La Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, Azucena Lazalde Iñiguez, concedió la suspensión definitiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, dentro del juicio de amparo indirecto 889/2026.
La resolución, dictada el 21 de septiembre de 2026 en la audiencia incidental, combate la resolución emitida el 19 de julio de 2026 en la causa penal 253/2026 por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, en funciones de jueza de control, mediante la cual impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y negó que la ejecución de la medida se realizara en el domicilio del imputado.
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El fallo judicial abriría la vía procesal para que el político de 74 años abandone el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, y enfrente la causa penal bajo resguardo domiciliario.
En charla con el semanario ZETA, el abogado Juan Marcos Gutiérrez confirmó la emisión del fallo por parte del juzgado de distrito con sede en Toluca.
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El litigante precisó que la resolución “implica un anuncio de que se debe otorgar la medida cautelar en el domicilio” del exmandatario.
No obstante, el representante legal aclaró que “los alcances exactos de la suspensión no los conocemos, porque no le han notificado al abogado el contenido total de la resolución que es muy amplia y extensa”.
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La solicitud de sustitución de la prisión preventiva por resguardo domiciliario se fundamenta en la edad de Ruffo Appel, quien cumplió 74 años el 25 de junio de 2026, y en su diagnóstico de apnea del sueño.
De acuerdo con la argumentación de la defensa, esta afección respiratoria representa un riesgo de paro respiratorio y complicaciones para la salud del procesado en las condiciones del reclusorio de alta seguridad.
Ernesto Guillermo Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada y vinculado a proceso el 23 de julio de 2026 por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, señala al exmandatario como presunto líder de una red de huachicol fiscal operada a través de la empresa Ingemar S.A. de C.V., en la cual posee el 30 por ciento del capital social y se desempeñó como secretario del consejo de administración.
La representación social sostiene que la compañía internó diésel y gasolina procedentes de refinerías en Texas mediante la alteración de pedimentos aduanales para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, calculando un daño hacendario superior a cuatro mil millones de pesos.
El juicio de amparo 889/2026 forma parte de los dos recursos esenciales promovidos por la defensa ante el Poder Judicial de la Federación.
El segundo juicio de garantías se desahoga en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México contra el auto de vinculación a proceso.
Dentro de ese expediente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito resolvió el 1 de septiembre de 2026 declarar infundado el recurso de queja interpuesto por el Ministerio Público Federal en contra de la suspensión provisional otorgada al imputado.
Con dicha resolución, el tribunal colegiado confirmó que la investigación complementaria y la etapa intermedia del proceso penal pueden continuar, pero el juzgador de origen no podrá dictar el auto de apertura a juicio oral hasta que se resuelva el amparo de fondo.
La representación legal y el denominado Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo Appel han manifestado que la reclusión del exgobernador en el Penal del Altiplano representa una condena anticipada.
La defensa argumenta que en el expediente penal no existe ningún documento, orden o instrucción firmada por Ruffo Appel que lo vincule con la alteración de pedimentos o la logística de transporte de petrolíferos, sosteniendo que la acusación ministerial se fundamenta exclusivamente en su calidad de accionista de la empresa Ingemar S.A. de C.V.
Asimismo, el equipo jurídico ha solicitado que las audiencias del caso se desahoguen de forma pública.
Por su parte, la Fiscalía General de la República sostiene la legalidad de las actuaciones ministeriales tras el aseguramiento de documentación en bodegas situadas en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México y el decomiso de ferrotanques con combustible en Ramos Arizpe, Coahuila.
La autoridad federal mantiene bajo reclusión a otros coimputados del caso, entre ellos a Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de la firma, procesada en el centro penitenciario de Nezahualcóyotl Sur.
Con la concesión de la suspensión definitiva por parte de la jueza Azucena Lazalde Iñiguez, la definición de la medida cautelar dependerá de los términos finales que establezca la resolución notificada al juzgado de control y a las partes procesales.
