Desde el primer día de septiembre de 2024 y hasta la fecha, se han registrado en Mexico más de 450 multihomicidios, pese a que autoridades federales anuncian constantemente la disminución de crímenes en el territorio nacional. El panorama delictivo del país durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum refleja una concentración de eventos mortales en estados específicos donde operan estructuras del crimen organizado que se enfrentan entre sí o se confrontan con autoridades de alguno de los tres niveles de gobierno.
Las entidades con mayor densidad de eventos violentos corresponden a los estados de Guanajuato, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Estado de México, Zacatecas, Chiapas, Chihuahua, Querétaro, Veracruz y Jalisco. En estas regiones, la frecuencia de las agresiones se vincula de manera directa con la presencia continua de estructuras delictivas organizadas y el uso sistemático de armamento de alto impacto. En sentido inverso, entidades como Campeche, Coahuila, Baja California Sur, Aguascalientes, San Luis Potosí y Quintana Roo registraron la menor cantidad de episodios multihomicidas en el lapso de 24 meses analizado.
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El origen de la violencia en las zonas de mayor incidencia deriva de disputas territoriales entre organizaciones armadas por el control de corredores de transporte, plazas de distribución local de estupefacientes y extracción ilegal de recursos. En el estado de Sinaloa, el detonante central de las agresiones masivas estriba en la fractura interna del Cártel de Sinaloa (CDS), la cual enfrenta a la facción de Los Chapitos contra la facción de La Mayiza. En la región del Bajío, predominantemente en Guanajuato y áreas limítrofes de Querétaro, la confrontación constante enfrenta al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el dominio de vialidades, expendios de bebidas y centros de tratamiento. En el estado de Michoacán, el CJNG sostiene combates armados contra células regionales agrupadas en Los Viagras y el Cártel de Los Reyes, extendiendo sus ataques a mandos y patrullas de las fuerzas de seguridad pública.
En el territorio de Guerrero, los choques violentos involucran a las agrupaciones conocidas como Los Tlacos y Los Ardillos por el asedio a poblados rurales y zonas de la Montaña Alta. En Tabasco, la confrontación enfrenta a células del Cártel Jalisco Nueva Generación contra el grupo local denominado La Barredora en zonas urbanas y establecimientos nocturnos. En la frontera sur de Chiapas, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación luchan por las rutas de paso en municipios agrícolas y ejidales. En la capital del país, la violencia homicida responde a operaciones de La Unión Tepito y bandas dedicadas a la extorsión y el narcomenudeo. En estados del Golfo y del Norte como Veracruz, Tamaulipas y Sonora, se reportan incursiones violentas disputadas por el Cártel del Golfo, Los Zetas, el Cártel del Noreste y células locales.
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MAYORES MASACRES
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El episodio de mayor letalidad registrado en la historia reciente del país ocurrió el 22de febrero de 2026 en los estados de Jalisco y Michoacán, derivado del operativo de abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Las acciones armadas, iniciadas en el municipio de Tapalpa y extendidas a diversas latitudes de ambas entidades, dejaron un saldo total de 88 personas muertas, entre las cuales contabilizaron 42 integrantes de las fuerzas de seguridad, incluyendo 25 efectivos de la Guardia Nacional, 15 policías del estado de Michoacán, un agente de la Fiscalía de Jalisco y un custodio penitenciario, además de 46 integrantes abatidos de la organización criminal y un civil ajeno a los hechos.
En el poblado El Verde, municipio de Concordia, Sinaloa, el 5 de febrero de 2026 las autoridades desenterraron 14 cuerpos en una fosa clandestina, identificándose entre los fallecidos a nueve de los diez trabajadores mineros de la empresa Vizsla Silver Corp., privados de la libertad en enero previo. El 24 de junio de 2025, en el municipio de Irapuato, Guanajuato, 12 personas murieron y 20 resultaron heridas por disparos de armas largas durante las festividades colectivas de la Natividad de San Juan Bautista, agresión atribuida a la confrontación entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Cinco eventos violentos registraron un saldo individual de 11 personas fallecidas. El 12 de septiembre de 2024, en Huajicori, Nayarit, 11 jóvenes vestidos con indumentaria táctica murieron en un enfrentamiento entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Mayiza. El 20 de septiembre siguiente, en Ojinaga, Chihuahua, 11 cuerpos con marcas de violencia física fueron dejados cerca de instalaciones eléctricas. El 7 de noviembre del mismo año, en Chilpancingo, Guerrero, 11 integrantes de una familia, entre ellos cuatro menores de edad y dos mujeres, fueron encontrados descompuestos dentro de una camioneta en el Bulevar Vicente Guerrero.
El 8 de abril de 2025, en Tecoanapa, Guerrero, 11 personas perdieron la vida en un ataque armado que incluyó el incendio de automóviles. El 25 de enero de 2026, en Salamanca, Guanajuato, 11 personas fallecieron y 12 quedaron heridas en una cancha de fútbol de Loma de Flores al recibir más de 100 disparos.
Cinco episodios adicionales sumaron diez víctimas mortales cada uno. El 9 de noviembre de 2024, en el bar Los Cantaritos, de la ciudad de Querétaro, un ataque directo contra un presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación dejó diez personas muertas y 13 heridas. En Chicomuselo, Chiapas, en enero de 2025, un enfrentamiento entre cárteles en la sierra provocó más de diez fallecimientos. En Tehuitzingo, Puebla, el 17 de mayo de 2026, diez integrantes de una familia fueron ejecutados en un rancho de Texcalapa, incluyendo una bebé de un mes. El 18 de julio de 2026, en Pánuco, Morelos, y Saín Alto, Zacatecas, diez personas murieron suspendidas en puentes y sitios públicos. Finalmente, el 21 de julio de 2026 se dio la localización simultánea de diez cuerpos con signos de violencia, principalmente colgados, en diversos municipios del estado de Zacatecas.
CRÍMENES EN BAJA CALIFORNIA
Los registros en el territorio del estado de Baja California exponen la concentración de ataques mortales en sectores urbanos y periurbanos de los municipios de Tijuana y Ensenada entre septiembre de 2024 y septiembre del año en curso. El primer hecho violento documentado en esta entidad, dentro del periodo de análisis, ocurrió el 22 de septiembre de 2025, en el municipio de Tijuana, cuando elementos policiales hallaron tres hombres sin vida en un paraje desértico situado a un costado del Bulevar 2000. Las periciales determinaron que las víctimas sufrieron impactos de armas de fuego en un contexto atribuido a disputas entre células locales por la venta al menudeo de drogas y el control de accesos carreteros hacia la franja fronteriza con los Estados Unidos.
Dos meses más tarde, en noviembre, la violencia armada volvió a manifestarse en el fraccionamiento Playas de Tijuana. Un grupo de sujetos armados ingresó a una vivienda particular y disparó contra los ocupantes, dejando un saldo de cuatro personas muertas y dos más heridas por proyectil de arma de fuego. Las indagatorias oficiales relacionaron el evento con pugnas directas por la hegemonía territorial y la administración de puntos de distribución ilegal de sustancias en la zona costera urbana.
Durante 2026, los ataques con tres o más víctimas mortales se extendieron hacia la zona sur del corredor costero. El 18 de marzo, en la delegación de Maneadero, perteneciente al municipio de Ensenada, cuatro personas fueron ejecutadas a balazos en un terreno rústico localizado a corta distancia de dos planteles escolares de educación básica. La información asentada en las carpetas de investigación señaló como posible causa de la agresión un desacuerdo de carácter legal vinculado con la propiedad y titularidad del terreno donde ocurrieron los hechos.
Pocas semanas después, en abril de 2026s, la violencia retornó a Tijuana dentro de un establecimiento comercial de la colonia Castillo. En dicho lugar, tres personas murieron tras ser atacadas de forma directa con armas de fuego al interior de una frutería. Los informes de las corporaciones de seguridad atribuyeron este atentado a la rivalidad persistente entre células armadas por el dominio de calles para el expendio al menudeo de sustancias prohibidas.
El 17 de agosto de este año, en las inmediaciones del Estadio Caliente, en la ciudad de Tijuana, se localizaron los cadáveres de cuatro personas ejecutadas a bordo de vehículos particulares en un lapso de ocho horas. Al día siguiente apareció un quinto cuerpo dentro de otro automóvil, y el 20 de agosto un sexto hombre fue asesinado dentro de una camioneta en el mismo cuadrante de los casos anteriores. Las líneas de investigación iniciales vincularon estos crímenes a la disputa entre células delictivas, específicamente identificando la confrontación entre distintas facciones del Cártel de Sinaloa por el control de actividades criminales en la frontera.
GRUPOS CRIMINALES
La información registrada en las investigaciones de ZETA detalla la presencia y distribución de organizaciones delictivas y sus células operativas en las regiones geográficas de la República Mexicana. El Cártel de Sinaloa opera mediante dos facciones antagónicas identificadas como Los Chapitos y La Mayiza. Su presencia principal se concentra en Sinaloa, con disputas urbanas en Culiacán, tramos carreteros de La Costerita y zonas serranas de Concordia y Villa Unión, extendiéndose a Sonora, en los municipios de Caborca, Altar y Sásabe; a Chihuahua, en Ciudad Juárez, Ojinaga y Parral; a Zacatecas, Nayarit y Chiapas.
Por su parte, el Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene un despliegue en entidades del occidente, centro, sur y golfo del país, abarcando Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Estado de México, Colima, Zacatecas, Nayarit, Querétaro, Chiapas y Aguascalientes. En Jalisco actúa en Guadalajara, El Arenal, San Cristóbal de la Barranca y Tapalpa; en Colima controla zonas urbanas de la capital y el puerto de Manzanillo; en Michoacán sostiene combates en Tingambato, Coahuayana, Los Reyes y Nahuatzen mediante mandos locales, como el apodado el Rino.
En el estado de Guanajuato, el Cártel de Santa Rosa de Lima concentra sus acciones en Salamanca, Celaya, Yuriria, Apaseo el Grande, Irapuato y San Luis de la Paz, disputando plazas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación e incurriendo en ataques armados hacia Querétaro. En Michoacán operan agrupaciones locales como Los Viagras y el Cártel de Los Reyes en pugna armada contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y fuerzas de seguridad pública. En el estado de Guerrero, las estructuras dominantes corresponden a Los Tlacos y Los Ardillos, las cuales disputan el cobro de cuotas, el control de Chilpancingo y asentamientos indígenas de la Montaña Alta como Atlixtac.
En el estado de Tabasco, la organización local La Barredora combate a células del Cártel Jalisco Nueva Generación en centros nocturnos y vialidades de Villahermosa, Cunduacán y Paraíso. En la Ciudad de México, La Unión Tepito opera en las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Tláhuac en actividades de narcomenudeo y despojo. En el Golfo y el Noreste, el Cártel del Golfo, Los Zetas y el Cártel del Noreste se disputan zonas de Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. Adicionalmente, los registros consignan la participación de bandas dedicadas al robo de combustible en Hidalgo, grupos de tala ilegal en el Estado de México y la alcaldía Tlalpan, y la intervención puntual de policías activos de Zapopan en hechos delictivos.
Los hechos registrados revelan una transformación en los patrones operativos del crimen organizado, caracterizada por la adopción de métodos de alta letalidad y terror público. Entre las tácticas descritas sobresale la colocación de minas terrestres antipersonal en caminos de Michoacán, el uso de artefactos explosivos lanzados mediante drones en comunidades de Guerrero, la detonación de coches bomba contra corporaciones policiales y la utilización recurrente de fosas clandestinas para el ocultamiento de decenas de cuerpos en Sinaloa e Hidalgo.
Para contener este escenario, las autoridades de los tres órdenes de gobierno han implementado despliegues de fuerza mediante elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones de reacción estatal como la Fuerza Civil de Nuevo León. Estas acciones institucionales han derivado en choques armados, la repulsión de emboscadas en tramos carreteros y el abatimiento de presuntos agresores. No obstante, la persistencia de las agresiones masivas contra trabajadores agrícolas, mineros, clientes de comercios e integrantes de comunidades indígenas muestra la insuficiencia de los esquemas locales de prevención y la continuidad del conflicto territorial.
