La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el 3 de junio de 2026 a Antonio Molina Díaz, excoordinador General de Centros Federales de Readaptación Social y colaborador del ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, acusado de peculado y delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, en el marco de una investigación por el desvío de más de cinco mil 112 millones de pesos del erario federal.
Agentes de la FGR, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutaron la orden de aprehensión contra Molina Díaz en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. La diligencia estuvo a cargo de personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Al momento de su detención, se le aseguraron dos mil 500 dólares y 36 mil 590 pesos mexicanos en efectivo, así como distintas identificaciones apócrifas con diversos nombres y teléfonos celulares.
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Según indagatorias de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el detenido habría integrado una red criminal encabezada por García Luna, hoy preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, en la que participaban familiares, colaboradores y socios de empresas que desviaron recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. La FGR señaló que Molina Díaz, entre 2013 y 2018 —en su cargo como coordinador general—, firmó contratos para la construcción de ocho prisiones federales, periodo en que presuntamente participó en el esquema de desvíos.
El mecanismo investigado implicó adjudicaciones directas del citado órgano a la empresa Nunvav, registrada en Panamá en 2005 por el propio exsecretario. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señala que entre 2015 y 2019 esa empresa realizó transferencias a compañías cuya contabilidad habrían controlado cómplices de García Luna, las cuales a su vez triangularon millones de pesos a otras empresas propiedad de familiares del exfuncionario.
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El caso de Molina Díaz no es el primero que enfrenta ante la justicia. El 25 de abril de 2023, el juez de control José Avelino Córdova lo procesó en su calidad de entonces director general de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, vinculado al incendio del 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que costó la vida a 40 migrantes. Ese proceso lo enfrentó en libertad provisional, con medidas cautelares de presentación periódica mensual y prohibición de salir del país. Fue precisamente en ese lapso cuando se convirtió en prófugo de la justicia en el caso de los desvíos penitenciarios.
El 4 de abril de 2024, el juez de control Gregorio Salazar había ordenado la captura de García Luna y otras 59 personas por su presunta participación en el esquema de desvíos. Molina Díaz figura entre los sujetos alcanzados por ese mandato judicial.
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Luego de su aprehensión, Molina Díaz fue puesto a disposición de la autoridad judicial en el Centro de Justicia Penal Federal, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se definirá su situación jurídica.
