La UIF bloqueó las cuentas del exsecretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, y de su socio Jorge Lizárraga, lo que desató una crisis política en el gobierno de Rubén Rocha Moya
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía de Sinaloa, y de su socio Jorge Armando Lizárraga Angulo, junto con al menos seis empresas vinculadas a ambos. La medida, que se enmarca en una investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, ha sacudido el panorama político y empresarial del estado.
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UN BLOQUEO QUE LLEGA AL PODER
Velarde, conocido en el ámbito turístico como “El Pity”, fue subsecretario de Turismo y posteriormente titular de Economía durante el gobierno de Rubén Rocha Moya. El pasado 25 de agosto, interpuso un amparo para revertir su inclusión en la lista de personas bloqueadas por la UIF. Sin embargo, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México se declaró incompetente y remitió el expediente a los tribunales federales de Sinaloa.
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Su socio, Lizárraga Angulo, empresario del sector inmobiliario, también promovió un amparo contra el acuerdo 326/2026 de la UIF. La Jueza Tercera de Distrito le solicitó aclaraciones antes de decidir si admitirá la demanda.
EMPRESAS BAJO INVESTIGACIÓN
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Entre las firmas afectadas se encuentran Grupo Priben, Impulsora de Proyectos Veliz, Operadora La Movida Sí Me Gusta, El Muchacho Alegre del Pacífico Norte y Operadora de Bares Veliz (OPV). Todas operan en Mazatlán y están ligadas al turismo, la restauración y la construcción.
Veliz, desarrolladora del proyecto Akoya Sky Living, planea una torre de 30 pisos en el malecón de Mazatlán, con hotel y departamentos de lujo. En tanto, OPV administra el restaurante El Muchacho Alegre, atacado con un artefacto incendiario en abril pasado.
El Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa negó a OPV la suspensión provisional del bloqueo, argumentando que la UIF actúa conforme a la Ley de Amparo, que impide liberar fondos cuando existen indicios de lavado de dinero o actividades que puedan dañar el sistema financiero.
LA RENUNCIA QUE MARCÓ UN PUNTO DE QUIEBRE
La salida de Velarde del gabinete estatal ocurrió tras la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven chef duranguense visto por última vez en el bar Terraza Valentino, propiedad del exfuncionario. El hecho, ocurrido el 5 de octubre de 2025, desató una ola de indignación y presión pública.
El gobernador Rubén Rocha Moya anunció la renuncia de Velarde el 9 de octubre, destacando su “sentido de responsabilidad” para permitir el avance de las investigaciones. Desde entonces, el cargo permanece vacante y el caso se ha convertido en un símbolo de la crisis de desapariciones en el sur de Sinaloa.
INVESTIGACIÓN Y CATEO EN MAZATLÁN
El 23 de octubre, la Fiscalía General del Estado realizó un cateo en el bar Terraza Valentino, con apoyo de la Guardia Nacional. El establecimiento, ubicado en la zona dorada de Mazatlán, permanece cerrado. Vecinos aseguran que el personal desapareció tras el incidente y que el lugar “apagó todo, como si se lo hubiera tragado la tierra”.
La madre del joven desaparecido, Brenda Valenzuela, encabezó una marcha el 25 de octubre junto a colectivos de madres buscadoras. “Mi hijo no se desintegró. Alguien sabe qué pasó”, declaró frente a los medios, exigiendo justicia y transparencia.
UNA CRISIS QUE SE EXTIENDE
El caso de Carlos Emilio se suma a los más de 5 mil desaparecidos registrados en Sinaloa, según la Comisión Estatal de Búsqueda. Aunque el gobierno asegura que cada reporte se atiende mediante operativos interinstitucionales, los colectivos denuncian falta de seguimiento y resultados.
ENTRE LA POLÍTICA Y LA SOSPECHA
La UIF mantiene bajo revisión las operaciones financieras de las empresas ligadas a Velarde y Lizárraga, mientras los tribunales federales analizan los amparos. El caso, que entrelaza negocios, política y una desaparición, se ha convertido en uno de los más sensibles para el gobierno de Rocha Moya y podría marcar un precedente en la relación entre poder político y fiscalización financiera en Sinaloa.
