La presidenta del INE exigió que la ley deje en manos de la FGR, UIF, CNI y CNBV, y no del instituto, la determinación de "riesgo razonable" en candidaturas.
Las fichas rojas de Interpol no obligan a México a vigilar a los acusados; la FGR desarrolla su propia investigación con base en el marco jurídico nacional y bilateral.
La acción de la UIF derivó de alertas automáticas bancarias activadas por señalamientos públicos de autoridades estadounidenses, no de una investigación propia de la dependencia.
