La acción de la UIF derivó de alertas automáticas bancarias activadas por señalamientos públicos de autoridades estadounidenses, no de una investigación propia de la dependencia.
Sostenía Gertz que al bloquear cuentas, la UIF, ante la presunción de lavado de dinero, violaba el orden jurídico y también las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano que se había pronunciado contra tal medida. Mientras, Nieto argüía el combate a la criminalidad organizada y los cárteles de las drogas.
El proyecto del ministro Figueroa Mejía evita pronunciarse sobre el fondo del requerimiento de la UIF, dejando abierta la posibilidad de acciones legales futuras si se detectan operaciones irregulares.
