El excontralmirante Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y huachicol fiscal. Tras su captura en Argentina, permanecerá en el penal del Altiplano
La justicia federal mexicana dio un paso determinante en las indagatorias contra las redes de corrupción institucional de alta jerarquía, luego de que un juez dictara auto de vinculación a proceso en contra del excontralmirante Fernando Farías Laguna.
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La resolución judicial se emitió al término de una audiencia de carácter virtual y privado, la cual se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
A petición expresa de la Fiscalía General de la República (FGR), la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega determinó que el procedimiento se desarrollara bajo estricta reserva, limitando el acceso a observadores externos y medios informativos con el argumento de proteger información sensible relacionada con la seguridad nacional.
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Al concluir esta fase inicial del proceso, la autoridad ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo cual el imputado continuará internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido formalmente como el penal del Altiplano.
EL BLINDAJE JURÍDICO Y LOS SEÑALAMIENTOS DE LA DEFENSA
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Durante el desarrollo de las diligencias iniciales, la estrategia legal del exmarino —encabezada por el despacho Mendieta y Asociados— manifestó su total inconformidad ante la restricción de publicidad en el juicio, señalando que la normativa procesal contempla la apertura de los debates públicos como regla general y la reserva únicamente como excepción.
Pese a los argumentos expuestos y a la aportación de diversos elementos de prueba por parte de la defensa para intentar desvincular al exmando de las áreas aduanales implicadas, el órgano ministerial logró sostener con éxito las imputaciones iniciales ante el juzgado.
En paralelo a la ruta legal, los familiares del excontralmirante hicieron públicos diversos posicionamientos en espacios informativos, externando una profunda preocupación por las condiciones de salud del imputado debido a padecimientos cardíacos previos, además de denunciar de manera pública presuntas presiones y amenazas recibidas en el marco de las investigaciones.
LA ESTRUCTURA DE “LOS PRIMOS” Y EL CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS
De acuerdo con las pesquisas ministeriales encabezadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna coordinaban una compleja red de tráfico ilegal de combustibles conocida operativamente como “Los Primos”.
Dicho esquema criminal operaba mediante la introducción irregular de buques tanque a través de puertos estratégicos del litoral mexicano, tales como Tampico y Ensenada.
Las indagatorias ministeriales señalan que los cargamentos masivos de hidrocarburo eran falsamente declarados ante las autoridades aduanales como aceites o aditivos industriales con el propósito doloso de eludir el pago de gravámenes fiscales.
Asimismo, la red criminal utilizaba empresas legalmente constituidas para facilitar el transporte, almacenamiento y distribución del combustible ilícito hacia estaciones de servicio, operando simultáneamente como mecanismos financieros para blanquear los millonarios recursos obtenidos de estas actividades ilícitas.
LA FUGA INTERNACIONAL Y EL ARRESTO EN ARGENTINA
Tras detectarse la red de corrupción y las órdenes de captura giradas en su contra por los tribunales mexicanos, el excontralmirante emprendió una ruta prolongada de evasión internacional que incluyó su ingreso irregular a Guatemala utilizando documentación falsa bajo una identidad apócrifa.
Su trayecto de huida abarcó el tránsito clandestino por distintas naciones de Centroamérica, Europa y Sudamérica.
El cerco internacional coordinado entre agencias de inteligencia extranjeras —como el FBI y la DEA— y las instituciones mexicanas permitió finalmente su localización y captura en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Tras el proceso de deportación implementado por el Estado mexicano y el posterior desistimiento de los litigios de extradición pendientes, el exmando castrense fue repatriado vía aérea a territorio nacional para ser puesto a disposición de los jueces federales que hoy dictan su formal procesamiento por delitos graves que contemplan penas de prisión de hasta 40 años.
