Los más de cinco mil habitantes de la delegación de San Vicente, en el municipio de Ensenada, enfrentan un serio desabasto de agua en medio de las altas temperaturas derivado de una disputa entre ciudadanos por la administración del servicio público.
A diferencia de otras delegaciones de Baja California, en San Vicente, una comunidad agrícola y ganadera a 100 kilómetros al sur de la cabecera municipal, los residentes reciben el agua a través de un pozo federal concesionado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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Así, la Conagua es la dependencia federal que expide atribuciones a los integrantes de un comité de agua conformado como asociación civil, para llevar a cabo el trabajo de mantenimiento, medición, distribución y cobro del servicio.
En noviembre de 2025, y después de varios años de que Erasmo Arauz estuviera al frente del comité, un grupo alterno solicitó al organismo convocar a una asamblea para renovar la mesa directiva.
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Ante la negativa de la mesa directiva, estos promovieron una asamblea en la que eligieron una nueva dirigencia, encabezada por Flavio Díaz Solorio, quien se proclamó presidente e hizo que la Conagua lo reconociera como el nuevo administrador.
A partir de ese momento la única fuente de agua para la comunidad se convirtió en una prebenda donde únicamente algunos tenían acceso al servicio. Por meses los dos comités estuvieron peleando por la distribución y control del agua.
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El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), Alfonso Centeno Hernández, avaló a la nueva directiva, a quien le dio facultades de la repartición del agua a través de pipas rentadas.
Para el director de la paraestatal, es claro que existe un tema de ingobernabilidad, porque no hay intervención del delegado Richard Ramírez Beltrán, ni tampoco de la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz.
Señaló que durante los meses de conflicto por el manejo del agua en San Vicente no hubo intervención de las autoridades municipales para garantizar la gobernabilidad y la seguridad en la comunidad.
Y, según afirmó, Seguridad Pública Municipal tampoco intervino para atender la situación.
“Hay un delegado municipal, hay un director de Delegaciones, Francisco Vicencio, que en los ocho meses ninguna vez apareció en el poblado para poder garantizar el tema de gobernabilidad”, afirmó.
ANTECEDENTES PENALES E INCONSISTENCIAS EN LA PROPIEDAD DEL POZO
Al conflicto entre los ciudadanos se le suman dos hechos que trascendieron durante las movilizaciones: los antecedentes penales del nuevo presidente del comité y la legal propiedad del terreno donde se encuentra el pozo.
Flavio, quien ese momento comenzó a tener atribuciones del manejo del recurso, incluyendo pipas pertenecientes a la CESPE, ha sido imputado y/o responsable en las carpetas de investigación 2026-7176, 2025-18275, 2026-7567, 2026-6467, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).
En Estados Unidos tiene activo un mandamiento judicial con el expediente 20CR2320-AJB, que identifica formalmente el proceso penal federal por contrabando ante la corte del Distrito Sur de California. Según la fiscalía, el trámite está en poder del Instituto Nacional de Migración (INM), a quien le corresponde la extradición del ciudadano mexicano.
Aunque Flavio Díaz mantiene carpetas abiertas del orden penal en ambos países, la legislación de Baja California no establece una prohibición general para que una persona con antecedentes penales encabece una asociación civil o un sistema comunitario de agua.
El pozo se encuentra en un predio de aproximadamente tres hectáreas, en un perímetro de más de 73 hectáreas que en su mayoría no está cercado ni cuenta con medidas de seguridad.
La CESPE firmó un contrato de comodato con Víctor Andrés de los Santos Cota por el pozo, y con la señora Gregoria en un área de reservorio, y como parte del acuerdo, estos reciben agua sin costo a cambio de permitir la extracción del recurso para abastecer a la comunidad.
No obstante, el ciudadano Víctor Andrés ha interpuesto denuncias penales por los presuntos delitos de allanamiento de morada y daños, mismas que no han procedido porque no ha podido acreditar la legal propiedad del terreno.
CAOS EN SAN VICENTE: UN DÍA SIN AGUA NI CARRETERA
El conflicto escaló el 8 de agosto, cuando una de las pipas de la CESPE fue colocada de manera transversal sobre la carretera Transpeninsular, a la altura del kilómetro 90.
La pipa, que era un vehículo rentado por la CESPE, se encontraba bajo responsabilidad de integrantes de la dirigencia encabezada por Flavio Díaz, quienes además habilitaron oficinas para comenzar a operar la administración del servicio de agua.
La acción fue interpretada por habitantes como una medida de presión para exigir el retiro de las personas que permanecían en las instalaciones del pozo.
La carretera fue reabierta tras concretar un diálogo, pero el pozo siguió tomado por el grupo de ciudadanos que pedían la solución al conflicto.
El fiscal regional, Miguel Ángel Pérez Rojas, acompañado por el coordinador de la Fiscalía en la zona foránea, se trasladó a San Vicente para sostener una reunión con representantes de los dos grupos.
Para entonces, ambas partes ya habían presentado denuncias penales en contra de sus respectivos integrantes por diversos delitos.
En el caso del posesionario del predio donde se encuentra el pozo, presentó una denuncia por presuntos daños y allanamiento de morada, lo que derivó en un nuevo episodio de tensión en la comunidad.
A partir de las denuncias, la FGE, en coordinación con la Policía Municipal y el Ejército Mexicano, desplegó un operativo para ingresar al predio y liberar las instalaciones del pozo.
EN MANOS DE LA CESPE EL CONTROL DEL AGUA DE SAN VICENTE
A partir de agosto, la paraestatal decidió tomar el control del sistema de distribución del agua del poblado.
Sobre los antecedentes penales de Flavio, con quien firmó un convenio, dijo no tener facultades para indagar sobre las personas con quienes firmó acuerdos y que se trata de una responsabilidad de la Conagua, que es la entidad que avaló a la nueva mesa directiva.
El titular también informó que hace poco la comisión sólo era una autoridad coadyuvante, una autoridad que apoya con el pago de la energía eléctrica, en la cloración del agua, en la compra de las herramientas necesarias y ahora se asume como administradora.
Con las recientes responsabilidades iniciaron con una inversión de 3.8 millones de pesos en excavaciones, instalación del equipo de bombeo, un protector y la manguera para incorporar el agua de ese pozo a la captación.
“Ahorita estamos apoyando con pipas, además de la limitada producción que tienen los pozos. Eventualmente, en unos tres meses, o quizá en dos semanas más, ya tendremos operado el siguiente pozo y tendremos una mejoría muy palpable en el servicio”, indicó.
Un sistema de bombeo que se requiere instalar para la protección del pozo, realizar el tendido eléctrico, para llevar la energía hasta ese punto, y colocar la tubería que conduzca el agua desde el pozo hasta el reservorio, donde quedará almacenada.
Además de que en los próximos meses realizarán un censo para determinar cuántos usuarios tiene el organismo, así como identificar cuántos corresponden al sector doméstico y cuántos al comercial.
El director explicó que, una vez realizado el censo, podrán determinarse los usuarios que pueden acceder a los beneficios contemplados en la Ley de Ingresos, entre ellos adultos mayores, madres jefas de familia, personas con discapacidad, madres autónomas y padres autónomos.
