Hacienda ordenó el congelamiento de cuentas bancarias a 46 sujetos sancionados por Estados Unidos, entre personas físicas y empresas, entre ellas el exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, resolvió la incorporación formal a la Lista de Personas Bloqueadas de los individuos y empresas sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
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La medida administrativa aplicada por el Gobierno de México dispuso el congelamiento inmediato de las cuentas bancarias, depósitos e instrumentos financieros en el sistema bancario nacional pertenecientes a 21 personas físicas y 25 entidades morales asociadas a las redes operativas, logísticas, financieras y de protección del Cártel de Sinaloa en el estado de Baja California.
La Unidad de Inteligencia Financiera precisó que, derivado de la designación formulada por la autoridad estadounidense, se llevó a cabo el análisis de la información disponible en las instituciones financieras del país, detectando operaciones de riesgo e irregularidades transaccionales que fundamentaron la adopción de este procedimiento preventivo para resguardar el sistema financiero mexicano.
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En el núcleo de las acciones ejecutadas en el estado de Baja California destacan las sanciones contra los hermanos Carlos Alberto Torres Torres y Luis Alfonso Torres Torres, identificados por las agencias de inteligencia como operadores vinculados a la subfacción de Los Rusos en la capital del estado.
De acuerdo con las investigaciones oficiales, Carlos Alberto Torres Torres, exdiputado federal y exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, utilizaba su influencia en la administración pública para otorgar protección institucional a la estructura delictiva comandada por Juan José Ponce Félix.
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Los expedientes establecieron que recibía asignaciones monetarias mensuales procedentes de mandos policiales de Mexicali a cambio de garantizar impunidad operativa.
Por su parte, Luis Alfonso Torres Torres fue señalado como el encargado de recibir dichos fondos y blanquearlos mediante su incorporación en sociedades comerciales.
Entre las entidades objeto del congelamiento de cuentas se encuentra Vida Orgánica Tijuana, empresa fundada en el año 2020 por la gobernadora Ávila Olmeda en sociedad con su entonces cónyuge y su cuñado, de la cual la mandataria estatal transfirió sus acciones el 10 de septiembre de 2026.
El bloqueo bancario incluyó a las firmas Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF.
De manera simultánea, la congelación de recursos financieros dispuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público afectó a los hermanos Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala, ubicados en la estructura comercial y logística de la plaza de Tijuana.
Jerónimo Javier Vera Ayala fue identificado en alianza mercantil directa con el lavador de dinero Jesús González Lomelí para la administración de activos de procedencia ilícita, lo que derivó en la inmovilización de los recursos bancarios pertenecientes a las sociedades Xolo Gas de Baja California, Lthings Mexico, Codesuam y Grupo Baja Firme.
En tanto, Jorge Mario Vera Ayala fue calificado por las autoridades como un enlace logístico dedicado a la coordinación del movimiento de cargamentos e intermediación monetaria para la facción encabezada por Ismael Zambada Sicairos.
La dependencia gubernamental aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas representa una medida preventiva de carácter administrativo que no constituye una sentencia judicial definitiva, por lo que los sujetos sancionados conservan el derecho de ejercer las garantías de audiencia y promover los recursos legales previstos en la normativa aplicable ante las instancias correspondientes.
Asimismo, la medida faculta a las autoridades financieras para supervisar eventuales intentos de triangulación o transferencia de recursos hacia terceros vinculados con los grupos delictivos designados en Baja California.
