios, análisis, materiales o médicos que los gobiernos estatales y federal no están proveyendo.
En estas condiciones se hace necesario un análisis real. Los Programas de Bienestar, por buenos que sean, no pueden sustituir la inversión en mantenimiento y obra pública, menos si se trata del evidente abandono del sector salud. Hoy, ni los números ni la realidad cuadran con el discurso; habrá que revisar el presupuesto del 2027, para saber si para el gobierno de Sheinbaum siguen siendo más relevantes los becarios que los enfermos mexicanos.
