El cateo en una bodega capitalina reveló armamento sin registro y documentos de seguridad nacional. La fiscal Ernestina Godoy confirmó la existencia de una red delictiva liderada por mandos navales
La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en una bodega ubicada en la Ciudad de México, presuntamente arrendada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien actualmente se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social de El Altiplano.
Publicidad
En el inmueble, agentes federales aseguraron armas de fuego sin registro, objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal y de altos mandos de la Secretaría de Marina (SEMAR), además de documentación de seguridad nacional clasificada como reservada y confidencial.
En su mensaje, la fiscal Ernestina Godoy Ramos no precisó la fecha exacta ni la ubicación de la bodega cateada en la capital del país. La titular de la FGR contextualizó este hallazgo a través de un videomensaje difundido en la cuenta oficial de la red social X de la institución.
Publicidad
En la declaración, la funcionaria detalló que el operativo forma parte de las indagatorias contra la estructura de contrabando de hidrocarburos, o huachicol fiscal, descubierta a partir de operaciones marítimas ilícitas.
Godoy Ramos reiteró que el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, conocidos bajo el alias de “Los Primos”, encabezaban esta organización criminal.
Publicidad
De acuerdo con los datos de prueba recabados por el Ministerio Público Federal, los hermanos Farías Laguna intervenían de manera directa en las designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la propia SEMAR.
El informe oficial indica que Manuel Roberto Farías Laguna se encargaba de gestionar de forma directa dichos nombramientos para consolidar su estructura de complicidades dentro de las instituciones de seguridad portuaria.
La fiscal general expuso que la indagatoria penal se originó a partir de una denuncia presentada por el entonces secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda —quien es tío político de los hermanos Farías—, ante el ex fiscal general Alejandro Gertz Manero.
La denuncia inicial derivó en el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel contenidos en un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Este decomiso reveló que la operación no correspondía a un contrabandista en solitario, sino a una red con capacidad logística para la importación, transporte, almacenamiento y distribución de combustible ilegal.
El esquema de operación de la red consistía en el zarpe de embarcaciones cargadas con hidrocarburos desde el estado de Texas, Estados Unidos. Al arribar a puertos mexicanos, el combustible se declaraba bajo la clasificación fiscal de aceite o aditivo para evadir el pago de los impuestos correspondientes.
Los servidores públicos y agentes aduanales coludidos recibían pagos económicos por cada embarque que permitían ingresar sin revisión formal. Las inspecciones físicas y de laboratorio se simulaban mediante muestreos superficiales y la aprobación de volúmenes manipulados.
Asimismo, la red establecía calendarios de arribo específicos para desactivar los sistemas de videovigilancia de los recintos portuarios durante las maniobras de descarga. Una vez descargado el producto en tierra, el combustible se distribuía a través de tres empresas legalmente constituidas.
Para legitimar los recursos económicos obtenidos de la venta del hidrocarburo de contrabando, la organización utilizaba una red de empresas fachada y mecanismos de triangulación financiera.
La FGR ha identificado operaciones de esta red en entidades como Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.
Godoy Ramos destacó la colaboración de la administración actual de la SEMAR, a cargo del almirante Raymundo Morales Ángeles, para dar seguimiento al caso.
La funcionaria federal enfatizó que la responsabilidad penal de los implicados es individual y que todo servidor público o militar que utilice su cargo para actividades delictivas será sancionado conforme a la ley.
