El Departamento del Tesoro sancionó a 21 operadores financieros y políticos vinculados a la facción del Mayito Flaco y El Ruso. Autoridades de Estados Unidos congelan activos a implicados en ese país. Marina del Pilar Ávila Olmeda rectificó escrituras de Vida Orgánica antes de las sanciones financieras
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Este martes 29 de septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una medida administrativa de sanción dirigida contra 21 personas físicas y 25 entidades corporativas vinculadas a las estructuras operativas, logísticas y financieras del Cártel de Sinaloa en el estado de Baja California.
Entre los designados en la lista negra de cabecillas del narcotráfico y lavado de dinero, fueron incluidos los hermanos Jorge Mario y Jerónimo Vera Ayala, así como los hermanos Torres Torres: Luis Alfonso y Carlos Alberto, este último exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
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La autoridad norteamericana dispuso la congelación inmediata de activos patrimoniales, el bloqueo de cuentas financieras y la prohibición general de transacciones comerciales para líderes de células, jefes de plaza, operadores cambiarios, facilitadores corporativos y antiguos funcionarios públicos con centro de actividades en las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali.
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que la acción oficial tiene por objeto neutralizar a los mandos del crimen organizado, así como a las redes de protección institucional y a los intermediarios financieros que permiten el traslado de sustancias ilícitas hacia el territorio estadounidense.
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Las indagatorias fueron desarrolladas en forma conjunta entre agencias federales de seguridad e inteligencia, entre las que se encuentran la Administración para el Control de Drogas, la Oficina Federal de Investigaciones, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, el Comando Norte de los Estados Unidos y el Grupo de Trabajo Conjunto Interinstitucional contra los Cárteles.
*• MAYITO FLACO*
En la cúspide de la estructura directiva identificada por la autoridad financiera estadounidense figura Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, a quien las agencias del vecino país señalan como el conductor principal de la facción denominada Los Mayos tras la detención de su padre, Ismael Zambada García, ocurrida en julio de 2024.
La aprehensión de Zambada García desencadenó una confrontación interna entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos por el dominio de rutas, plazas y alianzas estratégicas en el estado de Sinaloa y otras regiones del territorio mexicano, generando una situación de estancamiento operativo que forzó a ambos grupos a reorganizar sus mandos directivos.
Zambada Sicairos, quien posee doble nacionalidad mexicana y estadounidense, nació en la ciudad de Anaheim, California, en el año 1982, y tramitó un cambio de nombre legal a Fernando Sicairos Aispuro en el año 2001 en un intento por ocultar sus nexos familiares.
Su expediente en los tribunales estadounidenses registra un procesamiento formal dictado en julio de 2014 por un gran jurado federal del Distrito Sur de California por cargos relativos al tráfico de narcóticos y al lavado de dinero.
• LOS DEL AQUILES
En el primer círculo de colaboradores de Zambada Sicairos se ubica a Hildegardo Gastelum García, alias Aldo, propietario de la empresa Servicios Hoteleros Gastelum con sede en la ciudad de Culiacán, cuyos flujos de ingresos corporativos son utilizados para el financiamiento de la confrontación armada contra facciones rivales.
Asimismo, la conducción del grupo integra a los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte, conocido como el Güero Chompas, y Francisco Javier Mendoza Uriarte.
Mendoza Uriarte se desempeña como jefe de seguridad de la facción tras haber liderado células operativas en Baja California, auxiliado por Lorenzo Castillo Maldonado, operador liberado de una prisión mexicana mediante el pago de sobornos a funcionarios y encargado de la contratación de personal para la ejecución de homicidios en el sur de California, tráfico de drogas y gestión de recursos monetarios ilícitos.
El control operacional de los puntos de cruce e inspección en el municipio de Tijuana se atribuye a los hermanos Alfonso Arzate García, alias el Aquiles, y René Arzate García, alias la Rana, quienes encabezan la jefatura de la plaza de manera conjunta desde hace quince años mediante el uso de violencia, alianzas locales y esquemas de corrupción institucional y policial.
En febrero de 2026, el Departamento de Justicia y el Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado actualizaron los cargos contra René Arzate García para incorporar imputaciones por narcoterrorismo, ofreciendo recompensas de hasta cinco millones de dólares por información orientada a la captura de cada uno de los hermanos Arzate García, a la par de reclasificar su estatus bajo la Orden Ejecutiva 13224.
La línea de mando subordinada a los hermanos Arzate García integra a Pedro Humberto Martínez Rodríguez, alias el Gordo Flubber; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, alias el Cabezón; y Franklin Ernesto Huezo Hernández, alias el Ranchero, encargados de la supervisión de la producción, traslado de fentanilo y ejecución de actos de violencia en la región fronteriza.
El esquema de procesamiento monetario en el municipio de Tijuana contempla la participación de Ilia Elizabeth Félix Rivera, pareja sentimental de Pedro Humberto Martínez Rodríguez, quien administra la firma Galerías Centro Cambiario, conocida comercialmente como Magic Casa de Cambio.
La entidad cambiaria registra antecedentes de fiscalización por operaciones con el crimen organizado desde la gestión de su anterior propietario y exesposo de Félix Rivera, Omar Guadalupe Ayón Díaz, arrestado por el blanqueo de más de 45 millones de dólares a través de centros cambiarios y posteriormente asesinado en Tijuana en octubre de 2023 por instrucciones de Martínez Rodríguez.
La operativa de esta firma consistía en recolectar dinero en efectivo proveniente del narcotráfico en el sur de California mediante la colaboración con casas de cambio en Estados Unidos, realizar transacciones espejo y transferir los fondos a territorio mexicano para lavar las ganancias del grupo delictivo.
La estructura financiera asignada a la zona tijuanense abarca también al operador Jesús González Lomelí —designado por las autoridades norteamericanas el 18 de septiembre de 2025— y a sus asociados Marco Antonio Moreno Gómez Santélices y Carlos Villela Gómez Santélices, a quienes la resolución atribuye la propiedad y control de un conglomerado compuesto por diez sociedades comerciales: Grupo Baja Fixer, Inteliproof Efficient, Capital Privado Baja, Capital Privado Bursátil, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Wermak Publired, Holistic Wellwaves, Proyecto Alerta Verde y Videovigilancia Colaborativa.
*• LOS VERA AYALA*
En el grupo de operadores comerciales de la plaza de Tijuana destacan los hermanos Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala, identificados localmente bajo la denominación de Los Veritas.
La investigación del Departamento del Tesoro establece que Jerónimo Javier Vera Ayala mantiene una asociación mercantil directa con Jesús González Lomelí en la articulación de actividades de narcotráfico y manejo de recursos financieros de procedencia ilícita a través de negocios conjuntos.
Como consecuencia de esta alianza corporativa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros impuso sanciones directas y el congelamiento de bienes a cuatro entidades mercantiles registradas a nombre de Jerónimo Javier Vera Ayala: Xolo Gas de Baja California, Lthings Mexico, Codesuam y Grupo Baja Firme.
Por su parte, Jorge Mario Vera Ayala fue catalogado por las autoridades estadounidenses como un elemento central de enlace e intermediación entre diversas organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias en Tijuana, asignándole funciones de coordinación logística para el movimiento de enseres ilícitos y la ejecución de operaciones de lavado de dinero en favor del Cártel de Sinaloa.
*• LOS TORRES Y LOS RUSOS*
A noventa millas de distancia de la costa, en la capital del estado de Baja California, la plaza de Mexicali se encuentra bajo el dominio de la subfacción de Los Rusos, comandada por Juan José Ponce Félix, identificado también como Jesús Alejandro Sánchez Félix y conocido con el alias de El Ruso.
La resolución oficial de la autoridad financiera sostiene que la operatividad de este grupo descansa en una red de narco-corrupción que involucra a funcionarios estatales hasta los niveles superiores del gobierno de Baja California, y en la que intervienen los hermanos Carlos Alberto Torres Torres y Luis Alfonso Torres Torres.
Carlos Alberto Torres Torres, nacido en Mexicali y graduado de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, desempeñó diversos cargos en la administración pública y en la estructura partidista a lo largo de tres décadas.
Ocupó la dirección del Programa de Juventud en Tijuana de 1998 a 2001, la Secretaría Nacional de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional de 2001 a 2004, una diputación federal por representación proporcional de 2006 a 2009, la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social en Baja California y la candidatura a la presidencia municipal de Tijuana en 2010 por la coalición Alianza por Baja California.
En su primer matrimonio, celebrado en Ensenada en julio de 2009, contó como padrino con el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Posteriormente, en septiembre de 2019, contrajo segundas nupcias con la entonces alcaldesa electa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en una ceremonia que contó entre los asistentes con el entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez.
En el año 2019, Torres Torres fue expulsado del Partido Acción Nacional por su respaldo a la denominada Ley Bonilla, destinada a ampliar la duración del mandato gubernamental, e ingresó formalmente a la militancia del partido Morena el 6 de febrero de 2025, recibiendo durante la administración estatal de su esposa el nombramiento de coordinador honorario de Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos.
Las investigaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos determinaron la cancelación de la visa consular de Carlos Alberto Torres Torres en mayo de 2025, al documentar su alianza con la jefatura de la facción comandada por Juan José Ponce Félix y el uso de su influencia política para facilitar las operaciones del cártel y proteger a la organización frente a la intervención de las corporaciones de seguridad en Baja California.
De acuerdo con el expediente del Departamento del Tesoro, Carlos Alberto Torres Torres recibía pagos monetarios mensuales entregados por el exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García, con el objetivo de garantizar la impunidad de las actividades delictivas de la facción en el territorio estatal.
El procesamiento y la canalización de los recursos financieros recaudados por este entramado de protección en Mexicali fueron atribuidos a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Alberto Torres Torres.
Las autoridades estadounidenses señalaron que Luis Alfonso Torres Torres era el encargado de captar los montos procedentes de los sobornos policiales para blanquearlos mediante su inyección en empresas comerciales y en el financiamiento de campañas políticas.
A partir de estas imputaciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros colocó en la lista de entidades bloqueadas a cinco empresas propiedad de Luis Alfonso Torres Torres o bajo su dirección corporativa: Vida Organica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y la firma Distribuidora y Comercializadora ATAF.
La sanción aplicada a la firma Vida Organica Tijuana se presenta tras una modificación en su composición accionaria registrada ante las instancias notariales del estado.
La sociedad mercantil fue constituida en el año 2020 en el municipio de Tijuana por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en sociedad con su entonces cónyuge Carlos Alberto Torres Torres, su cuñado Luis Alfonso Torres Torres y los particulares Juan Manuel Lameiro Camacho, María del Socorro Terrazas y Miriam Miranda Hernández, para la explotación de un establecimiento de productos naturales.
Ávila Olmeda, abogada por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior y con maestrías por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Autónoma de Baja California, se desempeñó como diputada federal por el Distrito 2 de 2018 a 2019, alcaldesa de Mexicali de 2019 a 2021, gobernadora de la entidad desde el 1 de noviembre de 2021 y presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores desde el 10 de diciembre de 2024.
El 10 de mayo de 2025, Carlos Alberto Torres Torres anunció públicamente la revocación de su visa de no inmigrante por parte del gobierno estadounidense, señalando que la medida obedecía a disposiciones administrativas internas y que iniciaría un recurso legal para reconsiderar el fallo consular.
Horas después, durante la madrugada del 11 de mayo de 2025, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda hizo público a través de sus redes digitales que había recibido una notificación consular de carácter similar a la emitida contra su cónyuge.
Quince meses después de aquella notificación, el 10 de septiembre de 2026 —diecinueve días antes de la publicación del decreto de sanciones emitido por el Departamento del Tesoro—, la empresa Vida Organica Tijuana realizó una rectificación en sus escrituras constitutivas mediante la cual la mandataria estatal quedó excluida de la sociedad mercantil y Carlos Alberto Torres Torres duplicó su participación accionaria, concretando la transferencia de los títulos corporativos.
De este modo, la titular del Ejecutivo estatal formalizó la desvinculación jurídica del único bien mercantil asignado a su patrimonio personal antes de la difusión de la lista oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
*• MENDÍVIL Y MEXICALI*
El grupo de personas e instituciones sancionadas en la capital del estado abarca también al exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García, señalado por la recepción y entrega de fondos a cambio de subordinar la actuación de la corporación policial a los requerimientos operativos de la facción criminal, medida que incluyó el bloqueo formal de la firma Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, registrada a su nombre.
Asimismo, la autoridad financiera estadounidense sancionó a Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas en el estado de Chihuahua y exasesor legislativo en el gobierno de Baja California, por otorgar favores gubernamentales y facilidades operativas a la organización dirigida por José Ángel Rivera Zazueta.
Esta determinación derivó en el congelamiento de la empresa Publicidad E Imagen Integral ENLA-C, propiedad de Buenrostro Martín, así como de las firmas Mia Centro Cambiario y Rivos Servicios, pertenecientes a Rivera Zazueta, quien había sido designado previamente conforme a la Orden Ejecutiva 14059 el 30 de enero de 2023.
La lista de personas sancionadas en el núcleo de Mexicali se completa con Diosvany Samuel Chapotin Villalba, alias Chapotin, operador financiero atribuido al tráfico de cargamentos de cocaína y metanfetamina, así como al blanqueo de capitales mediante el uso de cuentas bancarias comerciales en territorio estadounidense y transacciones con activos digitales para el retorno de fondos ilícitos a México.
El catálogo de entidades bloqueadas comprende además a las empresas Servicios Hoteleros Gastelum en la ciudad de Culiacán, así como a las sociedades mercantiles Grupo Baja Fixer, Inteliproof Efficient, Capital Privado Baja, Capital Privado Bursátil, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Wermak Publired, Holistic Wellwaves, Proyecto Alerta Verde y Videovigilancia Colaborativa, atribuidas a la red de Marco Antonio Moreno Gómez Santélices en Tijuana.
De forma paralela, la resolución congeló los bienes de las empresas Xolo Gas de Baja California, Lthings Mexico, Codesuam y Grupo Baja Firme, pertenecientes a Jerónimo Javier Vera Ayala.
La normativa federal establece que todos los activos, cuentas bancarias e intereses patrimoniales de las personas físicas y morales señaladas que se encuentren dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados de forma inmediata.
