Las denuncias públicas hechas por los trabajadores de la medicina -a pesar de temer por sus trabajos-, acompañando los reclamos de los derechohabientes, por la falta de medicinas, de doctores, enfermeras y el no mantenimiento de los equipos médicos, de energía eléctrica, o elevadores, que permanecen descompuestos durante meses o años, han sido constantes; prácticamente permanentes.
Además de que el propio Código Penal para la ciudad de México establece: “Los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares serán responsable de los delitos que comentan en el ejercicio de su profesión sin perjuicio de las prevenciones contenidas en la Ley General de Salud”.
La discusión sobre el debate de despenalizar y regular la eutanasia (la acción deliberada de un médico para poner fin a la vida del paciente) y el suicidio asistido (el médico le proporciona los medios, pero es el paciente quien ejecuta la acción) plantea una pregunta fundamental sobre la intervención del Estado para prolongar la vida del paciente, a pesar de su voluntad y no obstante el sufrimiento que implique la enfermedad que padezca.
Durante la administración del XXIV Ayuntamiento se han cancelado 148 cuentas por vender pases médicos irregularmente; de ellas, el 88 % han sido los profesionales de la medicina
