Alberto Jorge Contreras Núñez, exmando policiaco de Sinaloa señalado por el Gobierno de Estados Unidos por presunta protección al cártel de “Los Chapitos”, promovió un amparo ante un juzgado federal para impugnar el bloqueo de sus cuentas bancarias, ordenado en mayo de 2026 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Contreras Núñez es, de los 10 funcionarios acusados en abril de 2026 por EE.UU. por supuesta protección al grupo criminal, el primero del que existe registro público de haber impugnado el bloqueo dictado por la UIF. Los acusados en ese expediente incluyen al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien encabeza el grupo de funcionarios señalados ante la justicia estadounidense.
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El exfuncionario también busca retirarse de manera anticipada de su cargo en la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa, institución en la que labora desde 2003, con una pensión de 67 mil pesos mensuales. La autorización de dicha pensión se tramita actualmente ante el Congreso del estado.
Mariana Aramburo Rojo, jueza Cuarta de Distrito en Culiacán de Rosales, admitió el 3 de junio de 2026 la demanda de amparo, pero rechazó suspender provisionalmente el bloqueo, que afecta cuentas de Contreras Núñez en los bancos BBVA y Banorte. La audiencia incidental para resolver sobre la suspensión definitiva, que estaba programada para el 23 de junio de 2026, fue aplazada hasta el 7 de julio del mismo año, debido a que ni la UIF ni las instituciones bancarias habían rendido sus informes justificados ante la juzgadora.
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Tras la reforma de octubre de 2025 a la Ley de Amparo, los jueces federales ya no están facultados para conceder suspensiones contra los bloqueos que ordena la UIF, aunque sí pueden autorizar acceso restringido a las cuentas afectadas para cubrir necesidades mínimas de los involucrados. Los afectados por estas medidas también tienen la opción de acudir a un procedimiento administrativo ante la propia UIF para acreditar el origen lícito de sus recursos, sin necesidad de promover amparo.
El 18 de mayo de 2026, la UIF señaló que la inclusión de Rocha Moya y sus coacusados en la lista de personas bloqueadas tuvo un carácter “estrictamente preventivo” y derivó de reportes generados por instituciones del sistema financiero mexicano.
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Según la acusación presentada ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York, Contreras Núñez y su antecesor en el cargo, Marco Antonio Almanza Avilés, recibían 16 mil dólares mensuales de “Los Chapitos”. La acusación señala además que Contreras Núñez habría ordenado la liberación de miembros del cártel y que fue el propio grupo criminal el que acordó su nombramiento con Rocha Moya en noviembre de 2022, cuando quedó a cargo de la Comisaría General de la Policía de Investigación, luego de nueve años en tareas especializadas de combate al secuestro.
