Fausto Corrales enfrentará proceso encarcelado en el penal federal de El Altiplano por encubrir y falsear declaraciones en el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa
El agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo del juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, el auto de vinculación a proceso en contra de Fausto Ernesto Corrales Rodríguez.
Durante la audiencia celebrada este lunes 24 de agosto, la autoridad judicial determinó que existen elementos para procesar al imputado por los delitos de encubrimiento en el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda y falsedad de declaraciones rendidas ante una autoridad distinta a la judicial.
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Asimismo, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva que mantiene al acusado dentro del penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, fijando un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
La situación jurídica de Corrales Rodríguez, hijo del político Víctor Antonio Corrales Burgueño y exchofer de la víctima, se formalizó tras cumplirse la duplicidad del término constitucional solicitada por su defensa, luego de su arresto en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México por agentes de la Policía Federal Ministerial e Interpol.
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La carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) señala que el imputado participó en la simulación de los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024 en el estado de Sinaloa.
Inicialmente, las autoridades ministeriales de aquella entidad abrieron una carpeta de investigación basada en la declaración de Corrales Rodríguez, quien afirmó que Cuén Ojeda había sido agredido con disparos de arma de fuego en una gasolinera ubicada al norte de Culiacán, durante un intento de robo de su vehículo.
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Sin embargo, los peritajes científicos de la federación demostraron que el incidente en la gasolinera fue escenificado con un video editado y testimonios coordinados con el fin de ocultar el lugar real donde se cometió el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La indagatoria federal determinó que Corrales Rodríguez condujo a Cuén Ojeda a la finca campestre Huertos del Pedregal, en Culiacán, para asistir a una reunión previamente acordada.
En ese sitio se encontraba Ismael Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, con quien se saludaron antes de ingresar a las oficinas.
De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía federal, en ese inmueble y de forma simultánea, Joaquín Guzmán López y un grupo de hombres armados sometieron por la fuerza a Zambada García para trasladarlo a un aeródromo y enviarlo en un avión privado hacia el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos, donde fue detenido por agentes federales.
En el mismo perímetro y horario, Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado a tiros.
Las pruebas de la federación identificaron rastros de sangre de Cuén Ojeda en el suelo de la finca Huertos del Pedregal, lo que invalidó la hipótesis del asalto en la vía pública sustentada por la fiscalía de Sinaloa.
La investigación estableció que las declaraciones del conductor tuvieron la finalidad de entorpecer la acción de la justicia y dar tiempo para limpiar la escena del crimen, facilitando además la cremación del cadáver de la víctima sin cumplir con los protocolos forenses.
La alteración de estas evidencias involucra a peritos estatales, policías ministeriales y a la entonces fiscal de la entidad, Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien debió renunciar a su cargo y se encuentra bajo investigación por la falsificación de las actas ministeriales.
El proceso judicial contra Corrales Rodríguez forma parte de las indagatorias por delitos contra la soberanía nacional y traición a la patria, derivados del traslado forzado de Zambada García hacia el extranjero.
El exgobernador Rubén Rocha Moya también permanece bajo investigación penal debido a sus supuestos vínculos con la facción de Los Chapitos y su mención en una carta de Zambada García, donde se señalaba que la reunión en la finca tenía el propósito de resolver un conflicto político por el control de la universidad local.
Con la vinculación a proceso y la permanencia en prisión del exchofer, la fiscalía busca esclarecer las declaraciones contradictorias que retrasaron la identificación de los autores materiales del homicidio y del traslado del capo sinaloense, cuyo vuelo fue operado por el piloto extraditado Mauro Alberto Núñez Ojeda.
