Alrededor de un centenar de personas se manifestó contra el proyecto. Advirtieron impactos urbanos, ambientales y económicos, mientras el Ayuntamiento aseguró que mantendrá mesas de trabajo con los inconformes.
Residentes y comerciantes afectados por las obras del proyecto Sube-T se manifestaron este sábado 11 de julio sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, en Tijuana, para exigir la suspensión del viaducto elevado al considerar que provocará afectaciones urbanas, ambientales y económicas en la zona.
Alrededor de un centenar de personas protestaron en contra del proyecto, que contempla la construcción de un viaducto elevado con un trazo del Nodo Morelos a Otay. La obra tendrá una longitud de 12 kilómetros y, de acuerdo con el Gobierno del Estado, busca optimizar la movilidad y beneficiar a alrededor de 100 mil automovilistas.
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Guadalupe Ramírez, residente e integrante del Comité de Seguridad de FOVISSSTE, señaló que la intención de los vecinos es frenar por completo el proyecto, al considerar que generará afectaciones urbanas, ambientales y a la calidad de vida de quienes habitan en el área.
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“Estamos teniendo problemas con la vialidad porque se han cerrado vías; hay un solo carril y luego la empresa cierra y no pueden salir de la zona. Ya hubo deforestación de toda esta parte del camellón. En el bulevar Limón Padilla ya nos quitaron el alumbrado público que estaba en medio. Ya una vez que esté el puente, vamos a tener primero que nada problemas de salud, porque tienen proyectado un flujo vehicular de 100 mil carros diarios”, señaló.
La representante de más de 200 vecinos de diversas colonias agregó que se trata de un proyecto “elitista”, ya que será una vialidad de cuota con una tarifa estimada de 10.5 pesos por kilómetro, lo que, dijo, la vuelve inaccesible para estudiantes y personas que diariamente transitan por esa zona.
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Por su parte, Víctor Manuel Cortés, ingeniero, exvicepresidente del Colegio de Ingenieros de Tijuana y comerciante afectado, comentó a ZETA que, a un mes de la última reunión con el secretario de Infraestructura, Arturo Espinoza Jaramillo, no ha habido avances en las mesas de trabajo, por lo que acusó incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno del Estado.
“Ya vamos para cinco semanas y él quedó en darnos respuesta en una semana. Ahí está la irresponsabilidad de este tipo de funcionarios. En otra reunión nos citaron con semanas de anticipación en la delegación Centenario y de último momento cambiaron la sede a la UABC. Enviaron al director de Movilidad a notificarnos, pero esta obra corresponde a la SIDURT, no a su área. Desde nuestra perspectiva, habló de un tema que no es de su competencia”, afirmó.
Cortés recordó que alrededor de 50 comerciantes resultarían directamente afectados por la obra, al considerar que un viaducto de esa magnitud reducirá la visibilidad de los negocios y el flujo de clientes en la zona. Además, cuestionó modificaciones al proyecto que, dijo, contravienen el decreto firmado por las empresas y el Gobierno del Estado, al contemplar ahora la invasión de una plaza comercial.
“Va a ser la muerte de los negocios. Ahorita desayunas o comes viendo árboles y áreas verdes bien cuidadas. El día de mañana, en lugar de ver eso, vas a tener un monstruo de concreto enfrente”, expresó.
En tanto, Elisa Gutiérrez, también residente del área, explicó que, pese a haberse acercado en reiteradas ocasiones a dependencias estatales y municipales, ninguna autoridad les ha dado una respuesta concreta y, por el contrario, se han deslindado de la situación.
Asimismo, aseguró que las autoridades se han negado a mostrarles los permisos de impacto ambiental y de construcción del proyecto, lo que consideró una violación a su derecho de acceder a información relacionada con una obra pública.
“Las autoridades no nos han dicho nada. Nos tienen en el limbo. No nos dan contestación; se echan la bolita unos a otros. Los que han llegado a responder únicamente nos dicen: ‘No nos compete’. Es todo”, expresó Gutiérrez.
Tanto comerciantes, quienes han promovido alrededor de 14 amparos contra la obra, como residentes de la zona adelantaron que analizan presentar nuevos recursos legales, al considerar que el proyecto es una “injusticia”, ya que, aseguran, nunca fueron consultados antes del inicio de su ejecución.
Finalmente, Cortés lamentó que, a su juicio, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial priorice los intereses de quienes se verán beneficiados con la obra por encima de las demandas de los ciudadanos que han solicitado transparencia y atención a sus planteamientos.
“El secretario de Infraestructura defiende más a los constructores que a los ciudadanos. Entonces, ¿de qué lado están? ¿Para quién trabajan? ¿Para el pueblo al que representan o para los negocios particulares? Es una obra que, como cualquier otra, es perfectible”, concluyó.
En respuesta a las inconformidades, el secretario de Gobierno Municipal, Ramón Vázquez, informó que el Ayuntamiento ha sostenido reuniones con comerciantes de la zona y que estos solicitaron información relacionada con el proyecto mediante mecanismos de transparencia. Agregó que las mesas de trabajo continuarán para dar seguimiento a sus planteamientos, aunque recordó que se trata de una obra de competencia federal.
Por su parte, la síndica procuradora, Teresita de Jesús Balderas Beltrán, informó que la Sindicatura ha respondido cuatro amparos promovidos por ciudadanos relacionados con la obra. Precisó que, aunque el proyecto es de competencia federal, el Ayuntamiento ha atendido las solicitudes presentadas y los procedimientos administrativos que le corresponden.
