* Empresas dedicadas a la “recuperación” de cuentas con más de 3 meses de retraso, han recibido alrededor de 400 mdp
* Dos de las empresas pertenecen a hijos de José Luis Hernández Silerio, socio del ex secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez
* Los cinco despachos reciben 5 por ciento más de comisión que la misma Fisamex
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A pesar que el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda criticó e inició investigaciones administrativas y penales contra la empresa Fisamex, respecto a las medidas de extorsión con las que realizaba cobros del 20 por ciento por concepto de derechos de conexión del servicio de agua al sector industrial y comercial de Baja California, la actual administración ha decidido utilizar un esquema similar, pero este ampliado a toda la población.
La única diferencia es que las comisiones de agua de Baja California utilizaron mecanismos mucho más suaves para evitar reclamos e inconformidad por parte de la ciudadanía.
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Y es que a través de cinco despachos de cobranza, contratados mediante adjudicación directa o invitación restringida, se han recuperado cuentas de usuarios domésticos con un retraso de tres meses, lo que ha representado ingresos que superan los 400 millones de pesos, tan sólo en las cuentas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
Se trata de cinco empresas que prácticamente se distribuyen los sectores de Tijuana y Playas de Rosarito, los cuales buscan a usuarios con retrasos de tres meses para notificarlos y darles seguimiento al cobro del recurso hídrico de usuarios exclusivamente domésticos.
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Por estos servicios, tres de las cinco empresas cotejadas habrían cobrado un monto de 380 millones de pesos en lo que va de la administración, lo que corresponde entre el 20 y 25 por ciento de la recaudación que se les atribuye. Es decir, las empresas reciben 5 por ciento más de comisión que la misma Fisamex.
A pesar de ello, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), dirigida por Mónica Vega, pero que ha sido dirigida también por Víctor Amador Barragán y Jesús García Castro, ha requerido implementar decretos y esquemas para recuperar hasta 265 mil cuentas rezagadas en el pago del recurso hídrico, lo que representa un estimado del 40 por ciento de usuarios que no pagan, pues según la misma información ofrecida por el entonces director de la CESPT en la última comparecencia de diciembre del 2025, se cuenta con un total de 750 mil usuarios activos, lo que representa una demanda de 150 millones de metros cúbicos de agua. De ellos, 664 mil representan usuarios domésticos.
Al respecto, el abogado Guillermo Rivera, uno de los principales perfiles que combatió mediante amparos los actos abusivos de Fisamex (durante la administración de Jaime Bonilla Valdez), refirió que este tipo de despachos de cobranza fueron muy populares durante las administraciones panistas, los cuales gozaban de información privilegiada para beneficiarse económicamente, pero debido a la falta de transparencia era muy poco probable demostrar que existía efectividad en sus contrataciones.
A lo largo de las últimas semanas, ZETA solicitó entrevistas a la directora de la CESPT, Mónica Vega y al titular de SEPROA, Víctor Amador Barragán, y a pesar de que hubo promesa de entrevista e incluso una llamada telefónica para concertarla, jamás se concretó.
LAS CINCO EMPRESAS
Desde el inicio de la administración de Marina del Pilar Ávila, la CESPT contrató varios despachos de cobranza con el objetivo de -supuestamente- recuperar cuentas de usuarios “morosos” en el pago del uso del recurso hídrico.
Según la información recabada mediante solicitudes de transparencia a la CESPT, se pudo constatar el cobro de tres de las cinco empresas; de las otras dos, la paraestatal restringió la información argumentando datos de privacidad.
Tan sólo en las tres empresas referidas se pudo exhibir una recaudación de 380 millones de pesos en lo que va de la administración.
Dos de las empresas que más llaman la atención son HERA Consultores y BHA y Asociados, cuyos propietarios, según el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, son Jorge Armando Arteaga Meza y a Luis Fernando Hernández Barroso, de la primera; y Josel Hernández Barroso, en la segunda.
ZETA cuenta con los contratos de ambas empresas que se han ido renovando cada año y que datan desde el inicio de la administración. Prácticamente se trata de lo mismo, pues hasta ofrecieron el mismo domicilio ubicado en el bulevar Aguacaliente #4508, interior 1505 (a veces 1585 de manera indistinta), en la colonia Aviación de Tijuana, Código Postal 22014.
Como si no fuera suficiente, ambos contratos, signados en 2026 con la CESPT, ofrecieron también el mismo número de teléfono (664) 104-12-60, al que se hizo una llamada telefónica sin éxito.
Según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) de Baja California, los hermanos Hernández Barroso son hijos de José Luis Hernández Silerio, exdirector de Transporte Municipal de Tijuana, durante la administración de Carlos Bustamante Anchondo y exsubsecretario de Gobierno en la administración de Jaime Bonilla Valdez. Los nombres de los tres aparecen en un juicio sucesorio de varias propiedades ubicadas en la colonia Juárez, donde Hernández Silerio funge como albacea.
Hernández Silerio es socio desde el año 2001 de Alfredo Álvarez Cárdenas, amigo de Jaime Bonilla Valdez y ex secretario general de Gobierno durante la gestión de Marina del Pilar Ávila Olmeda; y también de Gloria González Fernández, de la empresa Consultoría para la Gestión.
Una tercera empresa radicada en San Pedro Garza García, de nombre Práctica Dirigida, fue contratada por la CESPT durante este mismo periodo. Curiosamente, la empresa es propiedad de Marco Antonio Fox Grijalva y de la exsíndico de San Pedro Garza García, Martha María Reynoso Elizondo, refirieron el mismo número de teléfono que las dos empresas de la familia Hernández Barroso, el (664) 104-12-60.
Desde el arribo de la 4T, la empresa Hera Consultores ha recibido contratos por 200 millones de pesos tan sólo en el esquema de cobros de Infonavit, a los que se suman los más de 100 millones de CESPT.
Aunque no se pudo conocer los montos recibidos por la empresa BHA y Asociados, relacionada con el aspirante a la coordinación de la Cuarta Transformación en Baja California, Alfredo Álvarez Cárdenas, la CESPT dio a conocer que en el último contrato se otorgaron poco más de dos millones de pesos mensuales a Hera Consultores, propiedad de uno de los hijos de Hernández Silerio, lo que representa un monto de 120 millones de pesos desde el arranque de la administración, para el cobro de las zonas Juan Ojeda Rbles y Distrito Florido, mientras que a BHA y Asociados le incluye Reforma y Aldo Esquer, mediante cobranza preventiva.
Respecto a la empresa Práctica Dirigida se pudo constatar que se erogaron 121 millones 717 mil 306 pesos, durante la actual gestión marinista, para la cobranza de diversas zonas de Tijuana y Rosarito.
Otra de las empresas lleva por nombre Imagen 140, fundada -según su página de internet- en 2014 y radicada en el municipio de Tijuana. Dicho negocio, que inicialmente se enfocaba exclusivamente en el manejo de temas de comunicación y de publicidad, extendió sus servicios a cobranzas de todo tipo, por lo que la empresa fue contratada durante esta gestión.
El representante legal de la empresa es el ex director administrativo de INDIVI en 2013 y subdirector administrativo de Recursos de la CESPT, en 2018 -durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid-, Jorge Luis Martínez Zavala, el cual empezó a percibir grandes sumas de dinero por ofertar los servicios de cobranza a la CESPT.
Según la misma paraestatal -mediante petición de transparencia-, sólo en el gobierno marinista Imagen 140 recibió 191 millones 295,462 de pesos por ofrecer “asistencia especializada para la recuperación de cuentas con un adeudo de uno a tres meses de vencimiento siempre que sean previamente asignadas por el Organismo, a través de la cobranza vía extrajudicial”, en todo el municipio de Tijuana y Rosarito.
Martínez Zavala, además de haber trabajado en administraciones panistas desde la gestión de José Guadalupe Osuna Millán, es militante del PAN registrado en Tijuana desde el 2011, según el padrón de la institución.
La última empresa identificada por este Semanario es Commerce International Association, encargada de la recuperación de cuentas en las zonas de Aldo Esquer y Matamoros, la cual ha recibido un monto de 78 millones 150 mil 378.13 pesos, según la información proporcionada por la misma CESPT.
Lo interesante es que dicha empresa fue creada en 2008 para atender temas de comercio exterior, pero en 2024, de manera inesperada, modificó su sociedad y quedó a cargo de Joaquín Rafael García Gallardo, y a partir de ese momento comenzó a recibir contratos por parte de CESPT para el cobro de servicios de cobranza.
EL SERVICIO QUE OFRECEN
Para el abogado Guillermo Rivera, estos esquemas son poco transparentes e incluso llegan a ser una extorsión oficializada, pues se le ofrece absolutamente toda la información y mecanismos para que las empresas utilicen los medios necesarios para cobrar a usuarios ni remotamente definidos.
“Tendrían que justificar, de un cuestionamiento de una nómina excesiva en la cobertura de los entes públicos. Si tienes personal, intereses públicos, cobranza de agua, derechos de conexión, podría ser el propio personal de los trabajadores de CESPT, imagínate que se lleve la empresa; pareciera que el gobierno no tiene la estructura y eso habla mal de gobierno y que se está favoreciendo a empresas”, refiere el abogado.
Según los contratos firmados por todos los titulares de las paraestatales durante este sexenio, prácticamente solicitan lo mismo a las empresas de cobranza a cambio del 25 por ciento del dinero que recauden.
En los contratos establece que los cobros pueden ser de manera presencial o vía telefónica, para lo cual la CESPT les otorgará la información de quienes no hayan cubierto el pago de agua.
Cabe señalar que existe cierta incongruencia en la definición de “cartera vencida”, pues mientras que en algunos contratos les solicita cobrar a partir de los cuatro meses de retraso, a otros les permite “recuperar” cuentas a partir del primer mes de impago, por lo que, en determinado momento, una persona que se retrasa menos de 30 días en el pago de su servicio de agua podría recaer en el cobro de estas empresas.
Los contratos solicitan que las empresas cuenten con “profesionales” que hagan llamadas y análisis de información de cuentas en base de datos, que cuenten con un software para trabajar con ella y que cuenten con herramientas para georreferenciación de los consumidores, además de trabajo de campo, para que coloquen avisos en los domicilios.
Cabe señalar que las empresas también entregarán documentos que anuncien los descuentos de la CESPT y cobro extrajudicial mediante invitación, así como recordatorios mediante mensajes de texto.
La empresa también se ve obligada a mostrar mediante documentación fotográfica que acudieron a territorio a entregar las cartas invitaciones, y contar con un sistema que le permita a la CESPT revisar sí se está cumpliendo con las metas.
El 20 o 25 por ciento del cobro que se otorgará a la empresa es mediante la suma de todos los derechos de aprovechamientos por conexión a las redes de agua, drenaje u otros similares; actualización de los derechos y aprovechamientos; recargos y multas; aportaciones de mejoras a las redes; ingresos por rezago de los conceptos anteriores e ingresos por la incorporación de nuevas cuentas.
“¿Cuántos millones se están yendo a cobranza y cuánto se llevan los despachos externos? Las comisiones del agua tienen contralorías internas y cómo miren los criterios del conflicto de interés; si esos socios están involucrados con funcionarios, ¿cuánto se llevan las empresas? Creo que ahí debe hacerse un trabajo de investigación”, refirió el abogado afiliado a la Coparmex.
