A través de un comunicado de prensa, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se deslindó de lo publicado por el gobierno estadounidense, en donde relacionan a Carlos Torres Torres y Pedro Ariel Mendívil con el grupo delictivo denominado “Los Rusos”.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, emitió una postura sobre lo publicado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en donde relacionan a su exesposo Carlos Torres Torres, su excuñado Luis Alfonso Torres Torres y al exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, con el grupo delictivo denominado “Los Rusos”.
Después de que el gobierno de los Estados Unidos señalara a los Torres Torres como facilitadores políticos del grupo delictivo conocido como “Los Rusos”, el Poder Ejecutivo publicó un comunicado para deslindar a la mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
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En la información compartida se señalaron cinco puntos, entre ellos que Ávila Olmeda está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres y que el único interés que comparten es su hijo.
También indicaron que la gobernadora no se encuentra entre las personas sancionadas por la OFAC y que no cuenta con cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero.
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Informaron que la mandataria estatal pidió a la Oficialía Mayor verificar si las empresas señaladas por el gobierno de los Estados Unidos contaron o cuentan con alguna relación con el Poder Ejecutivo y, de ser así, que los expedientes sean turnados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que se actúe conforme a la ley.
Hasta el momento, no se ha relacionado a ninguna empresa que esté en dicha lista con el Gobierno del Estado; sin embargo, sí existió una relación con la propia Marina del Pilar Ávila Olmeda, ya que fue accionista de la compañía Vida Orgánica Tijuana S. de R. L. de C. V., junto con Carlos Torres Torres, pero dejó de serlo en septiembre de este 2026.
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Finalmente, puntualizaron que las personas señaladas en la publicación del gobierno estadounidense tendrán que atender directamente su situación ante dicha autoridad.
Aquí el comunicado textual:
Mexicali, Baja California, a 29 de septiembre de 2026
SOBRE LA RECIENTE INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN RELACIÓN A LISTADOS DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS
Ante la información emitida por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del gobierno de los Estados Unidos, en donde se menciona a particulares, el Gobierno del Estado de Baja California puntualiza lo siguiente:
PRIMERO. La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres. El único interés que comparte es el bienestar de su hijo.
SEGUNDO. La gobernadora no figura entre las personas sancionadas por la OFAC.
TERCERO. La gobernadora no posee cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero. Su patrimonio está declarado ante las autoridades mexicanas.
CUARTO. La gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor a verificar si las empresas señaladas por la OFAC han contratado con el Gobierno del Estado y a remitir los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que actúe conforme a la ley.
QUINTO. Las personas señaladas deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes, que serán las encargadas de informar sobre las investigaciones. El Gobierno del Estado no hablará en su nombre y continuará enfocado en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de Baja California.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda continuará concentrada en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de las y los bajacalifornianos.
LOS TORRES Y LOS RUSOS
De acuerdo al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la plaza de Mexicali se encuentra bajo el dominio de la subfacción de Los Rusos, comandada por Juan José Ponce Félix, identificado también como Jesús Alejandro Sánchez Félix y conocido con el alias de El Ruso.
La resolución oficial de la autoridad financiera sostiene que la operatividad de este grupo descansa en una red de narco-corrupción que involucra a funcionarios estatales hasta los niveles superiores del gobierno de Baja California, y en la que intervienen los hermanos Carlos Alberto Torres Torres y Luis Alfonso Torres Torres.
Carlos Alberto Torres Torres, nacido en Mexicali y graduado de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, desempeñó diversos cargos en la administración pública y en la estructura partidista a lo largo de tres décadas.
Ocupó la dirección del Programa de Juventud en Tijuana de 1998 a 2001, la Secretaría Nacional de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional de 2001 a 2004, una diputación federal por representación proporcional de 2006 a 2009, la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social en Baja California y la candidatura a la presidencia municipal de Tijuana en 2010 por la coalición Alianza por Baja California.
En su primer matrimonio, celebrado en Ensenada en julio de 2009, contó como padrino con el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Posteriormente, en septiembre de 2019, contrajo segundas nupcias con la entonces alcaldesa electa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en una ceremonia que contó entre los asistentes con el entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez.
En el año 2019, Torres Torres fue expulsado del Partido Acción Nacional por su respaldo a la denominada Ley Bonilla, destinada a ampliar la duración del mandato gubernamental, e ingresó formalmente a la militancia del partido Morena el 6 de febrero de 2025, recibiendo durante la administración estatal de su esposa el nombramiento de coordinador honorario de Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos.
Las investigaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos determinaron la cancelación de la visa consular de Carlos Alberto Torres Torres en mayo de 2025, al documentar su alianza con la jefatura de la facción comandada por Juan José Ponce Félix y el uso de su influencia política para facilitar las operaciones del cártel y proteger a la organización frente a la intervención de las corporaciones de seguridad en Baja California.
De acuerdo con el expediente del Departamento del Tesoro, Carlos Alberto Torres Torres recibía pagos monetarios mensuales entregados por el exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García, con el objetivo de garantizar la impunidad de las actividades delictivas de la facción en el territorio estatal.
El procesamiento y la canalización de los recursos financieros recaudados por este entramado de protección en Mexicali fueron atribuidos a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Alberto Torres Torres.
Las autoridades estadounidenses señalaron que Luis Alfonso Torres Torres era el encargado de captar los montos procedentes de los sobornos policiales para blanquearlos mediante su inyección en empresas comerciales y en el financiamiento de campañas políticas.
A partir de estas imputaciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros colocó en la lista de entidades bloqueadas a cinco empresas propiedad de Luis Alfonso Torres Torres o bajo su dirección corporativa: Vida Organica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y la firma Distribuidora y Comercializadora ATAF.
La sanción aplicada a la firma Vida Organica Tijuana se presenta tras una modificación en su composición accionaria registrada ante las instancias notariales del estado.
La sociedad mercantil fue constituida en el año 2020 en el municipio de Tijuana por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en sociedad con su entonces cónyuge Carlos Alberto Torres Torres, su cuñado Luis Alfonso Torres Torres y los particulares Juan Manuel Lameiro Camacho, María del Socorro Terrazas y Miriam Miranda Hernández, para la explotación de un establecimiento de productos naturales.
Ávila Olmeda, abogada por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior y con maestrías por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Autónoma de Baja California, se desempeñó como diputada federal por el Distrito 2 de 2018 a 2019, alcaldesa de Mexicali de 2019 a 2021, gobernadora de la entidad desde el 1 de noviembre de 2021 y presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores desde el 10 de diciembre de 2024.
El 10 de mayo de 2025, Carlos Alberto Torres Torres anunció públicamente la revocación de su visa de no inmigrante por parte del gobierno estadounidense, señalando que la medida obedecía a disposiciones administrativas internas y que iniciaría un recurso legal para reconsiderar el fallo consular.
Horas después, durante la madrugada del 11 de mayo de 2025, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda hizo público a través de sus redes digitales que había recibido una notificación consular de carácter similar a la emitida contra su cónyuge.
Quince meses después de aquella notificación, el 10 de septiembre de 2026 —diecinueve días antes de la publicación del decreto de sanciones emitido por el Departamento del Tesoro—, la empresa Vida Organica Tijuana realizó una rectificación en sus escrituras constitutivas mediante la cual la mandataria estatal quedó excluida de la sociedad mercantil y Carlos Alberto Torres Torres duplicó su participación accionaria, concretando la transferencia de los títulos corporativos.
De este modo, la titular del Ejecutivo estatal formalizó la desvinculación jurídica del único bien mercantil asignado a su patrimonio personal antes de la difusión de la lista oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
