Juan Marcos Gutiérrez rechazó señalamientos de la fiscal Ernestina Godoy. Aclaró que prisión domiciliaria fue solicitada y denegada por la jueza. Exigió publicidad en todas las audiencias judiciales correspondientes
El equipo legal de Ernesto Guillermo Ruffo Appel emitió un pronunciamiento en respuesta a las declaraciones realizadas por la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, respecto al proceso penal por delincuencia organizada y contrabando de combustible que enfrenta el exgobernador bajacaliforniano.
Mediante un comunicado de prensa fechado este jueves 27 de agosto de 2026, el abogado Juan Marcos Gutiérrez calificó como imprecisiones los señalamientos de la fiscal y puntualizó sobre la situación cautelar de su representado y el valor probatorio de los recientes aseguramientos documentales ministeriales.
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La controversia se originó tras el mensaje de Godoy Ramos el 26 de agosto, donde informó sobre la ejecución de una orden de cateo en dos bodegas ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.
En dicha diligencia, elementos de la fiscalía federal aseguraron pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos comerciales que presuntamente evidencian actos de simulación por parte de una organización delictiva donde se vincula a 25 personas, incluido Ruffo Appel.
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Ante ello, el defensor Juan Marcos Gutiérrez afirmó que las nuevas evidencias anunciadas por la representación social no contienen elementos que incriminen de manera directa al exmandatario.
El litigante sostuvo que ni los nuevos materiales asegurados en la capital ni las pruebas iniciales presentadas para obtener el auto de vinculación a proceso del 23 de julio contienen circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan imputar una conducta ilícita específica a Ernesto Ruffo.
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Según la argumentación de la defensa técnica, la imputación de la autoridad ministerial carece de precisión en cuanto a la participación directa de su defendido en las operaciones comerciales y de negocio desarrolladas por la empresa investigada.
El segundo punto de debate se centró en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que Ruffo Appel cumple en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, Altiplano.
La fiscal Ernestina Godoy Ramos declaró públicamente que, hasta el momento de emitido su mensaje, la institución no había recibido ninguna notificación oficial de que los abogados defensores hubieran solicitado la sustitución de la prisión preventiva por la medida alternativa de resguardo domiciliario.
En respuesta, Juan Marcos Gutiérrez contradijo la afirmación de la fiscal general, sosteniendo que dicha solicitud se planteó formalmente durante el desarrollo de la audiencia inicial ante la jueza de control y precisó, que la petición de prisión domiciliaria fue formulada y posteriormente denegada por la juzgadora.
Gutiérrez añadió que, ante esta resolución judicial, el equipo de profesionales de la defensa interpuso un recurso de impugnación que actualmente se encuentra en trámite para combatir la negativa de la medida cautelar alternativa.
Por tal motivo, el abogado afirmó que la aseveración de la fiscalía general sobre la inexistencia de trámites de prisión domiciliaria es falsa y omite el registro de las incidencias procesales ocurridas durante la comparecencia inicial del exmandatario de Baja California.
Asimismo, la defensa cuestionó la estrategia de comunicación pública utilizada por la Fiscalía General de la República respecto a los avances de la investigación por huachicol fiscal.
Gutiérrez señaló que la difusión de los hallazgos documentales por parte de la fiscal general vulnera los principios procesales de equidad y publicidad que rigen el sistema de justicia penal acusatorio.
El abogado expuso que la fiscalía divulga de manera selectiva la información que le resulta favorable para generar una percepción pública adversa a los imputados, al mismo tiempo que se opone a que las audiencias judiciales se lleven a cabo de forma abierta y pública.
Ante estas circunstancias, el abogado de Ruffo Appel exigió formalmente que la totalidad de las etapas del proceso penal se desarrollen con carácter público para garantizar la transparencia de las actuaciones judiciales y permitir la confrontación de las pruebas en igualdad de condiciones.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada continúa con el procesamiento de la información recabada en el cateo de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde también se localizaron documentos vinculados a otros esquemas delictivos adicionales.
El proceso se mantiene en etapa de investigación complementaria, mientras la defensa prepara la presentación de pruebas y el desahogo de entrevistas en medios para sostener la postura de inocencia del político bajacaliforniano y desvirtuar el expediente.
