La defensa de Ramón Álvarez Ayala promovió un amparo en Toluca para evitar su destierro. Un juez federal rechazó suspender la supuesta extradición del R1 por considerarla un acto incierto
El presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el R1, promovió un nuevo recurso de amparo ante la justicia federal para frenar una eventual entrega, expulsión o destierro hacia los Estados Unidos de América sin que previamente se agote el procedimiento legal de extradición vigente en el país.
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La demanda de garantías, radicada con el número 1070/2026 en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, señala como autoridad responsable principal al Secretario de Relaciones Exteriores, así como a diversas instancias del orden federal.
El escrito inicial presentado por su defensa expuso que el 24 de agosto de 2026 el procesado tuvo conocimiento extraoficial, a través de comentarios vertidos por otros internos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, en Almoloya de Juárez, sobre la existencia de una lista elaborada por custodios donde figuraría su nombre para un traslado penitenciario o su entrega inmediata a agencias del gobierno estadounidense.
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En la fundamentación del reclamo constitucional, la representación legal citó la difusión en medios escritos, televisivos, digitales y redes sociales de notas sobre la supuesta pretensión de las autoridades norteamericanas, refiriendo además el antecedente de transferencias de más de noventa reclusos enviados al país vecino durante la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esta acción procesal representa un nuevo capítulo en la estrategia jurídica de Álvarez Ayala, quien ya contaba con antecedentes de reclamos de protección constitucional tramitados tras su detención efectuada por fuerzas federales especiales el pasado jueves treinta de julio de dos mil veintiséis en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, donde fue capturado junto con Jesús Salvador Vela Salazar, alias el Chuy.
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Posterior a esa aprehensión, el imputado fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano bajo la medida cautelar de prisión preventiva ordenada por un juez de control para enfrentar juicios por delincuencia organizada y otros delitos.
La autoridad federal vincula al R1 como presunto jefe de célula del Cártel Jalisco Nueva Generación desde el año dos mil doce, atribuyéndole la autoría intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, además de relacionarlo con el asesinato de la creadora de contenido Valeria Márquez.
Al estudiar la nueva solicitud en Toluca, el juez resolvió que no ha lugar a proveer sobre la suspensión de oficio y de plano solicitada contra la presunta orden de destierro e inminente detención provisional con fines de extradición.
La resolución puntualizó que los enlaces web aportados únicamente evidencian la existencia de una acusación penal en territorio estadounidense, pero de ninguna manera demuestran la tramitación formal de un reclamo por parte de ese gobierno ni la inminencia de un acto de ejecución.
Por consiguiente, el juzgador determinó que las pretensiones de la defensa se basan en posibilidades futuras de realización incierta que carecen de sustento legal y de la emisión de un acto directo de molestia por autoridad competente.
Con fecha nueve de septiembre de dos mil veintiséis, el órgano jurisdiccional previno al quejoso para que en un plazo de tres días ratifique la demanda, bajo el apercibimiento de tenerla por no presentada en caso de omisión.
De ratificarse el escrito, el procesado dispondrá de cinco días para precisar la autoridad ordenadora, manifestar la fecha de conocimiento y narrar bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado.
