El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México desmintió el 23 de julio de 2026 que exista un bloqueo de cuentas bancarias en contra de Verónica Ruffo, luego de que diversos medios de comunicación difundieran información en ese sentido. Mediante una tarjeta informativa emitida en la Ciudad de México, las autoridades federales precisaron que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado la inmovilización de sus recursos.
Según el documento, tampoco existe alguna petición en ese sentido dentro de la investigación correspondiente. La solicitud que la FGR formuló a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contempla únicamente a las personas físicas y morales expresamente señaladas en la indagatoria, entre las cuales no se encuentra Verónica Ruffo.
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El Gabinete de Seguridad explicó que las solicitudes de inmovilización de recursos que formulan las autoridades competentes se sustentan en la existencia de indicios suficientes de un riesgo fundado, actual y verificable de que los recursos o bienes vinculados con las personas investigadas puedan utilizarse para la comisión, continuidad u ocultamiento de actividades ilícitas, ser objeto de disposición o transferencia inmediata, o formar parte de circuitos financieros o comerciales relacionados con la delincuencia organizada.
En el mismo documento, las autoridades subrayaron que dichas medidas se solicitan exclusivamente respecto a las personas incluidas en la investigación correspondiente, sin extenderse a terceros no señalados en la causa.
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La tarjeta informativa fue suscrita de manera conjunta por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la FGR, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, dependencias que integran el Gabinete de Seguridad.
El pronunciamiento cerró con la reiteración del compromiso gubernamental de actuar con estricto apego al Estado de derecho, privilegiando la coordinación entre las instituciones, el respeto al debido proceso y la protección de los derechos de las personas.
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La aclaración se produjo en el contexto de la investigación federal por presunto huachicol fiscal que involucra a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, cuyo caso ha generado reacciones políticas y cobertura mediática sostenida durante las últimas semanas.
