La FGR no localizó a Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, citado como testigo clave en la red de huachicol fiscal que salpica a mandos navales y operadores políticos cercanos al poder
Publicidad
La Fiscalía General de la República (FGR) fracasó en su intento por localizar al Almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue requerido formalmente por una jueza federal para declarar en calidad de testigo dentro del proceso penal contra el Contralmirante Fernando Farías Laguna.
El citatorio, ordenado por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega a petición de la defensa, pretendía esclarecer los eslabones de mando en el escándalo de contrabando sistemático de combustible por las aduanas marítimas del país, un esquema que involucra a redes corporativas y figuras del ámbito político nacional.
Publicidad
A pesar de que el equipo legal del exmarino proporcionó la ubicación actual del alto funcionario retirado, los agentes ministeriales no lograron dar con su paradero. El litigante Epigmenio Mendieta confirmó en entrevista que la imposibilidad de notificar al exjefe castrense formó parte de los argumentos de la autoridad judicial para decretar el carácter privado de las audiencias iniciales, limitando el acceso de la opinión pública bajo el amparo de criterios vinculados a la seguridad nacional.
Con la comparecencia frustrada de Ojeda, la defensa buscaba desarticular la premisa oficial de que mandos medios de la Secretaría de Marina (Semar) operaban de manera autónoma una compleja infraestructura transnacional de hidrocarburos ilegales.
Publicidad
TESTIGOS PROTEGIDOS SALPICAN A ALTOS FUNCIONARIOS Y CÍRCULOS CERCANOS AL PODER
Durante el desarrollo de las diligencias judiciales que se prolongaron durante varias jornadas en el Centro de Justicia Federal, el Ministerio Público federal dio lectura a las declaraciones de elementos navales convertidos en testigos colaboradores, identificados con las claves de protección.
Entre los testimonios expuestos figuraron las revelaciones del Capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la aduana de Tampico bajo el alias de “Santo”, y de Juan Carlos Soto Picha, exsubdirector de Operación Aduanera en Guaymas, cuyas narrativas involucraron directamente a operadores políticos y familiares del círculo presidencial obradorista.
Los documentos de la FGR detallaron episodios en los que los mandos implicados recurrían a presiones directas y llamadas telefónicas con operadores cercanos al poder político central para liberar buques retenidos en los puertos del Pacífico y el Golfo de México.
“Se mencionaron nombres importantes, dos nombres que resultan muy importantes y que el MP verbalizó esos nombres, como cuando se atora un buque en Guaymas y uno de los testigos dice que le va a hablar por teléfono a Andy para que lo destrabe, es decir, que Andy le va a hablar al Secretario de la Marina para que lo destrabe”, declaró el abogado Mendieta al exponer los extractos de las audiencias.
Asimismo, los testimonios señalaron que un empresario tabasqueño, identificado extraoficialmente como Saúl Vera Ochoa y vinculado al senador Adán Augusto López Hernández, figuraba como propietario nominal de recintos fiscales estratégicos. En dichos muelles privados se había facilitado el desembarco masivo de decenas de embarcaciones cargadas con combustible de procedencia ilícita sin la debida fiscalización aduanera.
ESTRATEGIA LEGAL: UN AMPARO DIRECTO CONTRA LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
Tras la resolución judicial que decretó la vinculación a proceso del Contralmirante Farías Laguna por el delito de delincuencia organizada orientada al ocultamiento de hidrocarburos, la defensa jurídica descartó interponer el recurso ordinario de apelación.
El abogado defensor anunció que interpondrá un juicio de amparo indirecto directamente ante el Poder Judicial de la Federación, buscando combatir de fondo tanto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa —calificada por tribunales internacionales y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como contraria a los derechos humanos— como los fundamentos de la acusación ministerial.
La ofensiva legal también logró contener parcialmente los tiempos procesales de la investigación complementaria, reduciendo el plazo inicial solicitado por el Ministerio Público de seis a cuatro meses, tras documentar retrasos sistemáticos y dilación institucional por parte de la fiscalía.
Mientras el exmandatario naval permanece confinado en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano junto a su hermano Manuel Roberto, la defensa mantiene su postura de que el entramado procesal responde a una justicia selectiva, donde los mandos operativos que fungieron como colaboradores y receptores de flujos financieros se encuentran en libertad, mientras los mandos medios enfrentan todo el peso de la estructura punitiva del Estado.
