La noche del 23 de Diciembre de 2014 fue aprobada por el Congreso del Estado (Comisión de Hacienda) la actual Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), publicada en el Periódico Oficial del Estado el 17 de febrero de 2015.
Entre sus principales objetivos se encontraban los siguientes: Sanear las finanzas del Instituto; eliminación de la “Jubilación Dinámica”; establecimiento de un salario regulador, y la separación con leyes propias a Magisterio y Burocracia; y la incorporación del personal de confianza al régimen de seguridad social.
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El Artículo 5 de la nueva ley (2015) estipula que el trabajador de la Educación deberá aportar obligatoriamente el 16 por ciento del salario base de cotización, aplicado de la siguiente manera: 4 por ciento para enfermedades no profesionales y de maternidad.
En el Artículo 8 se establece la obligatoriedad de que el Ejecutivo del Estado y municipios cubran al Instituto como aportaciones el 31 por ciento sobre el salario base de cotización.
En esta nueva Ley se estableció que el requisito para la jubilación de las nuevas generaciones sería contar con 65 años de edad y 30 años de servicio e igual tiempo de contribución al Instituto; para la generación actual 2022-2023, 59 años; y del 2024 en adelante, 60 años.
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Cabe enfatizar que todos y cada uno de los objetivos que se plantearon en contra de los trabajadores fueron alcanzados al 100 por ciento, pero los relativos al saneamiento de las finanzas ninguno. Por el contrario, utilizando como moneda de cambio al Magisterio y Burocracia se pidieron préstamos enormes durante la administración de Francisco Vega de la Madrid y Jaime Bonilla, mismos que se obtuvieron, pero fueron destinados a otros rubros.
La corrupción en Baja California ha llegado a niveles nunca antes vistos: Se piden préstamos para jubilaciones y se destinan a otros rubros; se retienen cuotas sindicales, de cajas de ahorros, instituciones financieras y en el colmo de la impunidad no enteran al SAT los descuentos que realizan a los trabajadores. Y para acabarla de amolar el mismo Gobierno y los diferentes municipios, con excepción de Tijuana, adeudan una cantidad superan a los cuatro mil millones de pesos (20/10/2022, La Voz de la Frontera)
En recientes declaraciones del titular de la Secretaria de Hacienda del Estado, Marco Antonio Moreno Mexia, mencionó que en la restructuración o modificación de la actual Ley de Issstecali se contempla más años laborales, más retenciones y aportaciones, entre otras cosas.
Ya tienen planeada la Reforma de la Ley de Issstecali, pero en ningún momento plantean la necesidad de que se realice una Auditoria Externa Administrativa y Financiera para determinar quién o quiénes son responsables del quebranto financiero del Instituto y del saqueo de la reserva técnica, tanto de Magisterio como de Burocracia. Y sean demandados por la Vía penal todos quienes hayan cometidos actos ilícitos.
Todos los caminos de la Corrupción conducen a Kiko Vega y a sus colaboradores, y proporcionalmente a la administración de Jaime Bonilla.
Esperemos que no tengamos en puerta otro “Diciembre Negro” y se vuelva a repetir lo del 2015: que aprovechando que todo mundo anda con el espíritu navideño, nuestro nada honorable Congreso del Estado haga las reformas utilizando el “Fast Track”, sin antes consensar o socializar las medidas que piensan implementar en torno a este tema. Sindicatos y trabajadores tienen la palabra. Si aumentan la edad para jubilación de 65 a 70 años, ahora sí que literal: del pizarrón al panteón mis queridos compañeros.
Atentamente,
Francisco Heredia Guzmán.
Tijuana, B.C.
